La existencia de un poder judicial, una organización electoral o una asamblea legislativa son una mascarada en Venezuela.

La realización misma de la elección del 28 de julio fue otra mascarada. Una farsa en todas sus etapas. La inhabilitación de María Corina Machado, la exclusión de la población en el exilio, la asimetría de cobertura de prensa, los recursos públicos usados por Maduro, al fin de cuentas todo lo sucedido, desde la programación y postergación del calendario electoral —e incluso desde antes— era claramente una manipulación grosera, sin vocación real de prosperidad en términos de transparencia y respeto de la voluntad popular.

Todo mascarada, todo simulación.

Es inevitable formular dos interrogantes severos: ¿Por qué era pertinente para la dictadura realizar elecciones que iba a manipular y cuyo resultado no pretendía respetar, sino consagrar al tirano?, ¿por qué, a pesar de todas las evidencias de falta de sinceridad y ausencia total de espíritu democrático del régimen de Maduro, se le creyó al proceso electoral, tanto en la comunidad internacional como en la población venezolana?

Herederos de la tradición tiránica soviética, preservada y actualizada por el aparatchik cubano que controla grandes porciones del estado venezolano, Chávez y Maduro celebran los rituales electorales en la misma forma en que mantienen la farsa de la separación de poderes.

Sin embargo, no parece razonable. ¿Por qué asumió la dictadura todo el desgaste de realizar las elecciones, de darle espacio y oxígeno político a la oposición y de arriesgar, como ahora, la rebelión justificada de los ciudadanos engañados?

La primera razón parece geoestratégica. Todo el proceso, incluyendo los acuerdos incumplidos de Barbados, apuntaron y lograron el relajamiento de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Una meta significativa que, aprovechando la credulidad, fingida o real, de los Estados Unidos, ha —sin duda— alimentado la capacidad de lucha de la dictadura que la potencia del norte pretendía socavar con largos años de sanciones. De encime, Estados Unidos entregó a uno de los más perversos operadores del régimen como Alex Saab.

El engaño era tan evidente que queda la duda sobre cuál fue la verdadera intención de los Estados Unidos. ¿Existe algún oscuro cálculo de las burocracias del Departamento de Estado detrás del levantamiento de las sanciones? En las fantasías del interés nacional de Washington, el sacrificio del pueblo venezolano, incluido el riesgo agravado de un aumento de inmigración, puede justificarse en cualquier migaja de ventaja sobre China y Rusia en la región.

Otro objetivo esencial es la estructuración del relato. La izquierda marxista mundial requiere de la pantomima de las elecciones para mantener su coherencia. De allí, incluso, la mitología de que —hágame el favor— el sistema electoral era el mejor del mundo. A esta mitología, replicada en nuestro país como acto de fe por todo el liderazgo del Pacto Histórico, se le agregan otras como las de la interferencia de poderes externos, la calificación de fascistas a la oposición y el mito mayor: el de que la gente vive divinamente con Maduro, que la pobreza es mínima, que la horrible emigración no existe y que la libertad no les hace falta a los venezolanos.

Y en ese mundo de fantasía, como en Cuba, en la antigua cortina de hierro o en Rusia, las elecciones cumplen con la condición nominal que le permite a la democracia popular de corte soviético declararse como democracia, apropiándose del término, así en la realidad no existan ninguno de sus elementos ni se cumplan sus principios.

Y el poder del relato, sumado a la desesperanza, también explican nuestro segundo gran interrogante. Como en toda relación entre victimario y víctima, se construye un nexo psicológico perverso. La subordinación marcada por la crueldad y el cinismo deriva habitualmente en la confusión de las víctimas. La desesperanza se combate con la ilusión. Por ello es difícil culpar a la población venezolana por participar con ilusión en el único espacio democrático en años. Prefieren engañarse y entregarse a la ilusión de que el régimen por fin reconocería la voluntad popular, a pesar de que no existía ninguna señal positiva y, por el contrario, se sumaban las negativas.

Los países vecinos y lejanos, con interés o sin él, han preferido creer, no con base en un cálculo elaborado como el de los gringos, sino por una mezcla de convencimiento y vergüenza. Porque el vergonzoso estado de cosas de Venezuela hiere el prestigio de las naciones latinoamericanas, degrada la dignidad humana de sus propios habitantes y asusta a sus gobernantes ante la amenaza de una nueva ola de migración de desesperados.

Los venezolanos están solos. Quienes reclaman que la civilidad y la sumisión rijan la insurrección, le hacen el juego a la siniestra dictadura y su infame represión. Quienes como Petro protegen y justifican al abusador, recibirán sus recompensas de silencios y apoyos, pero deberán pagar el costo electoral de su infamia. Sus relatos no los salvarán.

En el mundo hemos sido el país que asumió los mayores costos de la diáspora venezolana. Se estima que cerca de tres millones de venezolanos fueron acogidos en nuestro país en diferentes momentos, generando uno de los éxodos más relevantes registrados en las últimas décadas. Ha sido una migración caótica y deshumanizada —donde los diferentes países de la región han impuesto barreras y adoptado políticas buscando evadir o deshacerse del problema en diferentes momentos de la crisis—. Colombia ha tenido que aceptar la población venezolana migrante, sin restricciones, porque resulta imposible contener ese fenómeno.

Es un hecho que el eventual mantenimiento del régimen espurio de Maduro generará un tremendo conflicto social en una población que ve el cambio de régimen como la única esperanza. Muchos venezolanos tomarán la decisión razonable de no esperar otros seis años para una nueva decepción, y buscarán nuevos horizontes fuera del vecino país. Desafortunadamente, para nosotros todos los caminos de la población venezolana pasan por Colombia y ese debería ser el mayor condicionante de cualquier conversación que asuma el Gobierno colombiano frente al régimen de Nicolás Maduro.

Es evidente que Colombia no tiene la capacidad económica, de empleo, ni de servicios sociales para asumir una segunda ola de la ‘peregrinación’ venezolana. Probablemente una nueva migración se orientaría principalmente hacia los Estados Unidos. Es evidente que Panamá y otros países centroamericanos están implementando políticas restrictivas al tránsito por sus territorios, lo cual desembocará en que nuestro país esté sujeto a una tremenda crisis humanitaria, que terminará afectando a la población colombiana en aspectos como altas tasas de desempleo, sumado a una situación económica muy compleja.

Será difícil estimar el costo para nuestro país, porque las escasas cifras disponibles provienen del costo de la protección social, concretamente de los servicios de salud. Tan solo en 2021, el Gobierno nacional tuvo que destinar $ 460 mil millones para cubrir los servicios de urgencias demandados por la población venezolana en los hospitales colombianos. Ante el desajuste de las finanzas de hospitales públicos de frontera —y de otras grandes ciudades— se tomó la decisión de afiliar masivamente a los migrantes al régimen subsidiado. Cerca de 700 mil se acogieron en ese entonces con estatus migratorio temporal, lo cual costó cerca de un billón de pesos, anualmente.

¿Cuánto es el costo de los demás servicios sociales que ha tenido que asumir el Gobierno colombiano durante los pasados años para atender la situación migratoria venezolana?, ¿cuál ha sido el costo de absorber e integrar a los migrantes? El actual gobierno debería tener en la mesa esas cifras, mientras desde la sala de crisis del Palacio de Nariño, se conversa con México y Brasil o se adelantan contactos con la dictadura.

Claramente una masa de migrantes jóvenes puede tener un efecto benéfico, mediante el bono demográfico, originado en su inserción a la sociedad que los acoge. Sin embargo, los movimientos migratorios observados a lo largo del continente muestran que existe una proporción importante sin vocación para asentarse en el país. La mayoría de los venezolanos añoran su territorio, muy especialmente esa nación que prosperó antes que la pesadilla chavista se adueñara de ella.

El Gobierno colombiano se encuentra en una situación privilegiada para influir el destino de Venezuela, pero su eventual fracaso va a traer consecuencias muy graves para nuestro país. El fantasma ideológico es la principal debilidad del gobierno del cambio para asumir esta crisis. Si no se adopta una actitud pragmática, basada en los intereses de nacionales, vamos a tener consecuencias de largo plazo que, apuntarán indefectiblemente a las decisiones y mensajes que envíe el presente gobierno.