Otro hecho que no deja de llamar la atención es que Andrade es pareja de Jaime Ramírez Cobo, el asesor estrella de la directora del Dapre Laura Sarabia, quien es considerada la segunda al mando en el Gobierno Petro y quien le habla al oído al mandatario. Ella lo acompaña a todos los eventos y desde la pasada campaña electoral es quien le maneja la agenda.

Ramírez Cobo también tiene relación con el escándalo de la UNGRD. Según la información que han brindado Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, el enlace en el Congreso habría sido fundamental para arreglar con los congresistas que se aprobaran algunas reformas claves.

Según la información que se ha conocido sobre el escándalo, Ramírez habría condicionado el apoyo de los congresistas diciéndoles que si no se aprobaban algunos proyectos, los créditos de la nación se podrían caer.

Mientras tanto, Olmedo López y Sneyder Pinilla se movían por su lado y se contactaban con Ramírez Cobo, quien pedía “sacar esos contratos de forma urgente”.

En medio de todo eso, Daniela Andrade fue clave porque como exdirectiva de la Fiduprevisora fue quien avaló el contrato de los carrotanques para La Guajira. A través de esa entidad, se firmó la ratificación del acuerdo de compra celebrado entre la UNGRD e Impoamericana Roger S.A.S. que salían del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo vocero y administrador es la Fiduprevisora. Andrade firmó el documento en el que se avaló esa transacción.

Paralelamente, Ramírez Cobo habría dado una orden certera para tranzar a los congresistas. En medio de todo eso, se llevaron a cabo varias reuniones a las que él asistió, por ejemplo, el 15 de diciembre de 2023 se entrevistaron en el despacho del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, junto con Olmedo López y la asistente de Bonilla, María Alejandra Benavides.

Ramírez Cobo, según las declaraciones de López y Pinilla a la Fiscalía, habría ordenado “entregar unos contratos para unos congresistas”. Condicionó que si no se hacían, estaban en riesgo los créditos de la nación, misión que estaba a cargo del Ministerio de Hacienda.

Se trata de los contratos para Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar), que sumaban un total de 92.000 millones de pesos.

En un momento, Bonilla le pide a su asistente Benavides que se ponga al tanto del tema en reemplazo de Ramírez Cobo y que mantenga una comunicación constante con los congresistas, especialmente Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusación, donde está siendo investigado el presidente Petro.

Andrade fue incluida en la investigación que adelanta el ente de control en contra del entramado de corrupción en el gobierno. Lo que más llama la atención es que ese mismo día en el que se anunció la apertura de investigación en su contra fue cuando la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, la nombró en la notaría.

Por su parte, la Fiscalía ya adelanta investigaciones en contra de Ramírez Cobo. La Dijín ya confiscó el computador del asesor de Laura Sarabia para indagar por su participación en esos hechos.

“Ante los reiterados intentos por usar mi nombre para acciones deshonestar fraudulentas, rechazo de la manera más categórica esta práctica ruin”, señaló en el comunicado.

Anunció que emprenderá las acciones legales pertinentes contra quienes usen su nombre para hacerle daño a terceros, pretenden obtener fines políticos o laborales, nombramientos y beneficios ilegales.

“Sin mi expresa autorización, cualquier afirmación que involucre mi nombre, como ciudadana y funcionaria, es falsa y carente de toda validez”, dijo.

Sarabia continuó: “Alerto a la ciudadanía sobre el uso de redes, medios electrónicos y anónimos, con el infame objetivo de fabricar historias falsas que solo buscan lesionar la dignidad mía y de otras personas”.

Atención

Compartimos el presente comunicado a la opinión pública 👇🏽 pic.twitter.com/jTPSxw89aa

— DAPRE (@ContactoDapre) August 5, 2024

Laura Sarabia no entregó detalles sobre qué información podría llegar a atentar contra su nombre, pero seguramente más adelante entregará detalles.

Por ahora, no se conoce más información sobre el asunto y se espera que acuda, a través de su apoderado, a las instancias pertinentes para saber concretamente a qué hace referencia.

Se trata de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido en el mundo criminal con el alias de Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo y a quien ahora el mandatario colombiano –mediante una resolución que firmó– pidió que se le suspendan las órdenes de captura que pesan en su contra.

Controversial medida del jefe de Estado que se desprende de la autorización que hizo para que se instale una mesa de diálogo con el sanguinario Clan del Golfo.

Pero eso no es todo, también elevó que se suspendan las órdenes de captura de los secuaces de alias Chiquito Malo, quienes son señalados por las autoridades de cometer varios delitos.

“Reconocer como miembros representantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de conformidad con lo solicitado por esa Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto, a:

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego

Orozman Orlando Osten Blanco

José Gonzalo Sánchez

Elkin Casarrubia Posada

José Miquel Demoya Hernández

Luis Armando Pérez Castañeda”, dice la resolución.

Y agrega el documento: “Para que participen en el Espacio de Conversación Sociojurídico, en el cual se verificará la voluntad de la Estructura Armada de transitar al Estado de derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la ley, y construir paz en los territorios bajo la dirección del consejero comisionado de paz”.

“El reconocimiento como miembros representantes de las personas señaladas será el de vigencia de la Resolución 257 del 8 de julio de 2024 que autoriza la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico”, avanza la medida de Petro.

También se desprende de la resolución en uno de sus artículos: “Por intermedio de la Consejería Comisionada de Paz, comunicar la presente resolución a las autoridades correspondientes para lo de su competencia, en el marco de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la Ley 2272 de 2022, para la suspensión de las órdenes de captura a que haya lugar, durante el término de la vigencia del reconocimiento como miembros representantes”.

Además detalla el Gobierno: “La solicitud de suspensión de las órdenes de captura procederá cuando el consejero comisionado de paz constate que los miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia(AGC), que eventualmente se beneficiarían de tal medida, hayan dado muestras objetivas de su compromiso de desmantelamiento y de transitar hacia el Estado de derecho. De igual forma, se justificará tal solicitud, de tal manera que se ajuste a los fines del sometimiento y se constate su necesidad dentro del ámbito temporal y territorial de la misma”.

Cabe señalar que en septiembre de 2023, la Ofac sancionó a diez personas, incluidos varios afiliados y fugitivos del Cartel de Sinaloa, e incluyó a otros a la Lista SDN (Clinton) de la Ofac. Uno de los sancionados es el ciudadano colombiano Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, también conocido como Chiquito Malo, el actual líder del Clan del Golfo, que suministra cocaína a las principales organizaciones de narcotráfico, incluido el Cartel de Sinaloa.

En mayo de 2022, tras el anuncio de que el exlíder del Clan del Golfo sería extraditado a Estados Unidos, Ávila Villadiego declaró un “paro armado” que desató violencia en toda Colombia. En respuesta, las autoridades colombianas anunciaron una recompensa de aproximadamente 1,2 millones de dólares por información que ayudara a localizar y capturar a Ávila Villadiego.

“El Tesoro da prioridad a la interrupción del tráfico ilícito de fentanilo como parte del esfuerzo de todo el Gobierno para abordar la crisis de salud pública de opioides que azota a los Estados Unidos”, dijo en su momento el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

Cabe señalar que Chiquito Malo está acusado en dos tribunales de distrito de Estados Unidos. En junio de 2022, un gran jurado federal de EE. UU., el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, emitió una acusación formal acusando a Ávila Villadiego de tráfico de cocaína.

En 2015 ya se había emitido una acusación desde el Tribunal Federal del este de Nueva York acusándolo de estar involucrado en una empresa criminal continua: “Los cargos incluían participar en una conspiración para el tráfico de cocaína y conspirar para asesinar a narcotraficantes rivales”, dice el comunicado emitido por la Ofac.

Ávila Villadiego fue designado por la Ofac, de conformidad con la EO 14059, por presuntamente haber participado o intentando participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

En una publicación a través de las redes sociales, la congresista del Pacto Histórico escribió: “Hoy en Cartagena encontramos el apoyo a la Reelección Presidencial de la Asociación Departamental Campesinos de Bolívar, así sondeamos el verdadero clamor popular”.

El mensaje está acompañado por un video de 19 segundos, donde se observa a un hombre que viste camiseta amarilla y pantalón blanco, que no se identifica en el clip, decir: “Apoyamos la reelección del presidente Gustavo Petro”.

En realidad, no está claro si Isabel Cristina Zuleta actúa sola y por decisión propia. O, al contrario, se convirtió en el plan B del gobierno Petro para impulsar la reelección presidencial, pese a que el primer mandatario insiste en que no está interesado en ese tema.

Por esa razón, el presidente del Congreso Efraín Cepeda, aterrizó a la senadora petrista y le dijo que el Congreso debe concentrarse en los temas realmente importantes del país y no entrar en discusiones inocuas.

“No hay ambiente en el Congreso de la República. Y aunque siempre he dicho que el camino para dirimir esas discusiones es el Legislativo, pues no veo ambiente para reelección presidencial, es más, el Partido Conservador introdujo un parágrafo donde quedó claro que se necesitaría un referendo al tratarse de un tema garantista de preguntarle al pueblo colombiano”, dijo Cepeda.

Agregó: “A mi me parece que debemos ocuparnos de temas que le interesen al país y que no polaricen. Por ejemplo, la quiere saber si habrá empleo o no, si se bajará la tarifa de energía, si tendrán para comprar mercado y temas relacionados”.

Cepeda señaló que no se puede perder tiempo en discusiones innecesarias y que todos los partidos están en contra de esa postura de Isabel Zuleta.

A su turno el senador Esteban Quintero dijo que el proyecto de la senadora Zuleta sencillamente busca perpetuar en el poder a Gustavo Petro y que por eso, el país debe estar atento a las pretensiones del petrismo.

“Quieren revivir la reelección con un proyecto de ley y ojalá que no quieran hacerlo a través del fast track anunciado por este gobierno. Esperamos que este gobierno termine y Petro se vaya por la vías democráticas en 2026. Estamos listos con argumentos para dar el debate y los colombianos sabrán quienes estamos en la orilla de la democracia, y de la defensa de los colombianos”, dijo.

Zuleta se ha reunido con diferentes abogados y especialistas en temas constitucionales con el fin de elaborar el articulado que se llevará al Legislativo. De hecho, el pasado 17 de julio la congresista sostuvo una extensa reunión con el exfiscal Eduardo Montealegre, quien sería uno de sus asesores para revivir la reelección presidencial y quien está de acuerdo con que Petro convoque una constituyente a través de un decreto.

La senadora le confirmó a SEMANA que en este momento está recibiendo asesorías y que el texto estará listo prontamente. La propuesta de Zuleta tiene dividida a la bancada del Pacto Histórico porque aunque algunos quisieran ver a Petro por más años en la Casa de Nariño, saben que la realidad política impediría que se apruebe una reforma constitucional en ese sentido.

“Ella no ha socializado el tema con las bancadas de Senado y Cámara, es su idea y está en todo su derecho, pero no es un asunto de partido de gobierno y eso debe quedar claro”, dijo un integrante de esa coalición. Además, en el Pacto Histórico sí se está trabajando para que en las elecciones de 2026 haya un candidato que continúe con las ideas del progresismo y para ello están haciendo diferentes mediciones internas con más de 25 aspirantes para ir buscando liderazgos políticos. La mayoría sabe que tramitar esa reforma para revivir la reelección sería asumir un costo político muy grande que podría enredarles el camino electoral.

Colombia, el país del realismo mágico, está volviendo a escenarios de dura confrontación, incluso entre las ramas del poder. No cabe duda de que hay temor por el fantasma de la reelección y porque la turbulencia política dañe la marcha de los grandes avances que ha tenido el país.

Se trata de la congresista Isabel Cristina Zuleta, de Antioquia, quien ha venido insistiendo en un proyecto de ley que le abra la puerta a una eventual reelección presidencial.

Zuleta, contra todo pronóstico, le anunció al país este lunes 5 de agosto que ya tiene listo el proyecto de ley. Y lo más importante, según ella, que lo presentará en el Legislativo en el segundo semestre de 2024.

“Ya tenemos articulado, toda la base argumentativa. Lo que nos falta es la compilación de los conceptos. Nos parece muy importante vincular a los juristas y sobre todo a exmagistrados que han tenido una tradición en estas discusiones, porque han dado ya la discusión sobre qué es la sustitución de la Constitución y cuáles son los límites que tenemos los congresistas para presentar reformas”, dijo.

Zuleta aseguró que se van a ajustar 60 reformas a la Constitución de 1991. “Esto no es nada nuevo, reformar la Constitución no es nuevo, hay unos límites establecidos por la honorable Corte”, expresó.

La senadora informó que radicará el proyecto en las próximas semanas. “No vamos a pasar del semestre”, anticipó.

“Ya tenemos conceptos de varios juristas que nos dicen que es posible que se reviva la reelección presidencial vía el proyecto de acto legislativo”, añadió. La iniciativa beneficiará, además del presidente, a alcaldes y gobernadores.

Esta postura de la senadora del Pacto Histórico genera varios interrogantes, entre ellos, por qué el presidente Gustavo Petro no la desautoriza públicamente.

Como no ha ocurrido, distintos sectores de oposición se preguntan si Isabel Cristina Zuleta es una rueda suelta en el petrismo o si, al contrario, hace parte del plan B del gobierno de Petro con el que promoverían la continuidad del líder de izquierda después de agosto de 2026.

Este fin de semana, cuando Zuleta participó en un encuentro de campesinos en Cartagena, abrió su discurso con una pregunta: “¿Quién quiere que se reelija a Gustavo Petro?”. El público, que estaba en un polideportivo, gritó emocionado.

En ese escenario, una asociación de campesinos le informó a la senadora que empezaban a recoger firmas con el objetivo de impulsar la reelección de Petro.

La insistencia de Zuleta la ha llevado a enfrentarse con el petrismo. El exviceministro del Trabajo Edwin Palma le reclamó en redes sociales: “El mismo jefe político de este proyecto, nuestro presidente, ha descartado tal posibilidad. Le hacen daño los que insisten en ella. ¿Cuál es la necesidad?”.

Ella no se quedó callada y respondió: “El jefe político no tiene por qué estar en esta discusión porque está gobernando, así como sus funcionarios. Es un error pedir que esté (ni él ni ninguno del gobierno deben estar), pero también es un error pensar que porque no está no se debe dar la discusión. Le hace daño a la democracia cualquier forma de cercenar sus posibilidades, lo que necesitamos es la ampliación de la democracia, no su reducción basada en miedos y no en argumentos”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, además del congresista Alirio Uribe, uno de los abogados más cercanos a Petro, coinciden en que no se contempla la reelección. Sin embargo, Zuleta, contra viento y marea, sigue adelante con su iniciativa.

A través de un mensaje publicado en X, Samper calificó la decisión de la administración Biden como temeraria” y autoritaria” y tildó a González como una “especie de Guaidó 2.0″, en referencia al líder opositor Juan Guaidó, quien fue reconocido en el pasado como presidente legítimo de Venezuela por varios países, entre ellos Estados Unidos y Colombia.

“Mientras los presidentes de @LulaOficial de Brasil, @petrogustavo de Colombia y @lopezobrador_ de México hacen esfuerzos por encontrar una salida institucional, democrática y pacífica a la crisis de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, de forma temeraria y autoritaria, desconoce los aún inciertos resultados oficiales de las últimas elecciones y proclama al candidato @EdmundoGU como el presidente legítimo, una especie de Guaidó 2.0.”, dijo Samper, que estuvo en Caracas durante las pasadas elecciones y fungió como observador.

Mientras los presidentes de @LulaOficial de Brasil, @petrogustavo de Colombia y @lopezobrador_  de México hacen esfuerzos por encontrar una salida institucional, democrática y pacífica a la crisis de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, de forma temeraria y autoritaria,…

— Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) August 5, 2024

La semana pasada el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones.

“Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, más importante aún, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”, dijo.

“Felicitamos a Edmundo González Urrutia por su exitosa campaña”, aseveró.

“Estados Unidos rechaza las acusaciones infundadas de Maduro contra líderes de la oposición. Las amenazas de Maduro y sus representantes de arrestar a los líderes de la oposición, incluidos Edmundo González y María Corina Machado, son un intento antidemocrático de reprimir la participación política y retener el poder”, señaló el comunicado firmado por el jefe de la diplomacia estadounidense.

“Ahora es el momento de que las partes venezolanas comiencen discusiones sobre una transición pacífica y respetuosa de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano”, dijo.

Por otro lado, Blinken aseguró que Estados Unidos ha corroborado la información con diferentes fuentes a nivel mundial. “Observadores independientes han corroborado estos hechos, y este resultado también fue respaldado por encuestas a boca de urna y conteos rápidos el día de las elecciones. En los días posteriores a las elecciones, hemos consultado ampliamente con socios y aliados de todo el mundo”, aseguró.

El anuncio llega 24 horas después de que el secretario para el hemisferio occidental, Brian Nichols, asegurara que Maduro perdió las elecciones con una votación abrumadora en su contra y que existían pruebas que confirmaban los resultados ofrecidos por la oposición.

Se trata del documento 257, el cual tiene la firma del jefe de Estado, en el cual el Gobierno nacional del cambio buscará un sometimiento a la justicia de los integrantes de ese grupo terrorista.

“Autorizar la instalación de un Espacio de Conversación Sociojurídico entre los representantes autorizados del Gobierno Nacional y los miembros representantes de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El Espacio de Conversación Sociojurídico estará dirigido a verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley”, dice uno de los apartes de la resolución.

Y agrega en otro de los artículos: “Designar al señor Álvaro Jiménez Millán como coordinador representante del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

“El coordinador designado está facultado para realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar conversaciones sociojurídicas con la mencionada Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto, verificar su voluntad de transitar al Estado de Derecho y fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley”, agrega la comunicación.

Sin embargo, el Clan del Golfo tiene el afán de reclutar a millonarios empresarios para darles apariencia de legalidad a sus finanzas, mientras le pide al Gobierno una oportunidad para negociar la paz. SEMANA revela los secretos de la compañía criminal, compuesta por traquetos, abogados, contadores y servidores públicos, que está desafiando al Estado colombiano.

Hoy es un secreto la fortuna que tiene este grupo, pero informes de inteligencia del Ejército y la Policía reseñan que es superior a la de cualquier unidad armada del país. “Muchas organizaciones soñarían con tener la poderosa estructura de las AGC”, reconoció uno de los nueve investigadores judiciales consultados para este informe.

Es una especie de multinacional que expande su franquicia desde el Urabá antioqueño por los rincones del mundo. Sus integrantes se han hecho ricos intoxicando las calles con drogas, arrancando el oro de las montañas, aprovechándose del drama de los migrantes y cobrando extorsiones. Son miles de millones de dólares los que mueven al año.

Las matemáticas de los narcotraficantes son calculadas por profesionales y, supuestamente, orientadas por empleados estatales. “Lo que buscan es la fórmula para legalizar todas las ganancias que tienen y pasar desapercibidos ante las autoridades”, afirmó otro de los uniformados que tiene la lupa puesta sobre los movimientos ilícitos. Una vez el Clan del Golfo cumple con sus tareas, recibe el pago de múltiples maneras: dinero en efectivo, armamento, transferencias bancarias y activos digitales, como criptomonedas. De esto, una cantidad considerable llega a Colombia, pero otra permanece en paraísos fiscales distribuidos a lo largo y ancho del planeta.

La misión de los cabecillas es que la plata se mueva en el mercado nacional. “Buscan a familiares, amantes y socios para lavar los activos”, comentó un oficial del Ejército. La orden es que inviertan en empresas de papel, sean accionistas de compañías de transporte, sumen billetes a proyectos inmobiliarios y negocien con el oro para justificar la riqueza.

Una de las preocupaciones es que hay una campaña para infiltrar negocios legales. “Ellos están rastreando a personas con una capacidad económica importante que, al inyectarles lo ilícito, no llamen la atención de nosotros”, señaló un detective de investigación criminal. Los candidatos a testaferros son buscados en exclusivas fiestas de Bogotá y Medellín.

Finalmente, el hallazgo más reciente de Agamenón, la operación policial que busca desmantelar al Clan del Golfo, es que los delincuentes están aceptando los pagos a través de mercancías que llegan de países asiáticos. Es decir, se están comercializando electrodomésticos, juguetes y ropa manchada con el narcotráfico, trata de personas y minería ilegal.

El funcionario estuvo en el Congreso de la República, atendiendo un debate de control político en la Comisión Primera del Senado; allí hizo el anuncio con la finalidad de darles tranquilidad a los colombianos.

“Siempre que no hay cese al fuego, las operaciones ofensivas se reanudan y esa es la instrucción del comandante de las Fuerzas Militares a todas las fuerzas del país”, dijo Velásquez.

El titular de la cartera de defensa señaló que, de acuerdo con la competencia que tiene en este momento, la instrucción impartida es que se debe proteger a la población colombiana sobre cualquier acto terrorista del ELN.

Sobre la petición que hizo dicho grupo criminal para que fuera retirado de la lista de Grupos Armados Organizados, el ministro Velásquez indicó que ese es un asunto que deberá ser analizado por los negociadores de paz, bajo las directrices de Gustavo Petro.

En ese sentido, explicó que en todas las zonas del país donde está ese grupo criminal, las tropas de las Fuerzas Militares reanudarán operaciones para luchar contra los diferentes delitos que cometen.

A la medianoche del sábado 3 de agosto, el Decreto 1117 del 5 de julio de 2023, que pactó el cese al fuego bilateral, quedó sin efecto alguno y el mecanismo es historia. Aunque el Gobierno Petro intentó por todos los medios hacer una prórroga, los integrantes del ELN cortaron toda comunicación y dejaron que el tiempo se agotara.

Sin embargo, la guerrilla había continuado toda su actividad delictiva, por lo que en la práctica los efectos de dicho cese al fuego no habían sido benéficos en el territorio nacional, excepto para que ese grupo criminal se fortaleciera mientras que las Fuerzas Militares estaban maniatadas.

Al margen de esa discusión, lo cierto es que el diálogo con este grupo criminal se había enfriado desde hace algunos meses por cuenta de la mesa regional que decidió abrir Otty Patiño, comisionado de paz, con el frente Comuneros que opera en Nariño y es una disidencia del ELN. El Comando Central interpretó esta acción de Patiño como un incumplimiento y desde ese momento se congelaron las negociaciones.

En varias ocasiones, los negociadores del Gobierno Petro enviaron mensajes a los delegados del ELN para reunirse y analizar el panorama de los diálogos, pero nunca hubo una respuesta concreta. Los días pasaron y solo se conocían escritos de Antonio García, comandante del ELN, en los que lanzaba duras críticas contra el Ejecutivo y hablaba de incumplimientos.

Vera Grabe e Iván Cepeda, jefes negociadores y quienes siempre han tenido una gran paciencia con el ELN, se cansaron y acudieron a la misma vía para pedirles que públicamente dijeran si estaban interesados o no en seguir dialogando. Nunca hubo respuesta y, por el contrario, ese grupo criminal siguió delinquiendo.

A pesar de que la ONU y la Iglesia católica hicieron llamados a las partes para que se reunieran y se buscara la manera de prorrogar el cese por unas semanas, nada se logró concretar. El Comando Central reapareció el 3 de agosto en la mañana con una petición absurda y que demostró que ya no había nada por hacer: el cese se vencería sin acuerdo alguno.

Por ahora, el futuro del diálogo es incierto aunque sectores cercanos a la mesa aseguran que la negociación podría continuar sin ese mecanismo. Sin embargo, las partes no han establecido contacto.

El abuso sexual a animales es una conducta de maltrato a los seres sintientes sobre la que se presentan repetidos casos en el país, el más reciente (al menos entre los que han salido a la luz pública) se presentó en Florencia, Caquetá: un hombre fue detenido en flagrancia, mientras intentaba abusar de una perrita.

Ese tipo de conductas está sancionado por la Ley 1774 de 2016 y en esta los actos sexuales con animales son considerados meramente una “circunstancia de agravación punitiva”, no una conducta delictiva en particular.

Ese tipo de agravantes judiciales se aplica cuando hay casos de maltrato animal con sevicia, malos tratos que ocurran en un entorno público, conductas que atacan a los seres sintientes en presencia de menores de edad o, textualmente, “cuando se cometan actos sexuales con los animales”.

Con ese contexto normativo, hay dos iniciativas en curso para penalizar a los abusadores sexuales de animales. Una de ellas, el proyecto de ley ángel de la senadora Andrea Padilla, que está pendiente de la discusión en la Comisión Primera de Senado; la otra, un articulado recién radicado presentado por la senadora Esmeralda Hernández, que también sería discutido por ese recinto.

“Desde hace dos años estamos tramitando el proyecto de ley ángel, que busca endurecer las sanciones por maltrato animal, actualizar las conductas consideradas crueles con los animales y darles a las autoridades más herramientas de acción”, sostuvo la senadora Padilla.

En ese articulado se plantea que cuando se presenten casos graves de maltrato animal (entre los que se tiene en cuenta la violación a animales), la persona condenada no pueda acceder a beneficios penales y esté obligada a cumplir su pena en prisión.

“Los animales no pueden seguir siendo considerados menos importantes en nuestra justicia”, advirtió la senadora animalista de la Alianza Verde.

Del otro lado, está el proyecto de ley de la senadora Hernández, que busca modificar el Código Penal para que se judicialice a los responsables de actos sexuales contra los animales y sobre el que la congresista del Pacto Histórico asegura que es una forma de proteger a la niñez y a personas que puedan ser posibles víctimas de potenciales abusadores.

#LeyAngel YA! Esta es la imagen de la campaña (perfil y portada) del proyecto de ley para endurecer las sanciones por maltrato animal, incluido el abuso sexual, y mejorar los procedimientos. ¡Unamos nuestras voces para exigir justicia para los animales! @AsociacionMi pic.twitter.com/G8fMkanMfJ

— Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) August 5, 2024

“Hay evidencias técnicas y científicas que señalan que algunos violadores de seres humanos han tenido previamente conductas de abuso sexual en animales. Lo que queremos es que haga esta modificación en la ley, para que podamos prevenir y castigar estos casos lamentables contra cualquier ser vivo en estado de indefensión”, sostuvo la senadora Hernández, quien fue la autora del proyecto de ley que consiguió la prohibición de las corridas de toros en Colombia.

La congresista del Pacto Histórico asegura que “quien viola a un animal, viola a un niño”, por lo que está buscando crear el tipo penal de acto sexual con animales, a partir de una modificación a la Ley 599 de 2000.

¡Qué impotencia! Mauricio Miranda, el violador de la perrita Burbuja, ha quedado en libertad. Su liberación representa un peligro para la sociedad y como este, hay muchos casos similares en Colombia. Por eso, es urgente avanzar en nuestro proyecto de ley que crea el tipo penal de… pic.twitter.com/mXJ9ir1GWy

— 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) August 4, 2024

Los animalistas estiman que hay casos de perros, gatos, aves y grandes cuadrúpedos (como burras, animales de finca, entre otros) que son víctimas de violación sexual, abusos que en muchos casos terminan dañándoles sus órganos, enfermándolos e incluso llevándolos a la muerte de cuenta del maltrato del que fueron víctimas por parte de los seres humanos.

Los dos proyectos de ley que buscan penalizar la zoofilia están pendientes de entrar en la agenda de la Comisión Primera del Senado.

El jefe de Estado, visiblemente molesto, rechazó las decisiones que le tumbaron sus facultades especiales para el control y vigilancia de los servicios públicos.

“Declarar irregulares los nombramientos de los comisionados de la Creg, desde que me posesioné como presidente de la República, incluida la decisión de impedirme ejercer mis funciones constitucionales como vigilante y controlador de los servicios públicos, ha logrado demorar el cambio de fórmula de las tarifas de generación de energía eléctrica para bajarlas a toda la sociedad colombiana”, posteó Petro.

Declarar irregulares los nombramientos de los comisionados de la creg, desde que me posesioné como presidente de la República, incluida la decisión de impedirme ejercer mis funciones constitucionales como vigilante y controlador de los servicios públicos, ha logrado demorar el… pic.twitter.com/TZDVGg0wWo

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 5, 2024

Y avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Explicaré en interlocución pública de qué manera se ha esquilmado a toda la sociedad con una fórmula tarifaria que impide la industrialización del país y el bienestar general en función de una renta de ganancias exageradas para seis empresas”.

Cabe señalar que un nuevo lío jurídico tiene el presidente de la República. Recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un incidente desacato contra el primer mandatario por no cumplir una decisión del mismo tribunal sobre integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Ni siquiera los magistrados del Tribunal de Cundinamarca entienden por qué la renuencia del presidente para nombrar el grupo de expertos encargados de la Comisión. Sin embargo, lo que sí advierten es que, de no cumplirse las sentencias del mismo Tribunal y del Consejo de Estado, el primer mandatario estaría en desacato, con las consecuencias legales que se derivan.

“ABRIR incidente de desacato a orden judicial contra el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de presidente de la República de Colombia, por desacato al Fallo de 25 de enero de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, señala la decisión del Tribunal.

Las pruebas que fueron allegadas por la propia presidencia advierten que se adelantaron todas las gestiones necesarias para hacer el nombramiento del grupo de expertos, pero no se cumplió el fallo que ordenaba hacer efectivos esos nombramientos.

“Los documentos allegados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República permiten evidenciar que se realizaron gestiones para realizar los nombramientos, mas no el cumplimiento del fallo, porque no se adjuntaron los actos administrativos de nombramiento en propiedad de los seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años, como se ordenó en el fallo del 25 de enero de 2024, pese a que el plazo feneció el 27 de junio de 2024″, advierte la decisión.

Como el gobierno no ha logrado conformar el grupo de expertos que integrarán la Comisión, el Tribunal le dio entonces 48 horas al presidente para que aporte todos los elementos de prueba necesarios que justifiquen por qué no cumplió, so pena de una eventual sanción por desacato.

“Se le informará que cuenta con el término de dos (2) días para rendir informe de cumplimiento del fallo o presentar argumentos de defensa a una eventual sanción por desacato y aportar el expediente administrativo completo sobre los actos administrativos de nombramiento en propiedad y por encargo de los expertos de la Creg y demás documentos que acrediten las acciones y gestiones necesarias para integrar la Creg”, se desprende del documento del incidente de desacato.

Sumado a ello, la Procuraduría pidió la vinculación del Ministerio de Minas y Energía para que los incluyeran en el incidente de desacato; sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que no hicieron parte desde el inicio de este proceso y, por tanto, no procede la solicitud. “Finalmente, en lo que respecta a la solicitud del Ministerio Público para que se abra desacato contra el ministro de Minas y Energía, se advierte que no fue vinculado al proceso y la orden recae exclusivamente en el presidente de la República, por lo que tal petición será negada”.

Así las cosas, Petro no solo tendrá que explicar por qué no han dado cumplimiento a la decisión del tribunal, sino que más adelante tendrá que ordenar el nombramiento de ese grupo de expertos que integre la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) por un periodo de cuatro años.

“Vamos a presentar un nuevo proyecto de prohibición del fracking. En este momento se está trabajando con el ministro del Interior Juan Fernando Cristo para darle las condiciones políticas de que el proyecto pueda llegar a buen puerto y que esperamos que esta vez podamos decir que vamos a fortalecer la transición energética, que vamos a invertir en toda nuestra capacidad e innovación”, aseguró la ministra de Ambiente.

Muhamad recordó que se estaba discutiendo recientemente la oferta de gas en el país y la crisis que se estaría viviendo y que comparte ese diagnóstico. “Hay en este momento exploraciones para lograr esos tiempos de la transición, pero no se habla de cómo debemos empezar a bajar la demanda de gas que tiene que ser un plan integral de transición, que implica priorizar el gas en los puntos claves y empezar a trabajar en donde sí podamos reemplazar el gas en otras fuentes energéticas”, afirmó.

La ministra de Ambiente señaló que se debe hacer un proceso de transición responsable desde el Gobierno. Aclaró que por ahora se está evaluando si colocarle mensaje de urgencia a la iniciativa.

A pesar de que el Gobierno Petro ha dicho que no acudirá a esta práctica, su sector quiere prohibirla en el país para que otros no la puedan adelantar. Se trata de una bandera en la que han insistido desde hace varios años, incluso, cuando eran oposición.

La iniciativa ya había sido presentada por el Gobierno en la pasada legislatura, sin embargo, se hundió en su tercer debate por falta de tiempos.

El fracking es una técnica polémica porque unos la consideran agresiva con el medioambiente, mientras que otros reclaman que se puede hacer de forma sostenible, especialmente en momentos en donde hay una crisis por los hidrocarburos y las reservas para las próximas décadas.

Esta técnica utiliza un fracturamiento hidráulico de la roca para extraer los hidrocarburos. Los ambientalistas han dicho que afectaría los recursos acuíferos y aumentaría la sismicidad en las zonas donde opera.

Sin embargo, otros consideran que esos riesgos podrían controlarse y que eso se ha evidenciado en países como Estados Unidos y Argentina.

Según la información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al cierre de 2023, las reservas de hidrocarburos se redujeron en el país pasando de 7,5 años a 7,1 en el caso del petróleo; mientras que sobre el gas pasaría de 7,2 años a 6,1.

Desde Ecopetrol han advertido que a partir del 2025 habría un déficit en la oferta y demanda de gas, lo que estaría generando que desde el Gobierno se busquen alternativas, una de ellas, que ha despertado bastante polémica es que se pueda importar gas desde Venezuela, en medio de la crisis política y social que vive ese país.

Andrade también había sido incluida por la Procuraduría General de la Nación por el entramado de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Uno de los que reclamó por ese hecho fue el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien compartió el Decreto 953 del Ministerio de Justicia, firmado por la ministra Ángela María Buitrago, publicado el pasado 30 de julio, con el que se nombra a Andrade en esa notaría.

Según algunos documentos que se han conocido, y lo compartido por el concejal, desde la Fiduprevisora, Andrade ratificó el acuerdo de compra de los carrotanques celebrado entre la UNGRD de Olmedo López y la empresa Impoamericana Roger S.A.S., recursos que salieron del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, del cual la Fiduprevisora era el vocero y administrador. Andrade firmó ese documento el 15 de diciembre de 2023.

Decreto 0953 de 30 de Julio... by Publicaciones Semana S.A.

Según Briceño, otro hecho que llama la atención es que la hoja de vida de Andrade no se publicó en la página de la Presidencia. Según los registros, las únicas publicaciones habrían sido de 2018 y de 2021.

El concejal también compartió que la Procuraduría General de la Nación involucró a Andrade en la investigación de los carrotanques en La Guajira en la administración de Olmedo López. Lo que más llama la atención es que ese mismo día la ministra de Justicia nombró a Andrade como notaria.

“Es inaudito que alguien que está dentro de todo el entramado e investigación de la UNGRD reciba una notaría como premio. La señora Daniela Andrade Valencia debió ser retirada de gobierno hasta que se esclarezca todo. Vergonzoso”, cuestionó Briceño.

Andrade es la pareja sentimental de Jaime Ramírez Cobo, el asesor de confianza de la directora del Dapre, Laura Sarabia, y enlace del gobierno ante el Congreso. Ramírez ha sido salpicado en el escándalo de la UNGRD porque, presuntamente, habría condicionado a los congresistas para que aprobaran algunas reformas diciendo que si no lo hacían, los créditos de la nación se podrían caer.

Según la información que ha trascendido del escándalo de los carrotanques, el 14 de noviembre, mientras Olmedo López y Sneyder Pinilla acordaron una cita para el siguiente día, Ramírez Cobo era pretendido por la secretaria de López, quien le pidió que había que “sacar esos contratos de forma urgente”. Por esos días, los congresistas de la Comisión de Crédito Público estaban votando y discutiendo los créditos de la nación.

López reclama con preocupación por cómo están llegando las órdenes a través de Ramírez como enlace del Congreso. Luego se toma la decisión de que en representación del gobierno ya no estarían ni los ministros de Hacienda Ricardo Bonilla, ni el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, ni tampoco Ramírez, sino que el tema se trataría con la antigua asistente de Bonilla, María Alejandra Benavides.

Este lunes 5 de agosto, cuando las manifestaciones se tornan esporádicas, pero fuertes en Caracas, Santos pidió en sus redes sociales no desfallecer. Insiste en “tomarse el Parlamento y el Palacio de Miraflores”.

Para él, “una insurrección ciudadana pacífica y multitudinaria tumba a Nicolás Maduro y a su mafia”.

Por eso, pidió “no darle más tiempo al mafioso dictador de traer cubanos y rusos que asesinen a los venezolanos”.

Recordemos que en Caracas distintos sectores de oposición han informado que hombres rusos estarían detrás de la represión del régimen contra los ciudadanos que se oponen a la permanencia de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores hasta el 2030.

“Ya se pudo con Bangladesh, ahora toca con Venezuela y Nicolás Maduro. Que paguen por sus crímenes, tuvieron la oportunidad de negociar una salida y la dejaron pasar. Maduro, Cilia, Jorge y Delcy Rodríguez, Diosdado, Tarek y Vladimir Padrino tienen sus días contados”, expresó recientemente.

Santos, quien sigue de cerca el conflicto electoral en el vecindario, tiene claro que la única presión a Maduro es el asfalto. “Llegó la hora de recuperar la iniciativa popular. Calle y más calle”, pidió en su momento.

“El único camino que les queda a los opositores es que los ciudadanos hagan imponer el resultado, es la única salida, no hay otra. Así como María Corina Machado logró mover a los venezolanos, ahora le toca decirles: ‘señores, nos toca ir a tomarnos el Palacio de Miraflores y el Parlamento’, como pasó en Sri Lanka, donde las personas pacíficamente echaron a un presidente ilegítimo, acá tienen uno ilegítimo también y creo es lo único que pueden hacer”, afirmó el exvicepresidente.

Para él, si Edmundo González y María Corina Machado hacen otra cosa diferente a insistir en la presión pacífica desde las calles, “no va a pasar nada”. Él, por ejemplo, no cree en más sanciones y más presiones de otros gobiernos.

Recientemente, Francisco Santos le dijo al país que, tras la presión internacional que busca que el Consejo Nacional Electoral venezolano revele las actas que le permitieron, supuestamente, ganar a Nicolás Maduro, el régimen estaría fabricando las actas falsas para soportar la victoria electoral.

“Con mucha responsabilidad y luego de verificar 100 por ciento esta información confirmo que: en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Filas de Mariche, estado Miranda, hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela, todos supervisados por un grupo de ingenieros chinos de cuatro personas (fabricantes de las máquinas)”, dijo Santos.

Esto, según el líder del Centro Democrático, “se está haciendo para imprimir la totalidad de las nuevas actas y presentarlas a los observadores internacionales”.

López subrayó que a pesar de múltiples citaciones, Gálvez ha evadido de forma sistemática estas convocatorias. “Su ausencia es repetida en estas instancias de rendición de cuentas, lo que aumenta las sospechas sobre su gestión y deja en el aire muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué tiene que ocultar el señor Gálvez? ¿Por qué teme presentarse ante el Concejo?”, cuestionó el concejal.

López reveló que existen serios cuestionamientos en la contratación de la Subred de Salud de Centro Oriente. Desde su posesión como interventor, se han suscrito 315 contratos que ascienden a la suma de 2.472 millones y que hay contratistas que están recibiendo pagos exorbitantes de más de 800 mil pesos diarios, con una ejecución de menos de 45 días.

De acuerdo con el cabildante, “la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se están manejando los recursos en nuestro sistema de salud”.

El concejal puntualizó de manera tajante: “Es inaceptable que, en medio de una crisis económica y sanitaria, se realicen contrataciones que rozan lo absurdo. Los habitantes de Bogotá merecen transparencia y justicia, y desde el concejo se pretende aclarar este episodio en la gestión de la salud pública”.

El vocero de la bancada, cuenta con el apoyo de más de un tercio de los concejales del cabildo, quienes manifiestan el mismo inconformismo, exigen respuestas inmediatas y acciones contundentes, para que no se juegue con la salud y el bienestar de los ciudadanos, promoviendo una gestión transparente y honesta en todas las subredes de salud de la capital.

Indicadores han desmejorado

Además de las alertas denunciadas por el concejal del Nuevo Liberalismo, Fernando López, SEMANA conoció recientemente que los indicadores de la Subred Centro Oriente han desmejorado desde que la Superintendencia de Salud ordenó su intervención forzosa.

Así lo alertó el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, en entrevista con este medio.

“Hemos hecho varias visitas, es una subred que se intervino hace dos meses. En la última visita que hace la Personería logra evidenciar que se había cancelado un gran número de cirugías superior incluso al de las otras subredes. También encontramos que se ha disminuido la contratación de personal y la contratación de insumos. Entonces, inicialmente logramos establecer que había una afectación en el servicio de salud en ese sentido, y es un tema que en los próximos días vamos a volver a hacerle seguimiento para saber cuál es la dinámica que ha tenido respecto a la red pública, porque independientemente de que esté o no intervenida, se debe prestar el servicio”, aseguró el jefe del Ministerio Público distrital.

En ese sentido, este lunes 5 de agosto, el propio presidente Gustavo Petro empezó a calentar el debate sobre su nueva reforma a la salud, aprovechando para lanzar un fuerte ultimátum a las empresas prestadoras de salud (EPS).

A través de su cuenta personal de X, antes Twitter, el mandatario colombiano pidió a las EPS que se transformen en gestoras del sistema de salud y abandonen su papel de intermediadoras como aseguradoras financieras.

“Después de descubiertas toda las maniobras para sustraer dineros públicos por parte de los intermediarios privados que generó la ley 100 y que la derecha quiera mantener el sistema antiguo, condenando definitivamente la salud a una crisis final porque ese sistema no es autosostenible, me parece francamente depredador con el interés nacional”, posteó Petro.

Después de descubiertas toda las maniobras para sustraer dineros públicos por parte de los intermediarios privados que generó la ley 100 y que la derecha quiera mantener el sistema antiguo, condenando definitivamente la salud a una crisis final porque ese sistema no es… https://t.co/mb80a65iRE

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 5, 2024

Y avanzó en su mensaje: “Solo haremos sostenible y eficiente el sistema si se acaba de construir el sistema preventivo y si las EPS abandonan su papel intermediador como aseguradoras financieras y pasan a convertirse en gestoras del sistema de referencia y contrarreferencia de los actuales afiliados a EPS no intervenidas”.

Cabe señalar, que el pasado 30 de julio, el Gobierno nacional del llamado cambio inició la socialización del nuevo texto de la polémica reforma a la salud, la cual espera radicar en los próximos días en el Congreso de la República.

La reunión se llevó a cabo entre el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo y la bancada del Partido Liberal; según Cristo el proyecto está “maduro”.

“Ya el ministro (Guillermo Jaramillo) empezó a presentarlo, se presentará a las distintas bancadas, se ha socializado con los distintos actores del sistema, con las EPS, con los pacientes, con las IPS, con los trabajadores de la salud, y seguiremos en ese proceso. Yo creo que va muy bien”, sostuvo, en su momento Juan Fernando Cristo.

Además añadió: “Yo creo que tanto la reforma laboral como la reforma de la salud ya están maduras. Llevan más de año y medio de ser presentadas. El país está pendiente de tomar decisiones y tenemos que tomarlas en el transcurso de este semestre”.

“Yo creo que vamos por buen camino en la construcción de un acuerdo nacional en torno a la agenda legislativa, en torno a la implementación del acuerdo de paz y en torno también a profundizar la autonomía territorial, que son los grandes propósitos del gobierno”, insistió el ministro del Interior.

No obstante, el 20 de julio, el presidente Gustavo Petro le anunció oficialmente al Congreso que en los próximos días se radicará la reforma a la salud, una iniciativa controvertida que será estudiada por tercera vez en el Legislativo. En dos oportunidades, la ley ha sido derrotada.

El Gobierno nacional inició la presentación a los partidos políticos del texto de la polémica reforma a la salud que será radicada en el Congreso. El ministro Interior Juan Fernando Cristo dijo que ese proyecto y la reforma laboral están “maduras”. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/kJcKvFJBzP

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 30, 2024

El Jefe de Estado dijo, en ese momento que el texto ya está ampliamente concertado. De hecho, algunas EPS hicieron parte de la redacción del proyecto de reforma que se contempló presentar en la pasada legislatura, pero se aplazó para después del sábado, 20 de julio, por falta de tiempo.

“Se están reactivando las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), clínicas y hospitales por el giro directo que aquí en el Congreso algunos criticaron”, anunció el Presidente.

De acuerdo con el mandatario, el giro directo está reactivando a hospitales y clínicas y es el mayor reactivador económico en Colombia.

“No estábamos en desacierto, por eso, vamos a presentar nuevamente la reforma a la salud, altamente concertada, para su discusión en el Congreso”, oficializó.

El articulado presentado por la congresista del Centro Democrático fue radicado en la Secretaría del Senado y será discutido, en principio, por la Comisión Primera de esa corporación, la misma que ya tiene en sus folios el proyecto de ley estatutaria en salud de Cambio Radical.

El de la senadora Valencia es un texto de 43 páginas compuesto por nueve artículos en los que se trazan las líneas que propone como guía del sistema que pasa por medio de una crisis que se ha agudizado en los últimos meses por la salida de la prestación del servicio de determinas EPS con problemas de caja.

Este proyecto de ley estatutaria plantea que el Estado debe responder por la salud de los ciudadanos, propone ajustar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) teniendo en cuenta los factores de riesgo de los pacientes, factores sociodemográficos y la zona geográfica desde la que se presta el servicio.

Sobre la UPC, esta también obliga al Ministerio de Salud a actualizar al menos una vez al año el valor que tiene esa unidad que se paga a las entidades de salud por la atención a cada paciente. El texto deja claro que, si esa cartera no hace el ajuste de manera periódica, el valor se actualizará automáticamente según la inflación anual.

“A partir del año 2024, para efectos del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación, se adicionarán las condiciones en salud de la población, perfil epidemiológico, como factor de ajuste de riesgo individual, además de los factores sociodemográficos y de zona geográfica”, se lee en el proyecto de ley estatutaria que le deja también la tarea al Ministerio de Salud para que establezca mecanismos de financiación para las enfermedades huérfanas y servicios complementarios.

Además, obliga al Estado a adoptar medidas que permitan la equidad en la prestación del servicio y le da el deber de garantizar que haya disponibilidad de los servicios en las zonas marginadas del país o que tienen baja densidad poblacional.

En tanto a la intermediación en el sistema de salud, que ha sido uno de los puntos de la discordia en medio de los debates congresionales, la propuesta de reforma a la salud de la senadora Valencia establece la aplicación del giro directo a las EPS “que no cumplan las normas de habilitación financiera o se encuentren en medidas de vigilancia especial, intervenidas o en liquidación”.

Sobre las redes de prestación del servicio, este determina que la prestación y provisión de servicio y tecnologías que están dentro del Plan de Beneficios en Salud deben gestionarse por parte de la aseguradora a través de redes integrales e integrales.

Finalmente, el documento traza la creación de un piso mínimo para los salarios del personal médico y de salud que se calcularía según el grado de especialización de los profesionales y que se actualizaría según la inflación anual.

El proyecto de ley estatutaria en salud presentado por la senadora Paloma Valencia es la tercera propuesta de reforma al sistema que se radica en el Congreso durante esta legislatura.

Además del texto de Cambio Radical (que también es de carácter estatutario), la bancada independiente radicó un proyecto de ley que persigue este mismo objetivo, que fue presentado ante la Cámara de Representantes y sobre el que sus promotores esperan se dé una discusión en la Comisión Primera de esa corporación.

Presenté de nuevo el proyecto de Ley Estatutaria de Salud.

Los colombianos tenemos derecho a escoger estar en una EPS pública, mixta o privada.

Nuestro sistema de salud es susceptible de muchas mejoras, pero es un buen sistema de salud.

Defenderemos la salud de los… pic.twitter.com/cYlkTWU3Mf

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 5, 2024

Los senadores de la Comisión Séptima del Senado que promovieron el hundimiento de la reforma a la salud también están trabajando en una propuesta de reforma a la salud y aún no está claro cuándo llegará el articulado que presentará el Gobierno de Gustavo Petro, texto que recogería los mismos puntos del proyecto que se cayó en la legislatura anterior.

La organización internacional con sede en Colombia presentó el balance de la acción pública del Gobierno en materia de anticorrupción a los dos años de gestión. Dijo que reconoce 57 acciones anticorrupción, pero que estas no se han evidenciado porque han sido opacadas por los escándalos que involucran a varios altos funcionarios del Gobierno que fueron nombrados por el presidente Gustavo Petro, lo que ha hecho que la ciudadanía pierda la confianza en el Gobierno.

Además, criticaron que esas acciones resultan insuficientes para responder a la complejidad de ese problema y que no están desarticuladas. Recomiendan que para los dos años que quedan de Gobierno se necesita un mayor foco, liderazgo e impulso del presidente Petro para combatir la corrupción.

Las 57 acciones están enfocadas en cuatro ítems: anticorrupción, gestión pública, integridad política y acción sectorial en paz y medioambiente.

El estudio se realizó en medio del contexto del escándalo de la UNGRD sobre el cual se ha hablado durante gran parte de la administración de Gustavo Petro desde que estalló el entramado a comienzos del 2024, ya que cada vez se siguen conociendo nuevos detalles.

Desde Transparencia por Colombia dicen que se hizo una “aproximación reactiva” y no “preventiva”, y que el presidente Petro terminó estigmatizando a organizaciones sociales y medios de comunicación, lo cual “desdibuja” las acciones que destacan en lucha contra la corrupción y aumenta el pesimismo en la ciudadanía.

Otro hecho llamativo es que de esas 57 acciones, 33 se encuentran en etapa de progreso, ocho en formulación y solo 16 han sido culminadas. “Esto significa que aún no se ha logrado un avance satisfactorio de las iniciativas gubernamentales a la mitad del periodo presidencial”, dijeron.

Esas acciones del Gobierno serían pertinentes, según el organismo, sin embargo, no resultan eficaces para reducir el impacto de la corrupción.

Desde Transparencia por Colombia evidencian que en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro se plasmó una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y que el Gobierno se comprometió a impulsar, pero aún se encuentra en etapa de formulación, lo que genera un vacío para solucionar este problema en el país.

Otra de las recomendaciones que hacen es que haya mayor énfasis en el trabajo anticorrupción en los territorios y que se brinde la garantía en el derecho al acceso a la información pública sobre el deterioro de este derecho.

Sobre la elección de la fiscal general de la Nación, destacan que Petro haya conformado una terna de tres mujeres con amplio conocimiento en la materia y de pedir una fiscal ad-hoc para investigar a la familia del mandatario en presuntos escándalos de corrupción asociados a la campaña presidencial.

Eso, a pesar de que desde múltiples sectores han cuestionado la independencia de la fiscal Luz Adriana Camargo porque, en vez de poner ese fiscal ad-hoc para esos casos, ha sacado a los investigadores que adelantaban el proceso en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente, quien ha reconocido ante el ente judicial haber hecho acuerdos y recibido dinero por personas cuestionables en medio de la campaña.

En materia de paz, uno de los temas fundamentales para Petro, según lo ha dicho en mecanismos internacionales, Transparencia por Colombia encontró una falencia en los Ocad Paz donde habría riesgos de corrupción. Pidió que haya mayor atención en esos casos, especialmente con los grupos armados ilegales.

En una entrevista con Blu Radio, en medio de la campaña de 2018, Petro dijo: “A Maduro ni lo conozco. Más lo conoce usted, o lo conoce el señor Uribe, o más lo conoce el señor Santos que yo. De Maduro tengo enormes desconfianzas por su práctica política, me parece un tipo incapaz, con falta absoluta de capacidad”, aseguró Petro en ese entonces.

En cambio, Fajardo compartió lo que dijo Maduro en los últimos días sobre Petro: “Es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida. Respeto sus consejos, sus ideas. Tuve la oportunidad de conversar con él”, afirmó el dictador venezolano luego de robarse las elecciones.

Fajardo cuestionó lo que pasó en Venezuela y dijo que tiene la certeza de que “se robaron las elecciones”. Y que la posibilidad de que se revisen las actas “es pura carreta” porque ya las habrían visto todos y evidencian que ganó Edmundo González.

“Se robaron las elecciones. Y el silencio de Colombia en este momento no tiene ninguna justificación. Hay un drama muy grande, 8 millones de venezolanos sufriendo por su país, las familias que tienen adentro, los militares en las calles atacando a la población indefensa”, criticó Fajardo.

El exalcalde de Medellín cuestionó que Maduro lleve dos veces ratificado por el régimen chavista que ha instalado en Venezuela y que haya anunciado que meterá en prisión a quienes se manifiesten en su contra.

La posición de Colombia ha sido bastante criticada porque hasta el momento no han condenado que se haya tratado de un fraude en las elecciones de ese país. En cambio, han pedido que haya una verificación y eso hasta el momento no ha sucedido.

En una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador de Colombia en ese organismo, Luis Ernesto Vargas, se abstuvo de votar en contra de que se pidiera que se revelaran las actas, lo cual fue bastante cuestionado, ya que solo faltó un voto para que el organismo hiciera esa solicitud.

Colombia se ha alineado con Brasil y México para buscar que haya una salida de Venezuela luego del fraude de las elecciones. En los últimos días, hicieron un comunicado conjunto en el que pidieron absoluto respeto por la soberanía de ese país, lo que muchos han criticado porque mientras tanto el régimen de Nicolás Maduro sigue reteniendo a más 2.000 manifestantes, según confirmó el propio Maduro, quien dijo que los enviaría a cárceles especiales.

“Los Gobiernos de Brasil, Colombia y México felicitamos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio para definir su propio futuro”, dijeron los tres países.

En las últimas horas, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, viajó hasta Chile para tratar de convencer a Gabriel Boric de que se pueda sumar a ese bloque, sin embargo, el mandatario chileno cuestionó desde el primer momento el resultado electoral considerando que la victoria de Maduro en las urnas fue un fraude.

Dijo que “el gobierno está lleno de frustraciones, no tiene logros y lo peor es que tenemos un país sin autoridad”. Lo preocupante, además, es “la prosperidad de los violentos porque puede afectar el futuro de los territorios”.

“El gobierno, el país y la gente están llenos de frustraciones. Los pobres se llenaron de esperanzas por un gobierno disruptivo pero no encuentran realizaciones”, expresó.

Según Pérez, el Gobierno debe sentir internamente que sus propuestas no tienen hechos exitosos, al menos, hasta el momento.

“Las tarifas de energía han aumentado más que en los gobiernos anteriores. El gobierno no encuentra la explicación de porque no es capaz de controlar las tarifas de este servicio público. Puede ser falta de estudio y de expertos que le den soluciones. La gasolina está en las nubes. La salud no mejora y está llena de incertidumbre”, manifestó.

Como si fuera poco, “la educación superior se ha fosilizado. La educación está regida por una ley de 1989 cuando no existía internet. Es imposible hacer una nueva economía con una educación vetusta”.

Además, el orden público registra un deterioro nunca visto. “La gente siente que vive en un país sin autoridad. La credibilidad en el gobierno es muy débil. Y veo que lo que llaman el establecimiento se opone a todo lo del Gobierno y eso no deja avanzar al país”, argumentó Pérez.

Por eso, el exmandatario de Antioquia se atreve a afirmar que en Colombia el progreso está congelado, “con una cultura de choque nacida desde el mismo gobierno para llegar a acuerdos. Todo argumento se transforma en una pelotera. Se ha acabado la argumentación en la solución de los problemas. Hay que intentar diálogos con la ciudadanía y con los empresarios a cambio de enfrentamientos y choques como estilo de gobierno”.

Tampoco- según él- “es entendible tanta tolerancia y tanto diálogos con los bandidos y con los ilegales, y tan pocos esfuerzos para tener conversación permanente con los que están en la legalidad”.

Se refiere a la paz total que lidera el gobierno Petro con la que establece diálogo con el ELN, las disidencias de las Farc y los grupos armados organizados.

“Hablan de un proceso de paz y es a costa de la seguridad de las regiones. Lo peor que le puede pasar a un territorio es perder su libertad y eso le está pasando a Medellín y Antioquia, están en manos de los delincuentes”, denunció Pérez, en su momento, en medio de su campaña fallida a la Gobernación de Antioquia.

Aunque se dijo que Pérez y Petro eran cercanos, porque en plena campaña presidencial del 2022 se encontraron en Madrid, España, no es tan así. El antioqueño ha venido haciendo fuertes críticas contra el Gobierno nacional.

“Yo no soy petrista. Yo no soy el candidato de Petro porque Petro tiene un candidato en Antioquia que es el mismo candidato Daniel Quintero. Yo no tengo problemas con Petro, pero no soy petrista. Yo lo respeto, como le he dicho, respeto también al presidente Uribe que está en los dos extremos. Yo nunca, en toda mi vida he sido de extremos ni de la izquierda ni de la derecha. A mí me duele el cuello cuando volteo muy fuerte a la derecha o cuando volteo muy fuerte a la izquierda. En este sentido quiero manifestarle que lo que se dice es simplemente picaresca política”, dijo a SEMANA en la reciente campaña a la Gobernación de Antioquia.

Por eso, tras una reunión política en Cartagena, una asociación de campesinos anunció que iniciaba la recolección de firmas para lograr su objetivo. Días atrás, ella había hablado de un proyecto de ley que llevaría al Congreso en esta legislatura. Su idea sigue en firme.

“¿Quién quiere que se reelija Gustavo Petro?”, preguntó Zuleta y los asistentes aplaudieron en un polideportivo.

En un mensaje de X, la congresista explicó: “En la asamblea expuse mis argumentos ante más de 300 campesinos, en su mayoría víctimas del conflicto. Ellos me convocaron a que escuchara las razones por las cuales están promoviendo la reelección e iniciaron un proceso de recolección de firmas”.

El exministro de Trabajo Edwin Palma, uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro, le reclamó: “El mismo jefe político de este proyecto, nuestro presidente, ha descartado tal posibilidad. Le hacen daño los que insisten en ella. ¿Cuál es la necesidad?”, preguntó.

Zuleta, quien casi nunca se queda callada ante las críticas en su contra, respondió: “El jefe político no tiene por qué estar en esa discusión porque está gobernando, así como sus funcionarios”.

Según ella, “es un error pedir que esté el presidente (ni él ni ninguno del gobierno deben estar), pero también es un error pensar que porque no está, no se debe dar la discusión. Le hace daño a la democracia cualquier forma de cercenar sus posibilidades, lo que necesitamos es la ampliación de la democracia, no su reducción basada en miedos y no en argumentos”.

En realidad, no está claro si Isabel Cristina Zuleta actúa sola y por decisión propia. O, al contrario, se convirtió en el plan B del gobierno Petro para impulsar la reelección presidencial, pese a que el primer mandatario insiste en que no está interesado en ese tema.

Petro, en su momento, dijo públicamente que no le interesaba seguir en la Casa de Nariño después de 2026. De hecho, catalogó el edificio presidencial como un lugar frío y aburrido.

Recientemente, en un cónclave del Pacto Histórico, adelantado en la Cámara de Comercio de Bogotá, senadores y representantes petristas coincidieron en que el petrismo no le apuesta a reelegir al presidente.

“Lo que hablamos hoy es que uno de los componentes del gran acuerdo nacional es mantener la institucionalidad tal y como está. Ese tema de la reelección es un tema que el gobierno no está avalando”, indicó el representante a la Cámara Alirio Uribe, cercano a Gustavo Petro.

Como si fuera poco, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también ha rechazado que se contemple reelegir al presidente.

Tras sostener una reunión con algunos partidos políticos con los que contempla realizar la unidad nacional, Cristo resumió: “Ese acuerdo nacional, la propuesta del gobierno, se inicia con sacar la violencia definitivamente de la política en Colombia, que estaba incluida dentro del Acuerdo de Paz... Hemos hablado también de la importancia de darle total tranquilidad al país de que ese acuerdo nacional debe incluir que la figura de la reelección presidencial no se toca ni se tocará en Colombia”, prometió el ministro.

Entonces, ¿por qué la senadora Zuleta insiste en hablar de la reelección de Petro?

De acuerdo con la cabildante, la actual administración no ha hecho mayor cosa por mejorar la crisis de basuras que vive la ciudad.

“Yo hoy le exijo a Carlos Fernando Galán que le pida la carta de renuncia. No fue capaz en siete meses de parar esta crisis de las basuras”, dijo la concejal.

Además de hacer su petición en el Concejo de la ciudad, Diago también le envió una carta al mandatario distrital.

“En Bogotá, en términos de recolección de basuras, no se ha sentido el cambio de administración. Desde campaña usted prometió mejorar el problema de la basura: vigilando y sancionando a los operadores incumplidos, aprovechando los residuos, e incluso, generando energía. Sin embargo, tras siete meses de su mandato, los puntos críticos de acumulación de basura que usted había identificado desde la campaña siguen sin ser intervenidos y no se ven acciones concretas, por parte de la UAESP, para darle una solución de fondo al problema”, se lee en la misiva de la concejal.

Diago subrayó además que “la acumulación de basura fomenta la proliferación de plagas y propicia la delincuencia en áreas descuidadas”.

La cabildante recordó además en la carta al alcalde Galán, que “el relleno sanitario Doña Juana está al borde de su capacidad, y Bogotá está perdiendo la oportunidad de aprovechar los residuos para generar energía”.

“De este modo, es imperativo que desde la administración distrital se implementen medidas urgentes para enfrentar el problema. Medidas que, hasta ahora, su administración, bajo la dirección de la señora Ordóñez, en cabeza de la UAESP, no se han visto”, puntualizó Diago.

De acuerdo con Diago, algunos de los puntos críticos en el tema de basuras están en el Colegio Salesiano Juan del Rizzo, en la localidad de San Cristóbal; en la Institución Educativa El Libertador, en la localidad de Rafael Uribe Uribe; y en la Institución Educativa Antonio José Uribe, en la localidad de Santa Fe.

La cabildante señaló que la ciudad necesita metas claras para la recolección y tratamiento de residuos, priorizando la limpieza de puntos críticos, la generación de energía a partir de residuos y un control más estricto sobre los operadores de recolección y trabajo significativo con las comunidades.

La concejal del Centro Democrático, fue tajante en decirle al alcalde Galán que “una Bogotá sucia no es una Bogotá que camina segura”.

El mandatario reaccionó sobre la presea, una hora después de haberla ganado Barajas y el mensaje de felicitación del jefe de Estado fue por medio su cuenta personal de X, antes Twitter.

Sin embargo, el presidente Petro incurrió en un error en el nombre del atleta colombiano, el cual llamó la atención de las redes sociales, ya que escribió Barjas en vez de Barajas

“Bien por Ángel Barjas (sic) en gimnasia, primera medalla olímpica para Colombia. Felicitaciones”, posteó en el frío mensaje el mandatario colombiano.

Estos son algunos de los comentarios de los internautas: “Se apellida Barajas, no Barjas.

Aprende a escribir”.

Se pone nombre real y foto de perfil.
Aprende a no ser un bot cobarde.

— Jhon Albarracin (@JhonAlbarracinR) August 5, 2024

“Barajas, presi”, dijo otro usuario de X.

Barajas, presi.

— Juan David Pedraza L (@juanda158392211) August 5, 2024

“Y no gracias a usted y su mediocre gobierno q ha reducido el presupuesto de ayuda y los premios a los deportistas. Además tienen convertido ese ministerio de deporte en un fortín de pago burocrático!”, otras críticas a Petro.

Y no gracias a usted y su mediocre gobierno q ha reducido el presupuesto de ayuda y los premios a los deportistas. Además tienen convertido ese ministerio de deporte en un fortín de pago burocrático!

— Mao (@incoherentsarc1) August 5, 2024

“Es un niño, pero es histórico”: Madre de Ángel Barajas no se contuvo y lloró en vivo por la medalla de plata de su hijo en los Olímpicos París 2024

Por fin llegó. En la mañana de este lunes 5 de agosto, Colombia ganó la primera medalla olímpica gracias al gimnasta Ángel Barajas, quien con un gran desempeño logró llevarse la medalla de plata y ser el primer colombiano en subir a un podio en París 2024.

El deportista olímpico, nacido en Cúcuta, logró una puntuación de 14.533, igualando al japonés, Shinnosuke Oka, sin embargo, el competidor del continente asiático logró realizar una mejor ejecución y por siete centésimas, se llevó la medalla de oro.

Ángel Barajas fue el encargado de darle la primera alegría olímpica al país y fueron sus padres los primeros en reaccionar al gran triunfo del cucuteño que enorgullece a toda la nación.

Su madre, Angélica María Vivas, que estaba presente en el lugar, no contuvo su emoción y en medio de lágrimas y un emotivo llanto reaccionó a la medalla de plata que se llevó su hijo. La mujer aseguró que habló con el deportista el día antes de la competencia y le pidió que estuviera tranquilo y que dejara todo en manos de Dios.

“Me dijo ‘yo estoy tranquilo’. Yo le dije, lo más importante de todo es confiar en Dios y hacer su rutina completa, que de lo demás se encarga Dios. Haciendo la rutina completa usted sabe los resultados. 17 añitos es nada, todavía es un niño, pero esto es histórico y muy grande para usted”, dijo Angélica.

Por otro lado, Youri, uno de los hermanos mayores de Ángel Barajas, se encontraba en el lugar viendo a su hermano hacer hsitoria y expresó lo que sintió en el momento en el que lo vio competir y ganar.

“Bueno, se sabe que la gimnasia es un deporte de alta complejidad y de alto riesgo ¿No? Yo no quería ver ni nada, no quería ver nada. No tengo palabras, mucha emoción. Gracias a Dios pudimos conseguir la medalla tan anhelada y bueno, a disfrutar”, relató Youri.

Su madre, recalcó que Ángel empezó a entrenar en esta disciplina desde los cinco años, “y bueno, y ason 12 años en entrenamientos, en entrega, dedicación, porque Ángel es un niño que nunca falta a sus entrenamientos. Enfermo, como esté, él se va a entrenar y ahí están los resultados”, putualizó.

Los mandatarios regionales lo hicieron en un comunicado de prensa que salió desde la Federación Nacional de Departamentos donde pidieron una veeduría independiente e inmediata en Venezuela.

“Los gobernadores de Colombia hacen un llamado, a través de la Federación Nacional de Departamentos, para que se respete la democracia y el derecho del pueblo venezolano a un ejercicio electoral libre y transparente”, dijeron.

Coinciden en que se han sumado a la solicitud de la comunidad internacional para que se lleve a cabo y de manera inmediata una veeduría independiente de las actas de escrutinio, “solicitando a su vez que las mismas sean publicadas y el proceso se realice por parte de un veedor internacional”, se lee en el comunicado de prensa donde firman todos los mandatarios del país.

Se declararon preocupados por la situación crítica que atraviesa el país hermano. Por eso, “exigen que se respete la decisión soberana del pueblo venezolano y que cese de manera inmediata la represión en contra de los manifestantes”.

Y añadieron: “Hoy más que nunca debemos unir nuestras voces en defensa de la democracia, la protección de los derechos humanos y la estabilidad social, política y administrativa de Venezuela, convencidos del valor que tienen estos para su pueblo, para la región y para el progreso compartido entre nuestros territorios”.

Aunque lo ocurrido en Venezuela preocupa a todos los gobernadores, los más alarmados son los mandatarios de los departamentos ubicados en zona de frontera con el vecino país.

Por ejemplo, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, ya instaló un puesto de mando unificado (PMU).

“Hay toda una articulación del Gobierno Nacional, Gobierno departamental, los señores alcaldes, para poder enfrentar cualquier situación que se pudiera generar en los próximos días. Estamos atentos a lo que pueda suceder en frontera”, manifestó Villamizar.

Él, quien ya fue gobernador en la época del éxodo masivo, siempre tuvo claro que cualquiera que fuera el resultado electoral en el vecindario, habría movimientos de ciudadanos rumbo a Colombia.

“Ya tuve la oportunidad de estar en la Gobernación cuando se generó el éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia y, sobre todo, ahí, en los puentes internacionales. Dado cualquiera que sea el resultado, en todo caso va a haber ese fenómeno y puede ser a gran escala, media escala o a una mínima escala”, expresó.

Recientemente un grupo de 20 exgobernadores, que ejercieron su poder desde el 2020 hasta el 2023, también se pronunciaron en contra de lo que está pasando en Venezuela.

Aseguraron en un comunicado de prensa que las elecciones del pasado domingo, 28 de julio, “descorrieron los velos que ocultaban de manera total o parcial los rostros y formas de la tragedia que ha roto la institucionalidad de ese país, por un lado, y de la esperanza de una nueva vida en democracia, que asoma como proyecto mayoritario del pueblo, de otra parte”.

Por esa razón, los gobernadores rechazaron “el fraude que se fraguó desde que inició la persecución a los candidatos opositores, la coacción a los votantes en el exterior y la censura a la verificación independiente”.

“Desde el Polo Democrático Alternativo lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Wilson Borja. Quienes tuvimos el honor de conocerlo, sabemos y recordaremos siempre su coherencia, su lucha por los más humildes, por las causas sociales, la Paz y los DD. HH.. A sus familiares nuestras más sentidas condolencias. ¡Vuelta alto amigo. Vuela alto compañero!”, dice el mensaje dedicado desde la colectividad.

Desde el #PDA lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Wilson Borja @WilsonBorjaD.

Quienes tuvimos el honor de conocerlo, sabemos y recordaremos siempre su coherencia, su lucha por los más humildes, por las causas sociales, la Paz y los DDHH.

A sus familiares nuestras… pic.twitter.com/sIvq4jkY4W

— Polo Democrático Alternativo (@PoloDemocratico) August 5, 2024

El senador Iván Cepeda también se pronunció tras el fallecimiento de Borja y dedicó unas emotivas palabras al excongresista, destacando su legado en el ámbito político nacional.

“La vida de Wilson Borja estuvo dedicada a construir la paz, defender los derechos de los trabajadores, y tejer lazos de unidad en la sociedad colombiana. Con tristeza, inmensa gratitud y reconocimiento lo despedimos hoy”, expresó el congresista del Pacto Histórico en su perfil de X.

Borja hizo parte de la Cámara de Representantes entre 2002 y 2010. Durante su vida en el ejercicio público, perteneció a varias colectividades de izquierda, como el Partido Comunista de Colombia, la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo. Adicionalmente, fungió como presidente de la Federación Nacional de trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Otro congresista que reaccionó al fallecimiento de Borja Díaz fue el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico.

“Con sentimiento de dolor, registramos la muerte del compañero Wilson Borja Díaz, buen amigo e incansable luchador proveniente de las filas del movimiento sindical, excongresista y dirigente nacional del PDA, aplicado animador de la Paz total. Que la tierra te sea leve, tocayo”, dijo Arias.

Wilson Borja, nacido en Cartagena de Indias, fue víctima de varios atentados en respuesta a su activismo político y sindical. El más recordado ocurrió en diciembre del año 2000, cuando se desempeñaba como dirigente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase).

Fue tras ese atentado, en el que resultó herido, cuando Borja decidió entrar a la vida política y lanzar su candidatura por el Frente Social y Político a la Cámara de Representantes por Bogotá. Debido a su amplio reconocimiento en los sectores gremiales y sindicales, obtuvo su curul. En el año 2006, resultó elegido para su segundo período.

Por el momento, sus familiares y allegados no han ofrecido mayores detalles sobre su muerte.

“Este gobierno raya en lo criminal. Mientras abren embajadas para comprar silencios y pagar favores políticos, Ricardo Bonilla dice que por caída del recaudo no hay plata para pagar ajustes de presupuestos máximos de 2022 como ordenó la Corte Constitucional y que no sabe cuando habrá”, aseguró el congresista.

Este gobierno raya en lo criminal.

Mientras abren embajadas para comprar silencios y pagar favores políticos, @ricardobonillag dice que por caída del recaudo no hay plata para pagar ajustes de presupuestos máximos de 2022 como ordenó @CConstitucional y que no sabe cuando habrá. pic.twitter.com/FTEIE3vtTV

— Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) August 5, 2024

En el derecho de petición, Forero pide que el Ministerio de Hacienda explique por qué no se han girado los recursos correspondientes para el pago relacionado con el ajuste de presupuestos máximos de la vigencia 2022. Y la fecha exacta en la que se van a girar esos recursos.

“Como es de público conocimiento, el incumplimiento en las metas de recaudo tributario en el primer semestre de la presente vigencia fiscal produjo presiones en la liquidez del Tesoro Nacional que obligaron, entre otras medidas, a un recorte presupuestal que se materializó mediante Decreto 0766 del 20 de junio de 2024″, respondió el viceministro de Hacienda.

Además, dijo que en el Confis se aprobó un recorte del Plan Anual de Caja (PAC), pasando de 309 billones de pesos a 285 billones de acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Financiero, lo que llevó al Tesoro Nacional a priorizar los pagos del Gobierno al PAC a cada una de las entidades.

“Por lo anterior, la asignación de recursos para el pago de presupuestos máximos se efectuará una vez los ingresos de la Nación muestren un comportamiento adecuado que permita la asignación de los mismos en los términos del artículo 153 de la Ley 2294 de 2023″, aseguró el viceministro.

Como menciona Forero, la Corte Constitucional le había pedido al Gobierno que le cumpliera con el pago de los presupuestos máximos a las EPS, para ponerse al día con las deudas de los últimos tres años. Ese llamado se hizo desde el 1 de febrero de 2024 haciendo referencia a la Sentencia T-760 de 2008.

Precisamente, los tres principales problemas que identificó el alto tribunal en ese momento fueron: la fijación de los presupuestos, sus reajustes y el retraso en los pagos.

“Mediante el Auto 2881 de 2023, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 declaró el nivel de cumplimiento bajo respecto de la suficiencia de los Presupuestos Máximos para la financiación de los servicios y tecnologías del Plan de Beneficio en Salud (PBS) que no se sufragan con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en el marco del seguimiento a las órdenes que persiguen la unificación de los planes de beneficios entre los regímenes contributivo y subsidiado y la suficiencia de los recursos asignados para financiarlos -vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008-”, dijeron desde la Corte Constitucional.

Uno de los principales problemas de este incumplimiento es que no le habría permitido una correcta gestión a las EPS, sobre las cuales el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo han arremetido. Varias de las EPS del país se han tenido que declarar en crisis o han sido intervenidas por la Superintendencia de Salud por falta de recursos.

En la foto aparecieron Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape y Mauricio Jaramillo, entre otros. Llama la atención que primero fueron “doctores” antes que contar la verdad, reparar a las víctimas y pagar por sus crímenes, teniendo en cuenta que han pasado ocho años desde que firmaron los acuerdos de La Habana.

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, también recibió el honoris causa porque los reconocimientos se extendieron a algunos líderes del desaparecido M-19, y ella es hija de Carlos Pizarro.

En una publicación a través de las redes sociales, la congresista del Pacto Histórico escribió: “Hoy en Cartagena encontramos el apoyo a la Reelección Presidencial de la Asociación Departamental Campesinos de Bolívar, así sondeamos el verdadero clamor popular”.

El mensaje está acompañado por un video de 19 segundos, donde se observa a un hombre que viste camiseta amarilla y pantalón blanco, que no se identifica en el clip, decir: “Apoyamos la reelección del presidente Gustavo Petro”.

Hoy en #Cartagena encontramos el apoyo a la Reelección Presidencial de la Asociación Departamental Campesinos de Bolivar, así sondeamos el verdadero clamor popular. pic.twitter.com/1ChwF93HXA

— Isabel Cristina Zuleta (@ISAZULETA) August 3, 2024

En ese momento, la senadora, quien se encuentra presente en el acto que se realizó en el departamento de Bolívar, rompe en aplausos, así como el auditorio que la escucha. Cabe resaltar que Isabel Zuleta ha venido impulsando la idea de una reelección presidencial.

En otro mensaje publicado explicó: “En la Asamblea expuse mis argumentos ante más de 300 campesinos en su mayoría víctimas del conflicto. Ellos me convocaron a que escuchara las razones por las cuales están promoviendo la reelección e iniciaron un proceso de recolección de firmas”.

¿Por qué?
¿Quién lo mandata?

En la Asamblea expuse mis argumentos ante más de 300 campesinos en su mayoría victimas del conflicto.

Ellos me convocaron a que escuchara las razones por las cuales están promoviendo la re-elección e iniciaron un proceso de recolección de firmas. https://t.co/dOi83f9Px4

— Isabel Cristina Zuleta (@ISAZULETA) August 4, 2024

El tema de revivir la reelección presidencial está sobre la mesa por cuenta de las declaraciones que ha dado la senadora Isabel Zuleta, quien asegura estar construyendo una iniciativa en ese sentido para presentarla al Congreso de la República.

Sin embargo, todos los senadores y representantes del Pacto Histórico estuvieron recientemente en una reunión de bancada donde se tocó el tema y quedó claro que esa propuesta de la congresista no tiene el respaldo de la coalición y, según ellos, tampoco del presidente Gustavo Petro.

“Lo que hablamos hoy es que uno de los componentes del gran acuerdo nacional es mantener la institucionalidad tal y como está. Ese tema de la elección es un tema que el Gobierno no está avalando”, indicó el representante a la Cámara Alirio Uribe, tras el encuentro a finales de julio.

La polémica propuesta volvió a tomar fuerza el pasado 12 de julio, cuando la congresista, en una entrevista radial, revivió el tema y aseguró que se iba a presentar un proyecto al Congreso de la República en ese sentido.

“Mi propuesta legislativa es una propuesta enmarcada en que la mayoría de los países del mundo tiene posibilidad de reelección inmediata. En Latinoamérica tenemos casos específicos de reelección, no de manera inmediata, pero sí se puede la reelección”, señaló Zuleta en diálogo con la W Radio.

Explicó que desde las bases vienen trabajando en la propuesta, en la que además se incluiría la posibilidad de una revocatoria de mandato, ya que, según ella, esa figura no es posible hacerla efectiva en Colombia, por la cantidad de trabas que se colocan.

“La propuesta es mucho más amplia, porque hoy efectivamente la ciudadanía lo que considera es que la figura de revocatoria del mandato no es posible hacerla efectiva, que no hay manera, que hay muchas trabas... es una figura decorativa, pero no está siendo efectiva”, manifestó al medio.

Zuleta insistió en que el proyecto de reelección es una reforma a la Constitución, pero que la “reelección de quien se dé es una decisión ciudadana”, buscando desmarcarse un poco de la reelección que se estaría buscando para el actual presidente Gustavo Petro.

Oliveros, quien le confirmó a este medio el delicado estado de salud en el que se encuentra Rodolfo Hernández, internado en una UCI luego de someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico, manifestó que no le interesaba hablar con Castillo.

En diálogo con SEMANA, Oliveros fue consultada sobre lo que hubiera pasado si el ingeniero hubiera ganado las elecciones presidenciales y Castillo tuviera que asumir en medio de la enfermedad que enfrenta su esposo, a lo que respondió: “Un gobierno de ella sería peor que uno de Francia Márquez”.

La respuesta de la hoy representante a la Cámara no se hizo esperar y a través de sus redes sociales contestó de manera enfática a la esposa de Rodolfo Hernández. “¿Desagradecida porque no caí en el juego de ellos de retirarme?”, escribió en primer momento.

“Desconocer que he sido yo quien ha dado la cara a los más de 10 millones de colombianos que se sintieron abandonados al finalizar la contienda electoral, eso es desagradecer”, respondió Castillo, quien señaló que “la violencia política contra mí no cesa”.

¿Desagradecida porque no caí en el juego de ellos de retirarme? Desconocer que he sido yo quien ha dado la cara a los más de 10 millones de colombianos que se sintieron abandonados al finalizar la contienda electoral, eso es desagradecer.

Bien lo han dicho otros: “Los que hacen… https://t.co/jo4ks9CxhM

— Marelen Castillo (@CastilloMarelen) August 3, 2024

Resaltó que esto le da más “fuerza” para seguir en la lucha por el país, “aquel que ellos dejaron a merced de un mandatario que ha demostrado incompetencia para gobernar, y compararme con la vicepresidenta de Colombia deja mucho que pensar por parte de la señora Socorro”.

“Bien lo han dicho otros: ‘Los que hacen bien suelen tener más enemigos que los que hacen mal, porque la envidia siempre ataca al mérito’, seguiré haciendo oposición así les duela. Yo soy de los colombianos que me eligieron”, rescató la líder política.

Finalmente, sentenció: “Creen que pueden maltratar a todo el mundo, y precisamente su molestia fue porque yo no quise prestarme a traicionar a los colombianos, no asumiendo la responsabilidad que me corresponde como principal representante de la oposición. Además, yo no vivo de los abrazos y las fotos con Petro”.

Salud de Rodolfo Hernández

El más reciente parte médico entregado por el Hospital Internacional de Colombia señala que el ingeniero Rodolfo Hernández se encuentra actualmente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en proceso de recuperación.

“Hasta el momento su evolución es favorable y se encuentra en condiciones generales aceptables. El ingeniero Hernández continúa en proceso de compensación de su función hepática posquirúrgica, bajo la supervisión constante y el cuidado médico especializado”, señaló la institución.

Cabe resaltar que Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández, habló en entrevista con SEMANA sobre el estado de salud del excandidato presidencial, quien se encuentra enfrentando un agresivo cáncer de colon en etapa terminal.

De acuerdo con Oliveros, el ingeniero se encuentra en UCI luego de someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico.

“Sí, lleva varios días en la UCI luchando por su vida. El riesgo fue porque tuvo una complicación en la recuperación de la operación, se le reventó una vena y le complicó todo. Ahora estamos a la espera de que siga reaccionando bien. Este proceso es lento y no se lo deseamos a nadie”, manifestó.

Y aseguró que ha sido un desafío para la familia: “Hemos entendido que es un proceso lento, él ha sido muy fuerte. Esto también nos ha sensibilizado demasiado en los temas de salud, hay mucha gente pasando malos ratos en los hospitales”.

Sin embargo, este domingo 4 de agosto se conoció otro respaldo para Maduro que proviene de un grupo criminal colombiano: la Segunda Marquetalia, que está bajo el mando de Iván Márquez, prófugo de la justicia y a quien el Gobierno Petro le lanzó un salvavidas con la instalación de un diálogo de paz.

Márquez, quien reapareció en dicha instalación de la mesa y se le vio bastante deteriorado de salud y con una prótesis en su brazo derecho, acudió a los canales de difusión de este grupo criminal para enviar un escrito sobre lo que está pasando en Venezuela.

A juicio de este criminal, todo lo que está ocurriendo en ese país es producto de las noticias falsas que, según él, obedecen a una estrategia orquestada desde Estados Unidos para sacar del camino a Nicolás Maduro.

Por esa razón, se solidarizó con el dictador de Venezuela y lo felicitó por lo ocurrido el 28 de julio. Claramente, para Márquez, su amigo Maduro ganó en las urnas. “Felicitamos al Gobierno de Venezuela por el gran triunfo popular obtenido en las recientes elecciones que confirmaron al conductor del pueblo, Nicolás Maduro Moros, como presidente de la flamante República Bolivariana de Venezuela”, dijo Márquez.

Agregó: “Muchas gracias, hermanos venezolanos, por ayudar, como lo han hecho desde la época de Chávez, a buscar la paz de su hermana Colombia, y con ella fortalecer la unidad y la solidaridad de todos los pueblos de nuestra América”, dijo.

Según la tesis de Márquez, totalmente absurda, todo lo que está pasando en Venezuela es producto de una operación dirigida desde Estados Unidos para que ese país se quede con el petróleo, el oro, los diamantes, el coltán y tierras venezolanas. No obstante, el comandante de la Segunda Marquetalia omite que todas esas riquezas del vecino país están en manos de grupos criminales, incluyendo su grupo delincuencial.

Hay evidencia de que el ELN, las disidencias de Mordisco y la Marquetalia de Márquez están incrustados en la economía ilegal venezolana y lograron cooptar todos los negocios relacionados con el oro, los diamantes y el coltán.

El agradecimiento y la felicitación de Márquez a Maduro no extraña, ya que lleva un par de años viviendo en territorio venezolano tras haber dejado su tránsito a la legalidad y volver a las armas. Desde que traicionó el Acuerdo de Paz se refugió en el vecino país amparado por el régimen.

De hecho, después de haber sido víctima de un atentado, toda la atención médica la recibió en Caracas, donde le hicieron varias cirugías para salvarle la vida. Aunque el comandante guerrillero está completamente deteriorado, en el vecino país continúa recibiendo atención médica y hace terapias para su recuperación.

Como si esto fuera poco, Márquez tiene conductor y se moviliza en carros blindados que son proporcionados por el régimen de Maduro.

Según explicó la MOE Colombia, la información obtenida hasta el pasado viernes, 2 de agosto, es casi nula, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no ha hecho públicas las actas de los comicios y solo ha dado a conocer dos boletines con resultados agregados.

Debido a esto, se tomó la decisión de realizar un análisis con los datos obtenidos por parte de la oposición en Venezuela, quienes pusieron a disposición las imágenes de las respectivas actas de cada una de las mesas, que es la información más cercana que se conoce.

El análisis del organismo de observación electoral insistió en que existe una amplia diferencia entre los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y los obtenidos por la oposición. Según explicó, se logró descargar la información de 21.952 actas en una base de datos.

Según la información de la base de datos, con el 73,1 % de las actas, los resultados demuestran un mayor número de votos al candidato de la oposición Edmundo González, con un total de 6.392.350 votos, que corresponden al 67,2 % de la votación.

En ese orden de ideas, el candidato presidente Nicolás Maduro solo habría obtenido 2.891.553 votos con el universo estudiado en el informe, que representan un 30,4 % de la votación. De allí se determina la diferencia en la información publicada por el CNE en su segundo boletín.

En el informe presentado por la MOE se destaca que del total de las 21.952 actas analizadas por el organismo, Nicolás Maduro obtuvo la mayoría de los votos en un total de 2.926 mesas de votación, que equivale al 13 % de las analizadas.

Por su parte, Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos en 18.991 mesas, que equivalen al 87 % de las analizadas. Así mismo, en 35 mesas se registró un empate entre los candidatos Maduro y González.

“Estos datos no se pueden contrastar con los proporcionados por el CNE, ya que estos no se presentaron de forma desagregada ni se han publicado las actas correspondientes”, resaltó la MOE en su informe de siete páginas presentado este sábado.

De acuerdo con el informe de la MOE, y la base de datos obtenida, Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos en 298 municipios, de los 326, que equivalen al 91,4 % de las unidades territoriales del país, mientras que Maduro ganó en 28, que representan el 8,6 %.

A nivel de Estado los resultados son más aplastantes, pues el candidato opositor obtuvo la mayoría de los votos en todos ellos, según los datos analizados por la MOE, que aclaró que estos datos tampoco se pueden contrastar con los proporcionados por el CNE.

La MOE fue enfática en afirmar en su informe que tras comparar la base de datos construida por la MOE y el segundo boletín del CNE se comprueba que, “en el escenario en el que estas actas sean verdaderas, los votos que restan por computar no son suficientes para alterar el sentido del resultado electoral que se desprende de las mismas, que dan el triunfo al candidato Edmundo González”.

Según el informe, “el segundo boletín del CNE, del 2 de agosto, señala un total de 12.335.883 votos emitidos con el 96,87 % de las actas transmitidas”. Así mismo, explicó que “la información contenida en la base de datos elaborada por la MOE, con el 73,1 % del total de actas de la elección se contabilizaron un total de 9.515.322 votos”.

Ante esto, determina: “De lo anterior se desprende que el 23,77 % de las actas faltantes (correspondientes a la diferencia entre el 73,1 % de las actas contenidas en la base de datos y el 96,87 % referido en el segundo boletín) contienen un total de 2.871.377 votos faltantes”.

Indicó que “la diferencia de votos entre el candidato González, quien aparece como ganador en esta base, frente a la votación del candidato presidente Maduro, es 3.500.797 votos (que resultan de restar a los 6.392.350 votos del candidato González, los 2.891.553 de votos del candidato Maduro). Esta cantidad es mayor a la de los votos faltantes por incorporar a la base de datos, que como se señaló, es de 2.871.377 de votos”.

La MOE Colombia presenta a la #ComunidadInternacional resultados preliminares de las #EleccionesEnVenezuela2024. Con datos de la oposición, se muestra una ventaja para González, en contraste con el CNE que declara a Maduro ganador.👉 https://t.co/tE9nVqypDB

— MOE (@moecolombia) August 3, 2024

Esto lleva a la MOE a determinar en su informe que “aun cuando la totalidad de la votación faltante recopilada por el CNE fuera a favor del candidato presidente Nicolás Maduro, esta no sería suficiente para superar la votación de su contrincante, pues seguiría habiendo una diferencia de 629.420 votos a favor del candidato González”.

Para esta legislatura se contempla la llegada de, al menos, cuatro reformas a la salud de las que dos ya están radicadas y el resto están en construcción, todas se debatirán por diferentes comisiones y sobre las que no queda claro qué va a suceder cuando terminen coincidiendo en las plenarias.

Quienes promovieron la hundida reforma a la salud del Gobierno creen que la llegada de tantos articulados con el mismo objetivo es indicio de que se puede llegar a un acuerdo nacional, pero lo cierto es que el Congreso terminará congestionándose con tantos proyectos que buscan lo mismo, pero con caminos diferentes.

El primero en llegar fue un proyecto de ley estatutaria de Cambio Radical que se tramitaría por la Comisión Primera del Senado y que fue el primero que persigue ese fin que fue radicado en esta legislatura.

Ese texto mantiene el funcionamiento de las EPS, les da tareas especiales, determina un pago variable de la UPC según la región en la que se preste servicio y condiciona este pago a los resultados en salud de las entidades prestadoras del servicio.

“Si buscamos una reforma integral a un derecho fundamental como es el derecho a la salud, se debe tramitar por medio de una ley estatutaria y las otras iniciativas están pensadas bajo el trámite de ley ordinaria”, sostuvo el senador Carlos Fernando Motoa.

La otra que ya fue radicada es de la bancada independiente (parte de la Alianza Verde, Dignidad, Nuevo Liberalismo y Verde Oxígeno), y consiste en un proyecto de ley ordinario que recoge el texto construido por una alianza de 21 organizaciones médicas de profesionales de la salud durante dos años. Esta lleva el nombre de “Acuerdos fundamentales”.

“Nuestra reforma aplica unos cambios al sistema actual y lo que hace es desarrollar la ley estatutaria de la salud. Las EPS se transforman en gestoras de salud y se les dan las funciones de coordinar las redes integradas e integrales, de la auditoría de los servicios médicos y la autorización de pagos a las IPS, que viene siendo un pago directo de la Adres a los prestadores. Así garantizamos un control de los servicios de salud”, sostuvo la representante Julia Miranda, promotora del proyecto.

Con ese proyecto de ley las gestoras (lo que en la actualidad son las EPS), serían las encargadas de responder por la salud de los pacientes desde que estos entran a un CAP hasta el cuarto nivel de complejidad y son las entidades responsables de responder por los pacientes aunque a estas no les llegan los recursos de manera directa. Sus promotores esperan que se tramite por la Comisión Primera.

En teoría, los ocho senadores responsables de hundir la reforma del Gobierno son sus promotores, pero lo particular es que hay senadores que guardan silencio sobre el tema. El documento está casi listo, tendría un trámite de ley ordinaria y se debatiría por la Comisión Séptima.

“Hay que debatir las líneas rojas para poder tener una concertación en la que todos se escuchen porque los actores del sistema no son solo las EPS. Todos los frentes deben tener la tranquilidad de estar consolidando en un mismo texto y no estar cada uno jalonando por su lado. Si llegan varios textos, se acumularán”, sostuvo la senadora Lorena Ríos Cuéllar.

Lo importante, dice la congresista, es que “las líneas rojas que ya identificamos las escuche también el Gobierno porque esto es lo que nos permitiría avanzar en un consenso entre todos porque nosotros escuchamos a los actores que los otros no atendieron”.

El Gobierno insistirá en el texto de reforma a la salud que se hundió durante la legislatura pasada. El documento aún no está listo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está socializando la reforma con los partidos y ya está en conversaciones con quienes fueron los ponentes del texto en la legislatura anterior.

El momento decisivo llegará cuando este radique su reforma, porque, si llega con mensaje de urgencia del presidente Gustavo Petro, cambiaría las reglas del juego de un trámite legislativo ya congestionado por la cantidad de reformas que esper el Congreso.

Uno de los nombres mencionados es el de Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo, quien, según dijo la fiscal Andrea Muñoz, en medio de la imputación de cargos contra Pinilla y López, habría participado del entramado ayudando a desviar dineros a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para trasladarlos a la UNGRD.

Según le dijo López a la Fiscalía, Barreto llegó por recomendación de César Manrique, director de la Función Pública, también implicado en el escándalo de los carrotanques de la Unidad. Pinilla dijo que supuestamente con Manrique se pactó una coima del 7 % por la transferencia de 100.000 millones de pesos.

SEMANA indagó por el exfuncionario, quien salió de la entidad con la llegada de Carlos Carrillo a la dirección de la UNGRD luego de que estallara el escándalo.

Barreto y Manrique tienen su capital político en Fusagasugá y se les ha visto hacer política de la mano desde hace varios años. De hecho, el 26 de agosto de 2022, cuando Manrique fue posesionado en la dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública, Barreto lo felicitó y evidenció su cercanía.

“Doc. César Manrique, espero Dios ilumine su gestión en el Departamento Administrativo de la Función Pública. Es usted un gran ser humano y orgullo para todos los que tenemos la oportunidad de conocerlo, gracias por su amistad”, le dijo Barreto a Manrique el 26 de agosto de 2022 con una foto de ambos. Barreto llegó a la UNGRD el 16 de febrero de 2023.

En Fusagasugá también se han molestado con el escándalo y la gestión de ambos.

A través de un video, el concejal Jeison Rojas lo cuestionó en el cabildo municipal porque, según él, Barreto le habría incumplido a la comunidad de Casa Lata, que reúne a unas 206 familias de escasos recursos.

“Se engañó y se ilusionó a más de 200 familias. Prácticamente se dijo que eso ya estaba andando. El subdirector para el Conocimiento del Riesgo les manifestó a los ciudadanos que esto sería una realidad. Y hoy gracias a la labor que hacemos nosotros de control político nos enteramos de que esto no va a ser una realidad”, cuestionó Rojas.

Barreto contestó que supuestamente ese proyecto sigue andando, a pesar de que él ya no está en la entidad.

El exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo respondió por esos cuestionamientos. Aseguró que a la fecha no tiene ninguna investigación abierta en la Fiscalía, ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, sino que su mención en el escándalo de la UNGRD fue porque terminó involucrado en la matriz de colaboración de Sneyder Pinilla. “Él, a la fecha, no ha entregado pruebas a las cuales me involucren en este acto de corrupción”, le dijo Barreto al concejal, a pesar de que la fiscal Muñoz lo involucró en el entramado en la audiencia.

Barreto reconoció que ha cometido errores en la vida, pero negó que sea una persona corrupta. Anunció que pondría una denuncia por injuria y calumnia en contra del cabildante.

Sobre el proyecto de reasentamiento de los habitantes de Casa Lata afirmó que no ha podido avanzar, porque un congresista ha presentado reclamos ante la UNGRD en medio de los escándalos de corrupción que se han conocido.

SEMANA conoció que durante más de un año las familias de esa comunidad estuvieron esperando las promesas que se hicieron desde la UNGRD lideradas por Barreto y que nunca llegaron. Algunos consideran que por el afán político de querer figurar se comprometió con ese proyecto y en medio del escándalo de la entidad eso quedó parado.

Barreto había adelantado conversaciones con el alcalde de Fusagasugá, William García Fayad, y hasta se anunció el proyecto a través de la administración municipal. Dijeron que estaban adquiriendo los nuevos predios, pero algunos reclaman que eso no ha sucedido. Al parecer, hoy en día no hay un proceso técnico, ni actas, ni estarían destinados los recursos.

En materia política, Barreto ha militado en distintas corrientes. Comenzó siendo cercano al Partido Liberal, pasó al partido de La U y hasta acompañó en una campaña al gobernador de Cundinamarca Jorge Rey; pasó a estar con la Alianza Verde y finalmente se sumó a la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia.

Se lanzó como candidato a la Alcaldía de Fusagasugá en las pasadas elecciones regionales por el partido Esperanza Democrática, que hace parte del Pacto Histórico, pero no fue avalado por el petrismo. En el municipio todos saben que el líder de ese movimiento es César Manrique.

La Fiscalía sigue avanzando en determinar a los implicados en el escándalo de corrupción en la UNGRD, mientras el país cada vez evidencia que a este entramado le falta mucha tela por cortar.

Fuentes del Ministerio del Trabajo le contaron a SEMANA que la relación comenzó distante, pero que la etapa temprana del Gobierno hizo que al principio al menos existiera cordialidad entre ambos.

Sin embargo, la relación se fue deteriorando por choques entre sus visiones, lo cual terminó fracturando la cartera.

Este medio conoció que la comunicación entre ambos se convirtió en casi un imposible, dado que el viceministro pocas veces recibía respuesta cuando le escribía un mensaje.

Poco a poco la comunicación entrecortada se convirtió en nula, construyendo una barrera entre el despacho de la ministra y el viceministerio.

Según una fuente cercana a la situación, Ramírez y Palma llevan aproximadamente un año sin cruzar mayor palabra.

Después vino la huelga en el ministerio, lo cual implicó una estrategia de negociación con los sindicatos y posiciones contrarias.

Mientras Edwin Palma respetó en todo momento el derecho a la huelga, la ministra Gloria Inés Ramírez se mantuvo en su posición contraria a la protesta, incumpliendo acuerdos suscritos en la mesa de diálogo y forzando el regreso al ejercicio de las funciones.

En contra del parecer del viceministro, a quien no le otorgaron un espacio para negociar con los sindicatos, se habría amenazado a los sindicalistas con procesos disciplinarios e incluso se dejaron de pagar los sueldos de quienes cesaron sus funciones durante dos meses.

En medio del paro, la ministra del Trabajo declaró insubsistente a Ángela Caro, funcionaria de la entidad desde 2004 y asesora de Palma. El despido se dio durante las vacaciones del viceministro, sin ningún tipo de aviso.

La funcionaria le dirigió una carta a la ministra, reclamándole por lo que hizo contra ella y contra el viceministro: “Lamento que su odio político en contra de él le haga tomar esta decisión precisamente en contra de una mujer como yo, que soy jefe de hogar, pues mi hijo depende enteramente de mí y que además sufre de los efectos de la violencia machista, encontrándome en este momento con una valoración de riesgo extremo, que como usted conoce, me hace potencial víctima de feminicidio”.

En este punto no hay comunicación y el viceministro Palma se limitó a preguntarle a la secretaría general del ministerio si podía pedirles la renuncia a sus asesores, con el fin de que no fueran declarados insubsistentes. Nunca recibió respuesta.

Finalmente, sin herramientas y bloqueado de las funciones de su viceministerio, Palma decidió renunciar con una carta dirigida directamente al presidente Gustavo Petro. Entre líneas, se puede leer el descontento del funcionario por las condiciones al interior de la cartera.

“Me retiro con la convicción, de que, hice lo que estuvo a mi alcance para cumplir el mandato popular que nos llevó al gobierno en 2022 y como se lo expresé recientemente, desde la trinchera que sea, incluyendo nuevamente la del movimiento social y sindical, seguiré defendiendo su proyecto político”, escribió Palma en el documento dirigido al presidente.

Venezuela es el país líder de los garantes de paz con las negociaciones que adelantan delegados de la Casa de Nariño con el ELN y la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez. Y Maduro históricamente ha demostrado que es el único líder político capaz de sentar a ambos grupos guerrilleros cada vez que exponen su rebeldía sobre las mesas de diálogo. Las disidencias de las Farc al mando de Calarcá Córdoba e Iván Mordisco no operan en el vecindario.

Cuando un país es garante en un proceso de paz, lo primero que tiene que hacer es estabilizarse para poder ofrecer garantías, y hoy el régimen de Nicolás Maduro no está seguro en el Palacio de Miraflores. La oposición, enfurecida, sigue en las calles, cada día aumenta el número de fallecidos, heridos, capturados, además de voces internacionales que desconocen los resultados con los que Maduro quiere sostenerse en el poder hasta 2030.

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, no dudó en reconocer que es “absolutamente preocupante” lo que ocurre en Venezuela para la paz total. “La inestabilidad en la que se encuentra el Gobierno genera dificultad”, anotó el líder negociador.

Gustavo Petro es uno de los más preocupados. En varias oportunidades, cuando el ELN se rebela y se levanta de la mesa, Maduro ayuda a enderezar las cargas y a enrutar el proceso. Lo mismo ocurrió con el proceso de paz con las Farc de Juan Manuel Santos.

Hoy, con el escenario de incertidumbre, Maduro no tendrá tiempo para lanzarle el salvavidas a Petro con el ELN y la Segunda Marquetalia que se mueven a sus anchas en Venezuela. Además, el general Carlos Eduardo Martínez, embajador de Caracas en Colombia y ficha clave en la mesa de Maduro, tendrá poco campo de maniobra. En ese orden de ideas, el presidente colombiano tendrá que arreglárselas como pueda para mantener sentados a los jefes guerrilleros.

El senador y exjefe negociador de paz con las Farc, Humberto de la Calle, le dijo a SEMANA que, tras los ruidos de fraude electoral, Venezuela no puede ser país garante del proceso. “Es inviable no solo por la situación física, no es el momento para que una delegación oficial de Colombia vaya a discutir los problemas de la paz con el ELN en territorio venezolano”, afirmó.

Por eso, hay quienes se preguntan si ante la crisis democrática en Caracas, la mesa del Gobierno puede desplazarse y sostener conversaciones en el vecino país, como ocurrió hasta comienzos de 2024. La respuesta es incierta porque la película en el vecindario apenas se está rodando.

SEMANA conoció que la preocupación más grande del Gobierno es con el ELN. Con esa guerrilla se llegó hasta el sexto ciclo de conversaciones y no se avanzó. Desde febrero de 2024 los jefes elenos están molestos porque Petro negoció bajo la mesa con una fracción de ese grupo que se separó del Coce en Nariño.

Aunque desde octubre de 2023 venían las tensiones, algunos delegados estiman que no es razón suficiente para abandonar el proceso. Temen que sea una excusa para ganar tiempo y armarse aún más.

Este jueves 1.° de agosto, José Félix Lafaurie, delegado del Gobierno en la negociación con el ELN, visitó a Petro en su despacho y le dijo, entre otras cosas, que quien tiene que congelar la mesa de diálogo es el Gobierno ante los constantes incumplimientos y violaciones del grupo armado. El jefe de Estado meditó el tema, pero difícilmente ocurrirá porque al mandatario le quedan dos años en el poder y lucha contra el tiempo y el desgaste de su Gobierno.

Con la Segunda Marquetalia el escenario también es incierto. Aunque Iván Márquez mostró disposición para hablar de paz con Petro, el garante es Nicolás Maduro, quien lo escondió en Venezuela desde junio de 2023 cuando fue atacado con una bomba que lo llevó a perder la visión y uno de sus brazos.

Armando Novoa, jefe negociador, le reconoció a SEMANA la importancia de Venezuela. Sin embargo, por ahora las conversaciones con Márquez no arrancan porque han tenido problemas técnicos y operativos. Hoy, en medio de la incertidumbre, a Petro le tocará aferrarse a Cuba o trasladar los diálogos a Colombia.

A la medianoche del sábado 3 de agosto, el Decreto 1117 del 5 de julio de 2023, que pactó el cese al fuego bilateral, quedó sin efecto alguno y el mecanismo es historia. Aunque el Gobierno Petro intentó por todos los medios hacer una prórroga, los integrantes del ELN cortaron toda comunicación y dejaron que el tiempo se agotara.

Sin embargo, la guerrilla había continuado toda su actividad delictiva, por lo que en la práctica los efectos de dicho cese al fuego no habían sido benéficos en el territorio nacional, excepto para que ese grupo criminal se fortaleciera mientras que las Fuerzas Militares estuvieron maniatadas.

Al margen de esa discusión, lo cierto es que el diálogo con este grupo criminal se había enfriado desde hace algunos meses por cuenta de la mesa regional que decidió abrir Otty Patiño, comisionado de Paz, con el frente Comuneros que opera en Nariño y es una disidencia del ELN. El Comando Central interpretó esta acción de Patiño como un incumplimiento y desde ese momento se congelaron las negociaciones.

En varias ocasiones los negociadores del Gobierno Petro enviaron mensajes a los delegados del ELN para reunirse y analizar el panorama de los diálogos, pero nunca hubo una respuesta concreta. Los días pasaron y solo se conocían escritos de Antonio García, comandante del ELN, en los que lanzaba duras críticas contra el Ejecutivo y hablaba de incumplimientos.

Vera Grabe e Iván Cepeda, jefes negociadores y quienes siempre han tenido una gran paciencia con el ELN, se cansaron y acudieron a la misma vía para pedirles que públicamente dijeran si estaban interesados o no en seguir dialogando. Nunca hubo respuesta y, por el contrario, ese grupo criminal siguió delinquiendo.

A pesar de que la ONU y la Iglesia católica hicieron llamados a las partes para que se reunieran y se buscara la manera de prorrogar el cese por unas semanas, nada se logró concretar. El Comando Central reapareció el 3 de agosto en la mañana con una petición absurda y que demostró que ya no había nada por hacer: el cese se vencería sin acuerdo alguno.

A través de un comunicado, el ELN le comunicó al Gobierno nacional su postura frente a la continuación de los diálogos de paz. De acuerdo con la guerrilla, si se quiere continuar con el cese al fuego bilateral, deben sacar al ELN de la lista de Grupos Armados Organizados.

En primer lugar, la guerrilla aseguró que no tenía el propósito de seguir una “guerra de comunicados” con el Gobierno. De esa forma, dijo haber cumplido todos los acuerdos hasta ahora, mientras que el Estado muestra un “reiterativo incumplimiento”.

“Hasta el momento el ELN ha cumplido todos y cada uno de los acuerdos firmados. Por parte del Gobierno hemos asistido a su reiterativo incumplimiento que ha sometido a cíclicas crisis el proceso de paz, ha hecho caso omiso a nuestras solicitudes y pretende con un manejo mediático modificar o tergiversar lo pactado”, señaló en el comunicado.

Sin embargo, manifiestan que “existe un camino” para retomar las conversaciones y es “cumplir los acuerdos que hemos señalado como incumplimientos de parte del Gobierno”.

“Aprovechando que su delegación de diálogos ha manifestado que ‘existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde’, entonces la haga efectivo decreto presidencial retirando al ELN de la lista de los GAOr”, se lee en el documento.

Lo escrito en ese comunicado evidenciaba que no habría prórroga y que sencillamente el ELN estaba enviando un mensaje al Gobierno Petro. Sobre esa petición del grupo criminal, José Félix Lafaurie dijo que era una postura extorsiva y que el Ejecutivo no podía complacer a ese grupo.

“Absolutamente inadmisible pretender a última hora que el Gobierno le dé un estatus de legitimidad a un grupo calificado como terrorista. No solamente es violar la Ley 1908 del 2018, sino incumplir otra ley del año 94 que aprueba el protocolo adicional a los convenios de Ginebra”, dijo el negociador.

Sobre este tema, la senadora María Fernanda Cabal dijo que el ELN quiere obtener un estatus a través de presiones por lo que pidió al Gobierno Petro mantenerse firme para proteger a los ciudadanos y rechazar las pretensiones de los elenos.

“El ELN ha demostrado reiteradamente su desprecio por los acuerdos de paz y por la seguridad del país, siendo responsables de innumerables actos de violencia, secuestro y narcotráfico. Sus acciones no solo han puesto en peligro la integridad territorial y la seguridad nacional, sino que también han afectado gravemente la vida de miles de colombianos inocentes. Ceder a sus demandas sería traicionar la memoria de las víctimas y poner en riesgo la estabilidad y el orden público de nuestra nación”, dijo.

Ahora tenemos a los terroristas del ELN exigiendo al Estado colombiano que los saquen de la lista de los Grupos Armados Organizados (GAOs), con la pretensión de obtener un estatus de legitimidad que jamás podrán alcanzar debido a su carácter ilegal y criminal. Esta demanda es… pic.twitter.com/TIMp6JahFh

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 3, 2024

Juan Camilo Restrepo, quien estuvo al frente de la delegación de paz en el Gobierno Santos para los diálogos con el ELN, resumió esa petición del grupo criminal en una idea de buscar un estado de beligerancia que les permitiría un reconocimiento del derecho internacional humanitario al considerar que están alzados en armas en contra de una dictadura o un estado ilegítimo, caso que no es el de Colombia.

“El reconocimiento del estado de beligerancia le otorga al grupo que lo reciba la facultad, entre otras cosas, para administrar e impartir justicia dentro del territorio que acrediten controlar, y una serie de otras prerrogativas que los facultan para actuar como un “estado dentro de otro estado””, dijo.

Mucho cuidado con la petición del ELN de que los saquen de la lista GAO

Hoy tres de agosto- la fecha en que expira o se renueva el cese al fuego con el ELN- este grupo divulga un comunicado aparentemente igual a los que acostumbra divulgar, pero que en esta ocasión contiene un…

— Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) August 3, 2024

Aunque ese escenario ya se descartó y el Gobierno Petro no respondió a la petición del ELN, está claro que el grupo criminal buscará ese reconocimiento y si continúa la mesa de diálogo, será algo que pida nuevamente.

En la teoría, porque falta conocer la orden del Gobierno Petro, las Fuerzas Militares tendrán que copar de inmediato todas las zonas donde opera el ELN y combatirlas para proteger a los colombianos de sus actividades delincuenciales. No obstante, ese trabajo no será fácil porque el mecanismo duró más de un año y la guerrilla debe estar más fortalecida que de costumbre.

En la historia del ELN hay evidencia de que al terminar estos procesos de cese al fuego, buscan mostrar un “fortalecimiento” a través de acciones terroristas por lo que no está descartado que en esta ocasión quieran hacer lo mismo.

Sobre este particular, Lafaurie aseguró que los colombianos deben estar tranquilos porque “si viene una escalada de violencia por parte de ellos, pues la fuerza pública, en defensa del ciudadano, tendrá que confrontarlos de manera debida y en consecuencia no hay que asustarse porque se termine el cese de fuego”.

Por ahora, se desconoce el futuro de la negociación que el Gobierno Petro presentaba como la más avanzada de su política de paz total y diferentes voces piden reorientar el rumbo de la misma por considerar que sencillamente se están entregando beneficios a los elenos.

Sumado a todo este panorama, la crisis en Venezuela por el fraude electoral de Maduro también complica el tema de los diálogos porque ese país es garante de los diálogos y en este momento no sería bien visto que delegados del Gobierno colombiano viajaran a reunirse con guerrilleros. Para nadie es un secreto que algunos de los elenos están protegidos por el régimen y esa situación política también tiene tambaleando las negociaciones de paz en Colombia.

José Félix Lafaurie (J. F. L.): Absolutamente inadmisible pretender a última hora que el Gobierno le dé un estatus de legitimidad a un grupo calificado como terrorista. No solamente es violar la Ley 1908 de 2018, sino incumplir otra ley del año 94 que aprueba el protocolo adicional a los convenios de Ginebra.

En consecuencia, me parece que lo que están pidiendo a última hora, casi que de una manera extorsiva, no tiene sentido. No creo que el Gobierno pueda acceder a eso, entre otras cosas porque tendría que modificar una Ley de la República y no dependerá de la voluntad que pueda o no tener en este caso, sino el cumplimiento de una norma de carácter superior.

SEMANA: ¿El ELN quiere extorsionar al Gobierno Petro?

J. F. L.: El ELN ha venido teniendo una conducta que no se compadece con la generosidad del Gobierno. El Gobierno Petro ha intentado buscar el mejor espacio para tramitar aquellos reclamos que ha tenido a lo largo del proceso de negociación. Incluso, aceptó la misma agenda que venía del año 2014 o 2015 con el gobierno del presidente Santos, y la prueba es que un año después se terminó de completar el primer punto de la agenda. Por consiguiente, el comunicado del ELN, donde solicita precisamente que le quiten esa condición para dar un estatus de legitimidad, viene acompañado de una serie de imprecisiones y supuestas violaciones al cese el fuego por parte del Gobierno que no son ciertas.

SEMANA: Pero ellos dicen que el diálogo con el frente Comuneros es lo que genera ese incumplimiento…

J. F. L.: En el caso concreto de los Comuneros del Sur, se atendió un justo reclamo de la ciudadanía duramente golpeada por todos los factores de violencia en la zona y el mismo gobernador de Nariño estuvo muy presente en las pretensiones, si se pueden llamar así, de ese grupo del ELN para atender los reclamos de la comunidad. La verdad es que el Comando Central no ha venido actuando de una forma correcta o no han correspondido con la forma que el gobierno ha venido actuando.

SEMANA: Pero ellos aseguran que el Gobierno Petro ha incumplido y por eso piden que los saquen de esa lista de terroristas. ¿Alguien del Ejecutivo se los prometió?

J. F. L.: No, en absoluto. Y le repito, es que la Ley 1908 es absolutamente clara con respecto a la manera como hay que proceder con organizaciones criminales y, en este caso, una organización que sigue estando como un grupo terrorista a nivel internacional no puede tener estatus. El Gobierno no puede desconocer esa norma, como tampoco puede desconocer el protocolo adicional al Convenio de Ginebra.

Entonces me parece que cuando uno dice una cosa de ese último momento y de una forma prácticamente como diciendo: o lo toma o lo deja, pues yo lo que creo es que el Gobierno tendrá que dejarlo y en consecuencia a las 12:00 de la noche (del 3 de agosto) expirará el término que se había acordado para el cese al fuego.

SEMANA: Con el vencimiento del cese al fuego, ¿qué va a pasar con la negociación?

J. F. L.: Pues la negociación también se puede hacer y así arrancó. El cese al fuego se acordó posteriormente. Es más, hubo quienes sugirieron no pactar el cese al fuego. Yo, por ejemplo, era partidario de pactar un cese, pero localizado y en una región específica, para poder avanzar en aquellos elementos transformadores de un territorio para que cesara la violencia. Perfectamente, se puede seguir avanzando sin el cese al fuego. Ahora, si viene una escalada de violencia por parte de ellos, pues la fuerza pública, en defensa del ciudadano, tendrá que confrontarlos de manera debida y en consecuencia no hay que asustarse porque se termine el cese de fuego.

SEMANA: Todo lo que está ocurriendo en Venezuela con Nicolás Maduro y el robo de las elecciones, ¿podría afectar la mesa de diálogo?

J. F. L.: Claro, es que hay varios temas más allá del tema logístico. Hay un comunicado del ELN en la que reivindica su condición de fuerza armada insurgente en Venezuela y en defensa de (Nicolás) Maduro y dice que sus armas están al servicio para poder protegerlo, lo dice claramente, lo cual implica que aquí estamos frente a un grupo armado binacional que opera en Colombia y en Venezuela. Segundo, yo creo que el país tiene derecho, y especialmente el Gobierno, de saber en qué terminó el sexto Congreso del ELN, porque una cosa era el mandato que eventualmente podía tener esta delegación que se desprendía de los elementos sobre los cuales concluye el quinto Congreso de 2016 y otra cosa muy diferente es lo que está sucediendo en 2024.

La Colombia de 2024 no tiene nada que ver con la Colombia de 2016, entre otras cosas porque gobierna un ciudadano que fue guerrillero, que se incorpora a la vida civil y a través de un proceso democrático obtiene la Presidencia de la República. Entonces, son dos circunstancias totalmente diferentes y creo que tenemos todo el derecho de saber qué ha pensado el ELN frente a un tema como el secuestro extorsivo, que había sido pactado para dejarlo y que después dijeron que no. Tercero, dejaron de concurrir al sistema de monitoreo y de verificación; en consecuencia, los incidentes son constitutivos de violación del cese, pues hay cientos de ellos que nadie puede afirmarlo en un sentido o en otro, porque simplemente no se han discutido en la mesa. Yo creo que hay muchos elementos que realmente obligan a un alto en el camino, tener una reunión entre los jefes de la delegación y de pronto un grupo pequeño, para poder aclarar todos estos elementos.

SEMANA: Pero dicha reunión no sería en Venezuela...

J. F. L.: En Bogotá nos hemos reunido, yo no creo que haya dificultades para contar con las salvaguardas propias, tanto judiciales como de seguridad física, y puedan reunirse Pablo Beltrán con Vera Grabe, que es la jefa de la delegación. En cualquier región pueden hacerlo.

SEMANA: ¿Ya se reunió con Gustavo Petro?

J. F. L.: Claro, yo estuve con él el jueves y hablé largamente sobre temas de reforma rural integral, temas del sector ganadero, especialmente el tema de la leche, y, por supuesto, también tuvimos la oportunidad de tocar los temas propios de este esta negociación.

SEMANA: ¿Y le aceptó su propuesta de congelar este diálogo con el ELN?

J. F. L.: Escuchó respetuosamente. Le reiteré mi propuesta porque la he hecho públicamente. Me parece que el Gobierno no puede aceptar esto que está pasando y no creo que el ELN tenga que reclamar nada cuando, por lo menos, en lo que yo he podido observar, el Gobierno ha sido respetuoso de estos diálogos y ha abierto unos escenarios que anteriormente no estaban abiertos. La prueba es que llevamos siete ciclos y 28 acuerdos.

Cuando se implementó el parqueo en vía, la Terminal de Transporte, que es la entidad encargada de operar su funcionamiento, estimó que el equilibrio del sistema podría darse tan solo alrededor del cuarto año de operación del proyecto. Es decir, que el Distrito era consiente de que en los primeros cuatro años el parqueo en vía iba a generar más gastos que ingresos.

No obstante, los ingresos obtenidos hasta el momento, son muy inferiores a las cifras proyectadas por la Terminal de Transporte.

Explicado de otra manera, solo hasta después del cuarto año de operación, es decir, en el 2026, las Zonas de Parqueo iban a empezar a girar recursos al Fondo de Estabilización Tarifaria, pero hoy ese hito, al parecer, es incierto, tal cual como advierten varios concejales de Bogotá.

Cuando se estructuró el proyecto de las Zonas de Parqueo Pago, la proyección de ingresos establecía que para 2022 se iba a recibir 37.486 millones de pesos; para 2023, 95.030 millones de pesos, y para 2031, 149.611 millones de pesos. Los resultados obtenidos hasta el momento son muy diferentes.

De acuerdo con cifras reveladas por el concejal de Cambio Radical, Rolando González, los ingresos en el 2022 fueron de 5.413 millones de pesos, tan solo el 14,4 % de la proyección estimada. Ese año, los gastos acumularon 9.173 millones de pesos.

Para el 2023 el panorama fue igual de sombrío. Los ingresos, según las cifras divulgadas por González, fueron de 11.240 millones de pesos, tan solo el 11,8 % del proyectado desde un comienzo. En el 2023 los gastos fueron de 16.053 millones.

Con corte al 30 de abril de 2024, y de acuerdo con las cifras expuestas por el concejal de Cambio Radical, los ingresos suman 23.223 millones de pesos, mientras que los gastos son de 32.716 millones, lo que supondría que el déficit del sistema supera los 9.000 millones de pesos.

Frente al panorama financiero, la Terminal de Transporte le aseguró a SEMANA “el recaudo al 30 de junio fue de $24.678 millones. Para la vigencia 2023 el proyecto recaudó en promedio mensual $930.690.896, en este 2024 el promedio aumentó a 1.314.584.837, es decir, el promedio mensual de crecimiento es de un 41 %”.

La Terminal agregó que de momento “los recursos que genera el proyecto ZPP son destinados para la operación del proyecto y una vez se generen excedentes, estos se destinarán al Fondo de Estabilización Tarifaria del Transporte Público - FET - y al mejoramiento de la malla vial donde opera”.

De acuerdo con la Terminal de Transporte, “desde febrero de 2024 los ingresos del proyecto cubren la totalidad de los gastos operacionales que se generan mensualmente y los excedentes se están destinando para pagar a la Terminal de Transporte S.A. la financiación que realizó en la etapa de implementación”.

En todo caso, la Terminal proyecta que a partir del primer semestre de la vigencia 2026 se generen excedentes para transferir al FET. “Las transferencias se realizarán desde el 2026 al 2031 por un valor proyectado de $92.000 millones”, subrayó.

‘Falta de capacidad’

Para el concejal del Nuevo Liberalismo, Juan David Quintero, cuando la administración de Claudia López entregó el contrato de operación de las Zonas de Parqueo Pago a la Terminal de Transporte, lo hizo sin tener en cuenta su falta de capacidad e idoneidad para prestar dicho servicio.

Además, de acuerdo con el cabildante, la misma Terminal fue quien estructuró el modelo de negocio de la operación pública de estacionamiento en vía, beneficiándose y convirtiéndose en el intermediario del negocio, subcontratando a Terminales de Transporte de Medellín y ETB.

Según lo explicó el concejal, todo se trató de una ‘jugadita’ en la Alcaldía de López.

“La jugadita es que la Terminal participó en: la prueba piloto, estructuración del esquema público y ahora operación del servicio de parqueo en vía. ¡Es evidente! La contratación directa se usó para favorecer a la Terminal que ya tenía información privilegiada sobre el servicio”, mencionó.

Para Quintero, “la Terminal de Transporte no tenía la idoneidad, ni experiencia en manejo de parqueo en vía, ni plataformas digitales como la que usa ahora, ni la capacidad, pues su objeto social no hace referencia al respecto”.

La aplicación con ETB

Al momento de hacer uso de las zonas de parqueo pago los ciudadanos deben realizar el pago de forma anticipada. Si pagan de más no les devuelven su dinero, pero si se pasan del tiempo les ponen un cepo y para que se lo retiren deben pagar $100.000 si es un vehículo y $70.000 si es una moto.

Aunque la mayoría de los usuarios pagan en efectivo, la Terminal de Transporte salió a subcontratar con la Terminal de Transporte de Medellín y la ETB, la operación de la plataforma tecnológica del parqueo en vía. Sin embargo, según lo alertan los concejales, esta aplicación tiene serias deficiencias.

“La aplicación encargada del Parqueo en vía la proporcionó ETB. Para esta aplicación se invirtieron 2.384 millones de pesos, y es la principal razón por la cual el parqueo en vía no funciona en Bogotá. La aplicación presenta muchas fallas en cómo se paga, cómo se inscriben y en cómo se cancelan las multas (pago de cepos) y es muy poco amigable como funciona, entonces genera muchísimas más dudas, que respuestas”, señaló el presidente del Concejo, Juan Javier Baena.

🚨 La situación de @ETB es una muestra evidente de cómo la ineficiencia y la falta de cumplimiento han convertido a esta empresa en una carga para Bogotá. La inversión de $2.384 millones en una aplicación para Parqueo en Vía es otro fracaso. pic.twitter.com/yjdTxiPX8s

— Juan Baena (@juanbaenam) July 31, 2024

En medio de esas fallas en la aplicación móvil, los operadores del parqueo en vía cobran en efectivo tanto por el estacionamiento, como por el cepo, pero según como lo denuncia el concejal Juan David Araque, no entregan facturas a los usuarios.

“¿Cómo se lleva control de los recursos ingresados por concepto del cepo si se cancelan en efectivo a los operadores? Si un parqueadero público está en la obligación de expedir facturas, ¿por qué la Terminal de Transporte no lo hace con la prestación del servicio y con la imposición del cepo?”, dijo Araque.

En relación con la subcontratación con ETB, la Terminal de Transporte afirmó que “teniendo en cuenta la evolución del proyecto y la necesidad de desarrollar una plataforma digital mucho más intuitiva y amigable, la Terminal de Transporte de año identificó que la ETB estaba en capacidad de integrar todos los servicios que actualmente requiere el proyecto Zona de Parqueo Pago”.

La entidad agregó que “actualmente, la APP ZPP-Bogotá cuenta con 1.115.402 usuarios, de los cuales 465.324 corresponden a usuarios registrados en el 2024. Es importante destacar que un 48 % de usuarios realiza el registro y pago a través de los aplicativos digitales, lo cual ratifica el crecimiento en el uso de esta herramienta”.

Para la ejecución de este contrato, la empresa asignó un presupuesto de $2.384.611.390 IVA incluido, distribuido así: para la vigencia 2023, se destinó la suma de $963.905.399, y, para la vigencia 2024, la suma de $1.420.705.991.

Con todo el panorama expuesto desde el Concejo, quedaría en evidencia que las Zonas de Parqueo Pago no estarían funcionando en Bogotá.

No obstante, la Terminal de Transporte precisó que “más allá del recaudo, el proyecto ha permitido la recuperación de 68 km de espacio público. Además, las Zonas de Parqueo Pago han permitido la reducción del 28,9 % en siniestros viales en las áreas de influencia y una disminución del 5,1 % en casos de hurtos, gracias a la articulación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Nacional, la Red de Apoyo, la Red de Cuidado y el despliegue y fortalecimiento de los frentes de seguridad ciudadana”.

Resta esperar hasta el primer semestre de 2026 para ver si se cumplen las proyecciones.