Las causas del accidente aún se desconocen. El hecho ocurrió en la Autopisa Norte y los Bomberos de Bello acudieron con dos ambulancias, una máquina extintora y una camioneta.

En el sitio también hubo presencia del personal de la Secretaría de Movilidad y se realizó la respectiva atención y valoración inicial de las personas afectadas.

En medio de la angustia y el susto de los que observaron el incidente, las autoridades reportaron que 6 personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales de Medellín, tres de ellas con posibles fracturas y otras tres al hospital Marco Fidel Suarez y Clínica del Norte, ninguno reviste gravedad.

#Bello/ se presentó accidente de tránsito obre la autopista norte. Las causas están aún por establecerse.
En estos momentos, Bomberos Bello atiende situación con dos ambulancias, máquina extintora y camioneta.
Se está haciendo triaje verde a cerca de 20 personas.
se reportan 6… pic.twitter.com/HsFlxTVVE7

— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 6, 2024

Mientras que los heridos fueron atendidos por las autoridades, no hay reporte oficial de por qué ocurrió el accidente, pues en Medellín y los municipios aledaños se han presentado fuertes lluvias en estos últimos días.

Además, buscan establecer si realmente el bus se habría montado al separador vial, lo que causó el volcamiento y que impactara además una motocicleta.

#Bello/ se presentó accidente de tránsito obre la autopista norte. Las causas están aún por establecerse.
En estos momentos, Bomberos Bello atiende situación con dos ambulancias, máquina extintora y camioneta.
Se está haciendo triaje verde a cerca de 20 personas.
se reportan 6… pic.twitter.com/Gb7xi3bWOe

— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 6, 2024

Estas son las víctimas que dejó trágico accidente en Medellín: camión se llevó por delante 14 carros y dos motos

Medellín no sale del asombro por el trágico accidente de tránsito que se reportó en la mañana de este viernes 2 de agosto en el sector de Guayabal: el conductor de un camión arrolló 14 carros y dos motocicletas, dejando a dos personas sin vida y a cuatro más heridas.

Las víctimas mortales se movilizaban en una moto y, al parecer, tenían una relación sentimental. Los dos fueron atropellados por el cabezote de este vehículo de carga pesada y perdieron la vida una vez fueron impactados.

Ellos fueron identificados como Daniela Suárez Sánchez y Santiago Herrera Restrepo: “Víctimas en calidad de conductor y acompañante de motocicleta”, reportó la Secretaría de Movilidad de la capital de Antioquia.

La historia es una completa tragedia. El responsable de este accidente sería un hombre de 23 años que, minutos antes del hecho, se había robado el vehículo con el que ocasionó todo. Así lo reveló la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Él tomó el automotor de un taller mecánico del barrio Guayabal y, en medio de la fuga, perdió el control. En imágenes que circulan en las redes sociales se captó el momento exacto: el carro se descargó con toda su potencia sobre todos los conductores y pasajeros.

El individuo fue detenido y ahora deberá responder por los delitos de homicidio culposo en concurso con hurto calificado y lesiones personales. En las últimas horas, fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de judicialización.

“Las familias de las personas fallecidas serán acompañadas por el centro de atención de víctimas de la Secretaría de Movilidad para brindarles acompañamiento psicológico y jurídico en esta situación”, afirmó el encargado de esa dependencia, Mateo González.

SEMANA reveló un escandaloso audio en el que Óscar Iván Zuluaga advertía a Daniel García Arizabaleta cómo mentirle a la justicia con el ánimo de evitar cualquier investigación en su contra y de su hijo. Sin embargo, la propuesta ilegal se quedó en ese audio que más tarde se convirtió en la prueba más fuerte en su contra por la presunta financiación ilegal de su campaña.

“Le dije: ‘Padre, aquí hay un secreto que hemos tenido con Daniel y con mi hijo, como un secreto de sangre’. Él me dijo: ‘No, no, no’”, le contó Zuluaga a García Arizabaleta, a quien le entregó detalles de su conversación con el padre Arturo Uría Eguíluz.

La Fiscalía advirtió que este lunes se formalizó la acusación en contra del excandidato presidencial, lo que abre paso a las audiencias preparatorias al eventual juicio por los delitos que fueron imputados y que podrían llevar a una condena a Óscar Iván Zuluaga y también a su hijo; un escenario posible en el marco de la investigación penal.

“Un fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar, como posible responsable de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, así como al señor David Zuluaga Martínez por el delito de fraude procesal”, señaló la Fiscalía.

Dice la Fiscalía que cuenta con material probatorio que demostraría que se ocultaron aportes monetarios hechos por la multinacional brasileña Odebrecht, una estrategia de la que tuvieron conocimiento e incluso participaron Zuluaga Escobar y Zuluaga Martínez, durante el proceso electoral de 2014.

“Los acusados presuntamente tenían conocimiento de que la financiación recibida era ilegal y, a pesar de ello, no habrían presentado ante las autoridades electorales correspondientes los reportes que relacionan dichos ingresos. Esto, se considera, habría hecho incurrir en error a funcionarios públicos que autorizaron la reposición de votos por 25.291 millones de pesos”, advierte el comunicado de la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, otra irregularidad se pudo evidenciar en la declaración de Zuluaga Escobar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este caso, según la Fiscalía, se habría ocultado un aporte de la multinacional brasilera para apoyar la aspiración política tanto en primera como en segunda vuelta.

“Labores de policía judicial permiten inferir que el entonces candidato y algunos asesores de su campaña se habrían reunido en Brasil y Bogotá con delegados de Odebrecht para acordar el pago de 1.610.740 dólares por honorarios que debían ser reconocidos a un reconocido publicista”, se conoció en la acusación contra Zuluaga.

Durante las audiencias preliminares de imputación de cargos que adelantó la Fiscalía por los delitos que fueron sumados a la acusación. Tanto Óscar Iván Zuluaga, como su hijo David Zuluaga, se declararon inocentes.

Las dificultades se dan por cuenta de la intolerancia de una vecina del sector que argumenta que es doctora, y el ruido que generan las mascotas que son atendidas en el mencionado centro veterinario, están afectando su descanso, y al mismo tiempo su desempeño laboral.

De igual manera, la mujer argumenta que al trabajar en un cargo donde vidas humanas dependen de ella y su labor, hará lo que sea necesario para no entorpecer la misma.

En ese sentido, el médico veterinario cuenta que abrió su clínica hace casi ocho meses, donde cuenta con un “servicio 24 horas, y también de guardería. Venimos recibiendo hace unos meses, básicamente, varios mensajes a WhatsApp de un propietario, al cual le incomoda los ruidos”.

“Yo he intentado instaurar comunicación para solucionar este problema, para mitigar el ruido hemos intentado insonorizar todas las áreas de nosotros. Pero, pues en la parte del patio se nos hace demasiado difícil, por lo que algunos pacientes son de guardería también, entonces repetitivamente esta persona nos ha puesto un derecho de petición”, explicó.

Allí les solicitó la documentación, el Plan de Ordenamiento Territorial, uso de suelo, a lo que manifestaron que todos los papeles estaban al día.

“Luego, recibimos una carta de amenaza más complicada, que se vuelve compleja y viene con el veneno de rata, que cae a nuestro patio, y en ese momento nuestras cámaras captan, que cuando cae la carpeta tenemos perros olfatean esta carpeta, absolutamente todo, hasta que nos damos cuenta cuando pasó la revisión de la chica que está dando comida, nos damos cuenta de que la carpeta está ahí y en ese momento la recibimos abrimos”, sostuvo.

“Nos damos cuenta del contenido que tiene. Intentamos dejar pasar, y ahí vamos por la parte legal, con la Policía, una demanda penal hacia la persona, cuando ya lo que dijo bueno, está haciendo y empieza a botar pedazos de comida, el domingo bota uno, un pedazo de tocino y hoy en la madrugada nos cae una parte de chocolatina, una chocolatina la cual también, pues nos genera un poco de preocupación, no solo por el veneno, sino también por lo que está haciendo”, puntualizó.

La carta dice:

“Queridos vecinos

Por meses, mi familia y yo hemos tolerado horas y horas de ladridos. Ya incluso ahora es en las noches. Igualmente, mi esposo y yo hemos, en algunas ocasiones, ido a comentarles de forma amable y cordial que si pueden hacer algo, y a pesar de su amabilidad en la respuesta, nunca han hecho nada (de hecho está cada vez peor).

Yo soy médica, y ejerzo por turnos cruzados de día y de noche, y los ladridos de los perritos me están afectando, y he cometido un par de errores en mi trabajo derivados de no poder descansar durante el día EN MI CASA. Estoy hablando de vidas en mis manos.

Considerando que no hemos sido escuchados (no soy la única persona que está pasándola mal) y tristemente su falta de empatía y responsabilidad social me llevan a hacer lo siguiente:

Desde ahora, dejaré caer en sus patios alimentos pequeños con veneno. Les comparto el mismo que usaré por si algún perrito lo consume, para que sepan qué sustancia contiene sepan cómo tratarlo de forma urgente. Como son anticoagulantes, puede que no haga efecto inmediatamente, pero favor, estén preparados, para que no ocurra algo indeseable.

Sé que esto puede considerado como cruel; sin embargo, estoy dispuesta a hacer lo que sea por el bienestar de mis pacientes a pesar de su negligencia. Estoy priorizando la vida de mis pacientes. Esto lo estaré haciendo desde mañana agosto 2 de forma indefinida hasta que simplemente los ladridos cesen. Mientras sigan existiendo, a diario lanzaremos alimentos con las sustancias que les he compartido.

Deseo, de corazón, lo mejor para ustedes y su negocio también, solamente por favor, eviten un dolor a las personas dueñas de los perritos. Yo misma tengo uno y me moriría si algo le llegara a suceder, pero hacer mi trabajo de forma incorrecta, no es una opción. De verdad les pido que por favor entiendan mi delicada situación, no sé qué más hacer para que ustedes comprendan el impacto que pueden causar en los demás. Lo intentamos de otras formas con anterioridad, pero nunca fuimos escuchados”.

“A la hora informan de una muerte por establecer ciudadano de nacionalidad portuguesa, de 68 años de edad”, dijeron las autoridades.

El sujeto fue identificado como Elder Manuel Martínez Amaral, y fue: “Encontrado por su pareja sentimental sin signos vitales. Lugar: carrera 43A Nro. 17sur-73 Hotel Luxury”.

Sobre el tema se pronunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que: “Nosotros necesitamos que de manera muy rápida Medicina Legal vaya llevando claridad, en la mayoría de los casos, que están por muertes por determinar. La inmensa mayoría de los casos que están por muertes por determinar son muertes que se han dado, donde no se evidencian signos de violencia, ni hurto de pertenencias de estas personas y en la gran mayoría inmensa mayoría de sus casos se presume que son muertes naturales”.

“Pero yo no soy Medicina Legal, yo tengo una información inicial provisional. Nunca voy a ocultar realidades, ustedes me conocen a mí. Yo no soy de los que salgo y digo una cosa que no es y yo lo que sí vengo diciendo es mire la proporción de turistas extranjeros que vienen a la ciudad”, agregó.

Y puntualizó: “Uno tiene que mirar es, que claro, que dentro de las opciones que una persona esté acá, o en cualquier parte del mundo, el tema de muertes naturales, de muertes por accidente. Ya afortunadamente ustedes también han visto la estadística, el tema de los suicidios también ha marcado parte en la agenda. Se han presentado dos homicidios extranjeros en lo que va del año, y los dos se han resuelto”.

Hace unas semanas, la Policía comunicó que en el barrio El Poblado de Medellín se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 74 años, de nacionalidad canadiense. Los empleados del hotel donde se hospedaba solicitaron acompañamiento para ingresar a la habitación 2105, ya que no se tenía noticias del ciudadano desde hace varios días.

Al llegar el cuadrante y entrar con la autorización del administrador, se encontró al canadiense, identificado como Robert Frederick Good, tendido boca arriba en la cama de la habitación, sin signos vitales y sin señales de violencia.

Tras el hallazgo, agentes de la Sijín y de la Fiscalía iniciaron una investigación para determinar las causas de su muerte. Con Good, la capital antioqueña suma 32 extranjeros fallecidos en diversas circunstancias en lo que va de 2024. En 18 de estos casos, las causas de la muerte aún no han sido determinadas, ya que no presentaban signos de violencia.

Coo se trata de un fallo de tutela, la justicia soltó su mazo contra el interventor de la Nueva EPS, Julio Alberto Rincón Ramírez, en su calidad de representante legal de la entidad prestadora de salud. Un juez declaró en desacato al interventor y ordenó su arresto, además de una multa.

“Siendo evidente que con posterioridad al fallo no se ha cumplido con la orden de tutela, pues a la fecha de presentación de la solicitud para iniciar este trámite se denunció que no se había acatado la orden allí impartida, toda vez que no se ha programado ni materializado de manera prioritaria e inmediata la cita de consulta con especialista en urología”, señala la decisión que ha surtido todos los trámites legales.

Desde la Nueva EPS apelaron la decisión de primera instancia, que ordenaba el arresto del interventor y representante legal, sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la determinación, en pocas palabras, que Julio Alberto Rincón tendrá que cumplir con el arresto y pagar las multas por la falta de atención al paciente.

“Lo anterior da cuenta entonces de que la demora aquí presentada por parte de la Nueva EPS es injustificada, y, por lo tanto, a juicio de este despacho, resulta procedente sancionar, hasta tanto se verifique el cumplimiento o las acciones idóneas tendientes a lograr el cumplimiento; de modo que siempre que se obstaculice el efectivo goce del derecho a la salud, deberá procurarse su alcance y efectividad, tal y como lo expresa la Corte Constitucional”, advierte la decisión que declaró en desacato al interventor.

Lo que esperan los usuarios de la salud es que, con la misma contundencia que se ordenaron las intervenciones de EPS como Sanitas, la Superintendencia de Salud hubiese actuado, en esta oportunidad, en un caso que la misma justicia calificó de desafortunado, de un evidente obstáculo para acceder a los servicios de especialización para un paciente que lo requiere con urgencia.

“SANCIONAR por DESACATO al señor JULIO ALBERTO RINCÓN RAMÍREZ, en su calidad de interventor de la NUEVA EPS, con MULTA equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente al día de su pago, y con ARRESTO por un término de un (1) día; que deberán cumplirse como quedó dicho en la parte motiva”, señala la decisión del juzgado y que luego fue confirmada por el Tribunal de Medellín.

Aun después de que la Nueva EPS apeló la decisión que advertía y sancionaba el desacato, la justicia le dio la razón al paciente y ratificó el desacato en contra del interventor por prolongar de manera injustificada la atención en salud.

Por esa razón, adelantó una reunión con su equipo de gobierno, la fuerza pública y los alcaldes de la zona para evitar el paro liderado por la comunidad de La Mojana, que está seriamente afectada por las inundaciones tras el rompimiento de Caregato.

Los manifestantes amenazan con cerrar la carretera Troncal de Occidente en cuatro puntos, en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, razón por la cual se quiere evitar todo tipo de afectaciones.

Los miembros del comité pidieron al mandatario departamental ser facilitador ante el Gobierno nacional, para lograr una solución definitiva al problema de las inundaciones.

“Acabamos de terminar la reunión con los representantes de la zona de La Mojana, región del Caribe colombiano afectada por las inundaciones causadas por el rompimiento de la boca de Caregato. Estos representantes están convocando una protesta pacífica en varias de las vías principales del departamento de Córdoba, por ello habíamos propuesto un diálogo previo a esta protesta porque siempre será mejor el diálogo antes que las vías de hecho”, dijo el gobernador Zuleta.

Acompañado del equipo de gobierno, fuerza pública y alcaldes del San Jorge, escuchamos a representantes de la Mojana, región del caribe Colombiano afectada por las inundaciones causadas por el rompimiento de Caregato.

Los miembros del comité me han pedido ser facilitador ante… pic.twitter.com/CYEjwkCGF5

— Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) August 4, 2024

Zuleta se comunicó con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con la finalidad de establecer una mesa de diálogo lo antes posible. “Solicitamos al Gobierno nacional, al señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que atiendan el llamado de la comunidad de la región y también de mi persona como gobernador del departamento, y podamos establecer una mesa de diálogo con estas comunidades donde podamos definir responsables, acciones y tiempos que permitan tener una solución estructural a esta problemática que ha sido aplazada durante años”.

Así mismo, pidió acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y a los entes de control, al tiempo que expresó su compromiso de seguir escuchando a la comunidad y trabajar en conjunto para superar esta crisis. Además, hizo un llamado a evitar las vías de hecho, “que solo empobrecerían aún más este territorio”. “La Mojana necesita soluciones, llevamos años esperando, ¡no más dilaciones!”, expresó el gobernador Zuleta en su cuenta de X.

El paro está acordado para iniciarse este 7 de agosto del año en curso desde las 6 de la mañana, a la altura del sector de La Ye, en la vía que del municipio de Sahagún conduce hacia Montería.

El punto central de la protesta se hará sobre el puente del río San Jorge, a la altura del municipio de La Apartada, al igual que en La Ye de Planeta Rica y se planea también bloquear la entrada al aeropuerto Los Garzones, de Montería.

Las partes que estuvieron en la reunión están a la espera de la respuesta del ministro Cristo para definir la hora y el lugar de la reunión que, en todo caso, debería ser este martes, ya que el paro está convocado para el 7 de agosto.

Durante la jornada de este lunes, 5 de agosto, el SGC ha registrado varios movimientos sísmicos en el territorio colombiano. Sin embargo, en su mayoría han sido de baja magnitud.

El más fuerte ocurrió a las 5:15 a. m. en el Eje Cafetero, desde donde usuarios de la red social X dijeron haberlo sentido en Quindío, Pereira, Armenia y otros municipios de la región. Según el reporte del SGC, el movimiento tuvo una magnitud de 2,8. Asimismo, en la tarde se registró uno en Bogotá.

Siga el minuto a minuto

6:02 p. m. Océano Pacífico

Magnitud: 3.8

Profundidad: superficial (menor a 30 km)

Hora local: 2024-08-05 18:02:18

Hora UTC: 2024-08-05 23:02:18

Latitud: 6.86°

Longitud: -77.83°

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2024-08-05, 11:02 hora local Magnitud 3.1, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Pueblo Bello - Cesar, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/qtIvjRpm7T

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 5, 2024

5:35 p. m. Bogotá, Cundinamarca

Magnitud: 2.1

Profundidad: superficial (menor a 70 km)

Hora local: 2024-08-05 17:35:07

Hora UTC: 2024-08-05 22:35:07

Latitud: 4.51°

Longitud: -74.10°

3:01 p. m. Los Santos, Santander

Magnitud: 2.5

Profundidad: 138 km

Hora local: 2024-08-05 15:01:43

Hora UTC: 2024-08-05 20:01:43

Latitud: 6.76°

Longitud: -73.16°

11:02 a. m. Pueblo Bello, Cesar

Magnitud: 3,1

Profundidad: superficial (menor a 30 km)

Localización: 10.65°,-73.54°

Municipios cercanos: Pueblo Bello (Cesar) a 25 km, Valledupar (Cesar) a 37 km, San Diego (Cesar) a 52 km.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2024-08-05, 11:02 hora local Magnitud 3.1, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Pueblo Bello - Cesar, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/qtIvjRpm7T

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 5, 2024

6:57 a. m. Fúquene, Cundinamarca

Magnitud: 2,3

Profundidad: 138 km

Localización: 5.39°,-73.78°

Municipios cercanos: Fúquene (Cundinamarca) a 3 km, Susa (Cundinamarca) a 8 km, Ubaté (Cundinamarca) a 10 km.

5:15 a. m. Salento, Quindío

Magnitud: 2,8

Profundidad: superficial (menor a 30 km)

Localización: 4.69°,-75.54°

Municipios cercanos: Salento (Quindío) a 6 km, Filandia (Quindío) a 13 km, Calarcá (Quindío) a 20 km.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2024-08-05, 05:15 hora local Magnitud 2.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Salento - Quindío, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/kIkSMfk4af

— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 5, 2024

¿Cómo actuar cuando hay un temblor?

Saber cómo actuar ante un movimiento telúrico es fundamental para prevenir accidentes y aumentar las probabilidades de supervivencia. Estas son algunas indicaciones detalladas, tanto por los CDC como por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD):

• Alejarse de objetos de vidrio, objetos colgantes, estantes de libros, vitrinas o de otros muebles grandes que se puedan caer.
• Si hay objetos cerca, usarlos para protegerse la cabeza y el rostro en caso de que se presente caída de escombros o vidrios.
• En caso de estar en la cocina al momento del temblor, apagar la estufa y proceder a buscar resguardo.
• Si se está en la cama al momento del sismo, esperar y permanecer allí, protegiendo la cabeza con una almohada. La probabilidad de lesionarse es menor si se queda donde está. El vidrio roto en el piso puede causarle lesiones si camina o se acuesta en el piso.

Lo que no hay que hacer

También es importante tener presentes aquellas acciones o conductas que podrían ser peligrosas, pues elevan el riesgo de sufrir accidentes que fácilmente pudieron prevenirse.

• No salir de la casa ni correr a otros cuartos durante un terremoto. La probabilidad de lesionarse es menor si la persona se queda en un solo sitio.

• No correr desesperadamente fuera de los edificios o casas durante el terremoto, pues podría presentarse la caída de ventanas, postes, luminarias, entre otros objetos.
• No ponerse debajo de los marcos de las puertas. Otras personas podrían tener la misma idea.
• No usar los ascensores. Es posible que durante un terremoto se vaya la luz y estos se detengan.

Las labores de policía judicial le permitieron a la Fiscalía ordenar diligencia de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio El Cofre, de Puerto Caldas, el pasado 2 de agosto, la cual fue materializada por expertos en identificación humana y criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Valle del Cauca y Risaralda, con apoyo de la Policía Nacional.

Durante la diligencia, en un sótano del lugar, las autoridades encontraron elementos materiales probatorios y evidencia física, así como el cuerpo sin vida de la víctima, el cual se hallaba en una fosa clandestina, bajo escombros y tierra. Por estos hechos fue capturado un hombre con el alias de Max, a quien, según las autoridades, le incautaron un computador portátil y un celular de la víctima.

El ente de investigación presentó ante la justicia a alias Max como presunto implicado en la desaparición forzada del funcionario de la Dian. La Fiscalía le imputó al capturado los delitos de desaparición forzada y receptación, cargos que no fueron aceptados. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este hecho se suma a la trágica historia de un mayor del Ejército, quien fue asesinado por su hijo menor de edad. El reporte preliminar de Medicina Legal, con la autopsia al cuerpo del mayor y su hija, reveló una aterradora escena en la que el oficial habría recibido más de 100 puñaladas con varias armas blancas que se encontraron en el sitio. La niña también fue víctima de una brutalidad extrema. En el cuerpo de la menor, hija del mayor, los forenses encontraron los rastros de al menos 72 puñaladas.

El dictamen claramente advierte que la muerte fue un hecho violento “tipo homicidio” y como causa aparecen las lesiones provocadas por las 117 puñaladas que impactaron la humanidad del mayor, en la medianoche del pasado domingo, en el apartamento que compartía la familia en Bogotá.

El mayor de 42 años fue identificado como Fabián Humberto Bueno Carranza, estaba en servicio activo en el Ejército y, hasta el momento, no había reportado problemas o situaciones familiares complejas. Era, en apariencia, un oficial con una vida resuelta, cerca de pensionarse, con normalidad en su trabajo y su hogar.

En sitios estratégicos instalaron cámaras de seguridad en los mercados públicos del Centro de Barranquilla, así como también sirenas y otros elementos para la seguridad de los comerciantes y los compradores.

“Esta Administración llega haciendo, realizando y cumpliendo. Desde que nos posesionamos hemos venido haciendo inversiones en dotación, como motos 0 km, camionetas Hilux, equipos de comunicación, toda una inversión en infraestructura de CAI y estaciones que ya estamos inaugurando, porque para nosotros la seguridad casi que lo es todo, si no hay seguridad no hay prosperidad, y Barranquilla no puede vivir sufriendo lo que está sufriendo”, señaló Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.

De igual manera, dieron a conocer que lo que buscan es incrementar la cobertura actual del sistema de videovigilancia de la ciudad con cámaras, así como desplegar iniciativas innovadoras que permitan promover la integración de capacidades tecnológicas de los frentes de seguridad.

Las zonas donde están siendo instaladas estas cámaras han sido priorizadas y escogidas en colaboración con el grupo Gaula de la Policía Nacional y la Oficina para la Seguridad.

Erika Acosta Sarmiento, comerciante de La Magola expresó su agradecimiento por las herramientas que les han entregado, lo que contribuye a la seguridad del sector.

“Hoy estamos recibiendo sirenas y reflectores, por eso invito a los barranquilleros que se acerquen al mercado de La Magola, que es un mercado bastante seguro, que ya cuenta con cámaras nuevas en los corredores comerciales del Centro, esto genera mucha seguridad para la clientela que busca una variedad de mercancía, tenemos ropa, artículos de uso personal, entre otros. Con estas cámaras llegamos a 24 aquí en el mercado, lo que nos da una mayor seguridad”, dijo Acosta.

Por su parte, Ciro Sánchez, otro comerciante de La Magola dijo que: “estamos muy agradecidos con el Distrito por todas las cámaras y botones de pánico que nos han instalado. También les hago una invitación para que vengan y conozcan el mercado y disfruten de toda la mercancía que tenemos”.

Estas cámaras permiten desplegar todas las acciones de las autoridades para la atención oportuna y efectiva de los motivos de Policía reportados en el marco de la iniciativa, así como suministrar información sobre las zonas de mayor afectación del delito.

“Cumpliendo con lo prometido por el alcalde Alejandro Char, hemos instalado 100 cámaras de seguridad donadas por la Cámara de Comercio de Barranquilla en los primeros meses de su gobierno con el propósito de implementar el programa dirigido a combatir la inseguridad y el delito de extorsión en el Distrito de Barranquilla, contribuyendo así a la prevención y mitigación de la inseguridad en la ciudad”, dijo Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Estos “dudosos” resultados han provocado fuertes protestas en las principales ciudades del vecino país, desencadenando una oleada de violencia. Incluso el régimen ha decidido declararles la guerra públicamente a sus opositores, entre los que se destacan algunos políticos colombianos.

Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, se fue de frente contra María Fernanda Cabal, a la que acusó de ser una narcotraficante. Asimismo, se burló de la senadora por pedir que la ONU tome cartas en el asunto sobre lo qué pasa en la nación petrolera.

“¿Quién es María Fernanda Cabal? Perdónenme. Debe estar ligada al narcotráfico si es colombiana. Lo dice una que participó en los falsos positivos de Uribe, de Santos y de Duque, y que está vinculada al narcotráfico, pero ya le mandó una carta a Guterres. Si Guterres te hace caso, me avisas”, manifestó la mano derecha de Maduro.

Frente a estas declaraciones, la congresista del Centro Democrático no se quedó callada y le respondió rápidamente a Cabello mediante su cuenta personal de X, en que le sacó en cara las circular roja que tiene actualmente por narcotráfico.

¡Al que buscan por criminal es a usted!

Al Jefe del cartel de los soles también le llegará la justicia, así como a los otros matones del régimen de Maduro. pic.twitter.com/buDKwUhGlR

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 4, 2024

“¡Al que buscan por criminal es a usted! Al jefe del Cartel de los Soles también le llegará la justicia, así como a los otros matones del régimen de Maduro”, puntualizó en la publicación Cabal, la cual recibió decenas de comentarios de apoyo.

El diputado, que tiene orden captura por narcotráfico en Estados Unidos, también atacó a Vicky Dávila, directora de SEMANA, y leyó uno de sus trinos, haciéndole falsos señalamientos. “Vicky, esta es la colombiana, vinculada al narco”, apuntó.

Al que la periodista le contestó: “Diosdado Cabello, el que tiene una orden de captura de Estados Unidos por crímenes de narcotráfico con el Cartel de los Soles y las Farc es usted. Sus payasadas son una demostración de miedo. Le garantizo que acá en Colombia no nos vamos a dejar. Y le garantizo que usted termina preso. Usted ya tuvo una oportunidad, no hay dos en la vida. Por ahora, usted está escondido en su guarida”.

El magnate norteamericano Elon Musk también se encargó de recordar hace unos días que el FBI ofrecía, desde 2020, una recompensa contra Maduro; el monto es de 15 millones de dólares y el argumento de esta agencia de seguridad es que el hoy presidente venezolano es uno de los líderes del Cartel de los Soles, organización dedicada al tráfico de drogas desde Venezuela.

Hay que recalcar que la Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (Deco) de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, ha manifestado en repetidas ocasiones que no se pueden reconocer los resultados de la elección en Venezuela, por lo menos hasta que haya un reconteo independiente.

Dichas acusaciones las hizo la representante a la Cámara, Carolina Giraldo Botero, quien será citada el próximo miércoles 28 de agosto, a la Sala de Instrucción del alto tribunal para que amplíe su denuncia ante el magistrado Farfán.

La congresista por Risaralda del partido Alianza Verde le entregó la denuncia directamente a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el caso habría sido de tal gravedad que ya se empezó a mover en la Corte Suprema de Justicia al involucrar aforados.

La denuncia señala que cuando Óscar Villamizar estaba a cargo de la vicepresidencia de la Cámara de Representantes a finales del 2019, un hombre identificado como Hipólito Mendoza Zea, conocido con el alias de ‘El Doctor’, era contratista por prestación de servicios de esa corporación.

“Para el momento de la firma de este contrato en el que se vincula a alias ‘El Doctor’ como asesor de esta importante dependencia de la mesa directiva de la Corporación, quien fungía como Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes era Óscar Leonardo Villamizar Meneses, actual representante a la Cámara por Santander del partido Centro Democrático”, dice la denuncia.

Lo grave es que el documento en poder de la fiscal Camargo y ahora de la Corte Suprema, a través del magistrado Farfán, se señala que Mendoza Zea, sería socio de Proicom S.A.S, una empresa contratista que le serviría de fachada para lavar plata al ‘Clan del Golfo’.

Por eso, la denuncia alerta que “es claro entonces que la vinculación del señor Mendoza Zea, se da en virtud de una petición expresa del entonces Primer Vicepresidente de la Cámara, el representante Villamizar. El Reglamento del Congreso (Ley 5° de 1992) en su artículo 382 es explícito en remarcar la importancia que tiene la oficina de la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Representantes en el orden jerárquico de la Corporación”.

Pero además advierte que “es evidente que esta vinculación contractual en calidad de asesor implica una cercanía notoria y un acto dispositivo emanado del mismo despacho de quien en ese entonces fungía como Primer Vicepresidente de la corporación”.

Alias ‘El Doctor’, según la denuncia, fue capturado en octubre de 2021 por posibles vínculos con el Clan del Golfo a través del lavado de activos y testaferrato, y su empresa Proicom S.A.S. le habría servido a confesos narcos como Jhon Freddy Zapata, alias “Messi”, y John Henry González, alias “Medio Labio”.

La compañía, que se habría convertido en la fachada del ‘Clan del Golfo’, obtuvo contratos de alumbrado público y otros servicios en por lo menos dieciséis municipios, ubicados en nueve departamentos, por un monto que supera los 21.000 millones de pesos.

Villamizar hizo parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la misma que investiga, a través del congresista Wadith Manzur, al magistrado Francisco Farfán por las supuestas filtraciones al clan Gnecco sobre una investigación por presunta compra de votos.

Dentro de la denuncia, la Corte también le pondría el ojo al excongresista Cristóbal Rodríguez Hernández, del Partido de La U, pues ‘El Doctor’ también habría sido integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo ( UTL) por Boyacá.

Denuncia Penal Vf Junio (1) by dlandinezc

El crimen se registró este domingo 4 de agosto, cuando el hombre se encontraba en un billas hasta donde llegó un hombre armado y le disparó en varias oportunidades hasta dejarlo sin vida.

En ese mismo hecho, un concejal que estaba en el lugar terminó herido en una de sus manos, pero se encuentra fuera de peligro.

En diálogo con Blu Radio, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bolívar, Manuel Berrio, aseguró que todo apunta que el crimen tiene que ver con la compra y venta de ganado en esa zona de Bolívar.

“El hecho nada tiene que ver con sus funciones como contratista de la alcaldía municipal. Según la hipótesis de la Policía, tiene que ver con temas relacionados con la venta y compra de ganado, y, por supuesto, ya se iniciaron todas las investigaciones al respecto (…) En el caso del concejal, también se pudo establecer que nada tiene que ver con su labor, sino que resultó herido en medio de un cruce de disparos”, dijo Berrío.

Sin embargo, SEMANA, el pasado 27 de julio, había advertido del riesgo que extraordinario en el que se encuentra el alcalde de esa zona Juan Carlos Romo, quien nos aseguró en su momento las demoras que había desde la Unidad Nacional de Protección.

“Me asignaron un vehículo convencional y un hombre de protección, algo que no me ayuda, porque si hay un atentado criminal, las balas ingresan al vehículo. Me tocó salir del municipio porque un vehículo no garantiza mi seguridad”.

Él se ha visto en la obligación de sacar dinero de su propio bolsillo para contratar seguridad privada, mientras le insiste a la UNP en redoblar su cuidado: “Desde hace tres meses me encuentro dialogando con una funcionaria de la UNP para que analicen mi caso, pero los procesos son muy lentos”.

En medio de esta crisis de orden público, SEMANA se comunicó nuevamente con el mandatario local, quien aseguró que se debe militarizar su municipio, pero que esto será demorado.

“A ciencia cierta no se sabe qué fue lo que pasó, pero era la persona más cercana a mí y en medio de todas las amenazas que yo tengo uno esto lo ve como un riesgo más. Yo estoy acá en Altos del Rosario y estoy a la espera para salir de acá con apoyo de la Fuerza Pública”, explicó.

De igual manera, indicó que desde la Gobernación de Bolívar ya se colocaron en contacto con el para poder tramitar las denuncias ante el el gobierno de Gustavo Petro.

“El secretario de convivencia y seguridad ciudadana me pidió todos los documentos y denuncias para tramitar todo con el orden nacional el tema de mi seguridad, pero esto es muy grave lo que pasa en esta zona de Bolívar. El gobierno Petro nos ha olvidado”, explicó.

El Contralor General hizo un llamado de atención al actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, para que se ejecute el presupuesto destinado para la atención de riesgos y desastres. No ha ejecutado ni el 1%. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/NWO6Eq4At5

— Revista Semana (@RevistaSemana) August 5, 2024

Esa fue la preocupante alerta que lanzó el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien invitó al nuevo director de la UNGRD, Carlos Carrillo, a dar menos discursos y a trabajar en la ejecución de inversiones importantes para mitigar los efectos del fenómeno de La Niña y otros riesgos naturales.

Y es que las cifras son demoledoras, a juicio del contralor Rodríguez, “entre el primero de enero y el 31 de julio de 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), solo ha ejecutado el 0,96% del presupuesto destinado para la atención de riesgos y desastres. Además, en 2023 comprometió, pero no ejecutó $2.13 billones, de los cuales a julio 31 de 2024 solo había ejecutado el 0,02%”.

El Contralor General hizo un llamado al actual director general de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien lleva cinco meses en el cargo y aunque ha hecho visibles y públicas muchas de las irregularidades que dejó la administración de su antecesor, Olmedo López, también tiene la fundamental obligación misional de gestionar adecuadamente todos los compromisos, obligaciones, órdenes de proveeduría y contratos que recibió su administración o de reemplazarlos oportunamente, cuando haya decidido terminarlos anticipadamente.

“La inacción o la terminación anticipada de los compromisos adquiridos, está ocasionando incrementos en los riesgos a mitigar y en los daños al erario ya producidos. Buen ejemplo de ello es el caso de los 40 carrotanques adquiridos para transportar agua en La Guajira, con un costo de $47.800 millones, que iniciaron como una proveeduría con presuntos sobrecostos y hoy, 6 meses después, ya son un suministro siniestrado y abandonado que no presta el servicio previsto”, dijo el contralor Rodríguez.

Obras en deuda

La situación no solo tiene que ver con La Guajira o los mentados carrotanques con los que trataron de saquear la UNGRD, obras de primera necesidad, para evitar catástrofes, siguen sin avanzar y no se les ha cumplido a las víctimas de tragedias.

La situación es delicada y va más allá de retirar presupuestos, que “resulta muy preocupante que el actual director general de la UNGRD haya decidido la terminación anticipada de los contratos de obra suscritos en 2022 para la mitigación de riesgos de derrumbes y avalanchas en las cuencas altas de los ríos y quebradas que atraviesan el municipio de Mocoa y que son fundamentales para evitar que suceda una nueva tragedia en dicho municipio”.

Además, según informaron desde la Contraloría, el actual director de la UNGRD, como lo hizo su antecesor, tampoco ha gestionado lo necesario y suficiente para la pronta y adecuada rehabilitación y reconstrucción de las serias afectaciones producidas por los derrumbes sucedidos en el municipio de Piojó (Atlántico), en septiembre de 2022.

Tampoco se ha logrado solucionar el boquete del Río Cauca en “Caregato”, jurisdicción de San Jacinto del Cauca (Bolívar) y que ocasiona severas inundaciones en varios sectores de La Mojana. La Contraloría ya realizó visita técnica a este sitio e iniciará una indagación preliminar para revisar y evaluar la gestión fiscal de la UNGRD, los consultores, constructores e interventores que han participado en estas actividades y obras.

Los capturados deberá responder ante la justicia por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno y amenaza.

“Los uniformados realizaban labores de patrullaje, registro y control por la carrera 9 calle 8 del Santa Rita del municipio de Sabanagrande, observaron una aglomeración de personas y en medio de ella una femenina de 33 años de edad, quien manifiesta haber sido agredida con objetos contundente (piedra); causándoles daños en su vivienda”, explicaron desde la institución armada.

De igual manera, señalaron que: “Según lo manifestado por la víctima, la riña se produjo por una deuda de 1.500.000 pesos, la cual al momento de cobrarle esta le manifiesta no tener dinero en el momento, y es entonces donde arremete contra su integridad física. Acto seguido, los uniformados proceden a capturar en flagrancia y trasladar a la lesionada, a un centro asistencial para ser atendida”.

Desde la Policía del Atlántico, aseguraron que los capturados fueron identificados como:

Luis Meza Monsalve, 31 años de edad, le figuran anotaciones por los delitos concierto para delinquir por darse a la extorsión y Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Wildo Barraza Hernández, 28 años de edad, tiene anotaciones por los delitos concierto para delinquir por darse a la extorsión y Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los otros capturados que no tienen anotaciones judiciales son: Santiago Jiménez González, 22 años; Argeny Barraza de la Hoz, 35 años; Kevin Díaz Escobar, 24 años de edad; Juan Campo Gómez, 29 años; José Hernández De la Hoz, 22 años; y Romario Barrio Carrillo, 21 años.

Los capturados fueron trasladados hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización y que sea un juez con funciones de control de garantías que se encargue de su situación jurídica.

Ahora, desde la Policía del departamento del Atlántico, se encuentran realizando las respectivas investigaciones para determinar si hay más personas que hayan sido víctimas de estos denominados ‘gota a gota’.

De igual manera, la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional se encuentra disponible para que las personas que sean víctimas de estos hechos o de casos similares puedan pedir la ayuda necesaria por parte de las autoridades judiciales.

¿Qué hacen los ‘gota a gota‘?

Es un tipo de préstamo informal o microcrédito que se caracteriza por ser ofrecido por prestamistas no regulados, a menudo a tasas de interés muy altas. Estos préstamos suelen estar destinados a personas de bajos recursos que tienen dificultades para acceder a créditos tradicionales a través de entidades financieras formales.

En general, el proceso implica que el prestatario recibe una cantidad de dinero en efectivo, que debe devolver en cuotas pequeñas y frecuentes, que se pagan a través de métodos no siempre formales. Los prestamistas suelen cobrar intereses altos y pueden usar tácticas agresivas para asegurar el reembolso de los préstamos.

Este tipo de prácticas puede tener efectos negativos significativos en los prestatarios, ya que los altos costos y las condiciones del préstamo pueden llevar a un ciclo de deuda difícil de romper.

En una audiencia reservada, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá acogió la petición presentada el pasado 24 de julio por el abogado Javier Torres, quien representa al minHacienda, y ordenó la práctica de una serie de pruebas documentales.

Entre estas se destacan todos los registros de las sedes del Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), entre julio y diciembre de 2023, para corroborar los ingresos y salidas tanto del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla.

Igualmente, se recopilarán todas las actas de las reuniones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, la cual cuenta con la participación del ministro, varios de sus viceministros y representantes de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes.

En un documento enviado al despacho de la fiscal general Luz Adriana Camargo, la defensa del ministro pidió la realización de entrevistas en el Ministerio de Hacienda “para verificar que no hay mérito contra el ministro Ricardo Bonilla González” por estos hechos de celebración irregular de contratos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Salado (Bolívar).

Defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió a la Fiscalía que recolecte pruebas en medio de la investigación por las irregularidades en la celebración de tres contratos por 90 mil millones de pesos. https://t.co/Lec0VeyxkE pic.twitter.com/QpEVm49Q3W

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 24, 2024

“Todas las reuniones, seguimientos e interés por los recursos públicos en los proyectos de Cotorra, Saravena y El Salado se hicieron como parte de funciones legales y no como una maniobra ilegal”, aseveró el abogado del jefe de la cartera de crédito público, quien ha sido señalado tanto por Olmedo López como por Sneyder Pinilla de direccionar contratos.

La defensa del ministro señaló que lo único que se hizo fue revisar el cumplimiento de la celebración de los mencionados contratos de obra pública, lo cual hace parte de las funciones del ministro. “Los recursos públicos de los tres proyectos estaban aprobados y en trámite desde 2021 y el ministro y su despacho se limitaron a verificar que se cumpliera el proceso legal vigente en beneficio de las comunidades”.

Por esto, aseveró que con la recolección de las pruebas y lo que se mencione en la audiencia de imputación de cargos contra varios exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se demuestre la inocencia del ministro en este caso.

“Las fronteras entre la gobernabilidad legítima y el cuestionado clientelismo deben ser definidas y debatidas en el país para que se separen los delitos y delincuentes de las funciones y funcionarios públicos honestos”, concluyó el abogado.

El pasado 18 de julio, como lo reveló en exclusiva SEMANA, la Fiscalía General ordenó la apertura de una investigación preliminar contra el ministro Ricardo Bonilla, el entonces director general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González; el ahora exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, y María Alejandra Benavides, asesora del minHacienda.

Esto teniendo en cuenta los chats presentados por Sneyder Pinilla en los que conversaba directamente con los asesores de los ministros o hacían mención directa a los mismos sobre los contratos de la UNGRD.

“Esta medalla significa mucho para Colombia. Estoy muy feliz y satisfecho de lo que hice en los Juegos”, manifestó el joven, que estaba bastante emocionado, una vez finalizada la competencia, siendo el competidor de menor edad de todo el torneo masculino.

El triunfo del deportista cafetero, como era de esperarse, provocó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales, donde varias personalidades de la política nacional se pronunciaron rápidamente. Una de las primeras en felicitarlo fue Verónica Alcocer, primera dama de la nación.

Mediante su cuenta personal de X, la primera dama compartió una pequeña publicación para celebrar el logro conseguido por Barajas en las justas francesas. No obstante, la sincelejana sorprendió a sus seguidores y tomó la decisión de desactivar las respuestas en esa aplicación.

Otra que se refirió con respecto a la medalla que obtuvo el cucuteño en suelo galo fue Laura Sarabia, actual directora del Dapre, quien, a diferencia de Alcocer, todavía tiene permitido que le contesten sus respectivos posts en X, por lo cual recibió decenas de comentarios negativos.

“¡Qué orgullo, Ángel Barajas! Gracias por poner en alto el nombre de nuestro país y abrir un camino gigante en la gimnasia olímpica”, escribió la pareja del presidente Gustavo Petro, mientras que la politóloga indicó: “¡Vamos, Colombia! Ángel Barajas, medalla de plata para Colombia en gimnasia en los Juegos Olímpicos de París. ¡Orgullo colombiano!”.

Esta no es la primera vez que a Sarabia la atacan en esa red social, puesto que hace unos días fue fuertemente criticada por compartir un trino sobre la prestación que tuvo Queen Saray Villegas en París 2024.

Hay que mencionar que el nortesantandereano, quien había sido sexto en las clasificaciones, sorprendió a los favoritos en una final llena de caídas y errores, firmando un ejercicio sobresaliente que le valió una nota de 14.533, la misma que Shinnosuke Oka. El gimnasta japonés se quedó con el oro gracias a una calificación superior en ejecución.

¡¡Qué orgullo, Ángel Barajas!! Gracias por poner en alto de nombre de nuestro país y abrir un camino gigante en la gimnasia olímpica 🇨🇴. ¡Vamos Colombia! 💛💙❤️ #París2024 pic.twitter.com/cRPmn8mqas

— Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 5, 2024

Ángel Barajas, medalla de plata para Colombia en gimnasia en los Juegos Olímpicos de París. ¡Orgullo colombiano!

— Laura Sarabia (@laurisarabia) August 5, 2024

¿Cuánto dinero se ganará Ángel Barajas?

Tras su triunfo en París 2024, el cucuteño recibirá 140 salarios mínimos legales vigentes, que corresponden a 182 millones de pesos, por conseguir una medalla de plata. En caso de haber ganado el oro, Barajas habría obtenido cerca de 240 salarios mínimos legales vigentes.

Es preciso aclarar que el Comité Olímpico Internacional no ofrece ningún dinero o incentivo monetario a los deportistas por obtener medallas, pues esto va en contra de sus ideales y de su filosofía. Sin embargo, el comité de cada país sí contempla algunos premios de carácter económico para sus atletas.

Cabe puntualizar que si un competidor logra obtener la medalla de bronce, se llevará a casa un premio de 100 salarios mínimos, que corresponden a una suma de 130 millones. Los cálculos se hacen basados en el salario mínimo vigente para 2024, que corresponde a 1.300.000 pesos.

“Los miembros de esa organización siguen delinquiendo y precisamente lo que se pretende con la negociación es que se llegue a acuerdos que impidan que continúen delinquiendo. ¿Qué es lo que corresponde entonces para la fuerza pública, para las fuerzas militares y la Policía Nacional? Realizar acciones también que impidan que actividades delictivas como esta de la extorsión continúen”, dijo el ministro Velásquez.

El funcionario agregó que el deber de las autoridades es capturar a todo integrante de grupo armado organizado que se encuentre delinquiendo en flagrancia así esté en medio de un proceso de negociaciones.

“Tenemos una discusión, para nosotros las capturas en flagrancia son posibles. Si una persona como esta continúa realizando actividades delictivas y la fuerza pública lo sorprende en esa calidad, lo capturará y pondrá a disposición de la Fiscalía General”, dijo el ministro Velásquez.

La respuesta la entregó el funcionario sobre el caso de alias Urías Perdomo, quien fue dejado en libertad por la Fiscalía General de la Nación, en el escandaloso caso de miembros de las disidencias de las Farc con orden de captura vigente y que se movilizaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección.

Según informaciones de las autoridades locales, alias Urías Perdomo, luego de quedar en libertad siguió con las extorsiones en el departamento del Caquetá.

Hay que recordar que las negociaciones de paz con alias Calarcá del Estado Mayor Central se vieron envueltas en un escándalo, cuando militares en un retén en Antioquia detuvieron una caravana de camionetas de alta gama que se movilizaban por el departamento.

Algunos de los ocupantes se identificaron e indicaron que trataba de un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección asignado a alias Calarcá, integrante de los diálogos de paz entre las disidencias de las Farc y el gobierno nacional.

Sin embargo, la polémica creció con el transcurrir de las horas y tras la negativa de los otros integrantes de los vehículos de identificarse con las autoridades. La situación obligó que las siete camionetas blindadas que habían sido detenidas fueron conducidas hacía el batallón Pedro Nel Ospina de Bello.

Así se conoció que viajaban varios integrantes de las disidencias de las Farc con orden de captura vigente, entre ellos alias Firu, un temido sujeto acusado de instalar un campo minado en Antioquia, en donde fueron asesinados seis militares.

Tras la polémica, dentro del batallón varios de los ocupantes con ordenes de captura vigente fueron capturados por la policía judicial, y pocas horas después a algunos de ellos la Fiscalía General de la Nación les levantó nuevamente las ordenes de captura. Sin embargo, alias Firu, fue llevado a audiencias ante un juez de control de garantías, quien orden enviarlo a prisión al ver su historial y con base en la orden de captura vigente.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla y al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, deberán informar a la Procuraduría General de la Nación, las alternativas contempladas en coordinación con otros sectores, para sanear la deuda con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles – FEPC –, diferentes a llevar los precios de los combustibles al nivel de precios internacionales.

En el seguimiento preventivo, el órgano de control analiza los asuntos relacionados con el fondo que se encarga en el país, de nivelar los precios de los combustibles, pagando a los productores e importadores la diferencia entre los precios internacionales y los precios nacionales.

Por esta razón, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, solicitó copia del plan de saneamiento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles – FEPC – a 2024, y un resumen ejecutivo del avance y resultados de su implementación.

Así mismo, se deberán explicar  las alternativas analizadas desde el Gobierno Nacional para lograr que el FEPC  sea fiscalmente sostenible, detallando propuestas orientadas a la estabilización y fijación de precios de los combustibles

Finalmente, el órgano de control le pidió al jefe de la cartera ministerial de Hacienda y Crédito Público, confirmar si tiene proyectado un plan de inversión social con los recursos del – FEPC – que se dejarán de utilizar como “subsidio directo a los combustibles líquidos o en otras palabras un subsidio implícito”.

El aumento

La Comisión de Energía y Gas (Creg) emitió el 2 de agosto la Circular 049 de 2024, en la que estableció los precios de referencia de venta al público de ambos combustibles vigentes a partir del 3 de agosto.

En promedio, en las 13 principales ciudades del país, el galón de gasolina tendrá un costo de 15.568 pesos, lo que implica una leve corrección de 20 pesos frente al precio vigente en julio, que fue de 15.588. Esto está relacionado con el fuerte incremento que ha tenido dicho combustible desde septiembre de 2022, cuando bordeaba los 9.000 pesos. Es decir, como desde entonces ha subido 6.500 pesos, los expertos han explicado que ya se encuentra en un nivel de paridad con el valor internacional, lo que implica que no requiere subsidio.

Procuradora Margarita Cabello informó que desde la entidad se profirió cargos a los exdirectores de la UNGRD, Eduardo José González Angulo (2018 – 2022) y Javier Pava Sánchez (2022 – 2023) por incumplimiento en la prevención y manejo de la emergencia en el jarillón de Caregato,… pic.twitter.com/cpgKkSdpgn

— Revista Semana (@RevistaSemana) August 5, 2024

No se trata sólo de la dirección de Olmedo López, quien seguramente irá a la cárcel el miércoles; la Procuraduría puso el ojo a la polémica obra del Jarillón Caregato, en la zona de La Mojana, Bolívar, y le profirió cargos a los siguientes exdirectores de la UNGRD: Eduardo José González Angulo (2018-2022) y Javier Pava Sánchez (2022-2023), así como al subdirector de Manejo de Desastres, Ariel Enrique Zambrano Meza (2020-2022), por incumplimiento en la prevención y el manejo de la emergencia causada por el rompimiento del jarillón.

Desde la Procuraduría señalaron que se presentó una falta de gestión, tanto en lo preventivo, como en la respuesta dada a la emergencia, ocurrida el 27 de agosto de 2021, pues la UNGRD conoció desde abril de 2017 que el Jarillón presentaba un alto riesgo de colapso, y sólo cuatro años después, en marzo de 2021, solicitó la asignación de recursos para intervenir ese sector.

Para el Ministerio Público, esa situación “demuestra falta de previsión y planeación, pues la entidad debía no solo contar con los recursos suficientes para atender la prevención del riesgo y el manejo de los desastres en general, sino también para atender lo ocurrido en el sector de Caregato, que continúa hoy en día, dado que se le habían asignado recursos suficientes para el desarrollo de sus funciones”.

Sobre el manejo de la emergencia, la Procuraduría señaló que no fueron contratadas las obras complementarias de dragado en el sector, las cuales se requerían para garantizar la integridad y estabilidad de los trabajos de emergencia que se adelantaban para cerrar la parte del Jarillón colapsada, y de esa manera controlar la erosión e inundación en La Mojana.

Igualmente, indicó que los contratos firmados para atender la emergencia fueron suscritos sin verificar la dimensión de las obras que se requerían para cerrar el Jarillón, así como tampoco se habrían considerado de manera suficiente las condiciones meteorológicas de la época, ni se analizaron las obras complementarias necesarias, “lo que hizo que resultaran insuficientes, ineficaces e ineficientes para lograr su objeto”.

Por esos hechos, la Procuraduría señaló que los investigados habrían vulnerado los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad, entre otros, y formuló tres cargos disciplinarios contra González Angulo; dos contra Zambrano Meza, y uno contra Pava Sánchez. En los tres casos, sus aparentes conductas fueron calificadas como faltas graves, cometidas a título de falta grave.

• En días pares, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
• En días impares, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
• La restricción aplica en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Pico y placa en Bogotá este 6 de agosto

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor, este martes 6 de agosto los carros con placas 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán pico y placa, y no podrán circular en el horario establecido. Pueden circular los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

En cuanto a los taxis, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5,6, 9 y 0. Los que no pueden circular son el 7 y 8.

Pico y placa solidario

El pico y placa solidario es un programa que permite a los conductores elegir la periodicidad con la que desean poder circular libremente por la ciudad sin las restricciones del pico y placa tradicional, a cambio de una “contribución solidaria”.

Los bogotanos podrán pagar para obtener un permiso que les permita transitar sin el pico y placa por un día, un mes o un semestre. Las tarifas de estos permisos varían dependiendo de factores como el impacto ambiental del vehículo, la capacidad económica del propietario y si el automóvil está registrado en Bogotá o en otra ciudad.

Según la Alcaldía, los recursos recaudados por el pico y placa solidario se destinarán al sostenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Además, buscan incentivar un uso más racional del vehículo particular y promover conductas de “pilera, paciencia y prudencia” en las vías.

Las autoridades aseguran que esta medida solidaria no solo contribuye a descongestionar el tráfico, sino que también beneficia a quienes tienen menor capacidad económica y a los vehículos con menores emisiones contaminantes, al ofrecerles tarifas preferenciales.

El terror que generaban con las llamadas extorsivas contrastó con la patética figura de los “operadores” de una especie de call center extorsivo que se instaló en la sala de una casa común de un barrio popular en el sur de Bogotá. Los actores mal pagados de este montaje fueron capturados en un operativo de la Fiscalía y la Policía, todos fueron enviados a la cárcel.

Cuando llegó la Fiscalía en una diligencia de allanamiento, la primera persona en la puerta preguntó qué pasaba, aunque en su sala, en lugar de muebles, estaban los celulares, los cientos de sim cards y los listados con las víctimas de las extorsiones: comerciantes, empleados, empresarios, transportadores, cualquier persona que cayera en las decenas de libretos que tenían los delincuentes, incluso casos de sexting.

“Uno de los casos que llamó la atención de las autoridades fue Call Center o Telefonistas, una organización ilegal de la que harían parte siete mujeres y dos hombres. La investigación determinó que la red criminal sería comandada por una pareja que, al parecer, creó un centro de llamadas en el barrio Piamonte de la localidad de Bosa, sur de la capital del país”, señaló la Fiscalía.

Cada ‘operador’ tenía un listado de víctimas, como si fueran clientes de una empresa, listos para ofrecerles algún servicio, cuando en realidad estaban a punto de ser extorsionados a través de una determinada dinámica, algunos simulando ser de las disidencias de las Farc, otros del Tren de Aragua o hasta la parodia del sobrino capturado. Las modalidades eran tan amplias como ridículas.

“Desde allí contactarían a decenas de ciudadanos a quienes intimidaban con falsos procesos judiciales. También, tratarían de vincular a sus víctimas en falsas investigaciones relacionadas con delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (sexting)”, indicaron las autoridades.

Una investigación de la Fiscalía logró establecer cómo esta organización criminal, desde la sala de su casa, realizaba las llamadas extorsivas a las víctimas, les hacían exigencias de dinero para evitar supuestos atentados en sus locales comerciales o en contra de su vida. Todo resultó ser una patraña mentirosa con una raquítica actuación.

“Así, habría reunido millonarias rentas ilegales. Las denuncias instauradas permitieron documentar múltiples eventos y determinar que los pagos ilícitos recibidos por esta organización podrían alcanzar los 15 millones de pesos al día”, dijo Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial.

Ante jueces de control de garantías, la Fiscalía presentó el material probatorio en contra de los llamados operadores de este “call center extorsivo”. Se incluyeron declaraciones, interceptaciones y los audios que probarían su responsabilidad en las extorsiones a comerciantes y empleados en la ciudad de Bogotá.

López está vinculado a la investigación contra Manzur después de que en SEMANA aseguró que el congresista “se vendió” al gobierno de Gustavo Petro a través de la corrupción que se dio desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Ese fue el motivo principal para que la Corte Suprema de Justicia le abriera una investigación al parlamentario.

Sin embargo, la controversia habría iniciado después de que en una extraña decisión, el presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Misael Rodríguez, se quedó con la investigación que adelantaba el magistrado Héctor Javier Alarcón, justo después de que se filtró la polémica declaración de Olmedo López en la indagación previa contra Wadith Manzur.

Tras esa decisión, salieron a flote varios interrogantes: si dicha filtración habría salido directamente desde el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón o si se dio por alguna de las partes del proceso. Pero lo cierto es que el togado salió de la investigación que llevaba contra el congresista Conservador.

Para ese momento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, confirmó la compulsa de copias a las autoridades pertinentes, como la Comisión de Disciplina Judicial, para que se identificara a los responsables de la filtración de la diligencia en la Sala de Instrucción.

“El tema es que hubo una filtración respecto de una versión que se dio en el marco de la investigación, pues se repudia y se rechaza porque esas investigaciones por mandato de ley son reservadas, y es un mandato tanto de la judicatura como de las partes intervinientes del proceso conservar, ser leales y mantener la reserva”, explicó Chaverra.

El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, rechazó la filtración del interrogatorio de Olmedo López y anunció que ya se pidió identificar a los responsables. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/pOCdIptXMl

— Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia no dio mayores detalles de por qué después de la filtración el caso salió del despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón y pasó a las manos del presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Misael Rodríguez.

“Independientemente de lo que pasó, la seguridad y garantías que se le da al país son que en el marco de esas investigaciones, que están dirigidas contra un grupo de congresistas, la Corte viene trabajando con rigor, independencia, mucho juicio y sin pausa tratando de esclarecer los hechos para tomar las respectivas decisiones”, precisó el magistrado Chaverra.

Pero ahora, con toda esta controversia a flor de piel, la propia Corte Suprema de Justicia confirmó que este jueves 8 de agosto el presidente del alto tribunal se reunirá con todos los magistrados de la Sala Especial de Instrucción, y de tratar un oficio que llegó a su despacho con aparentes reclamos sobre ese cambio de magistrados que se dio en la investigación de Manzur por el escándalo de la UNGRD tras la filtración.

El magistrado Gerson Chaverra le pedirá explicaciones a los integrantes de la Sala de Instrucción para tratar de entender cuáles fueron los argumentos principales para que el caso del congresista Conservador pasará de la oficina de Alarcón al despacho del presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Misael Rodríguez.

Todo comenzó con una llamada de alerta. Uno de los vigilantes del camposanto notó que el ciudadano estaba profanando una bóveda y, de inmediato, se encargó de informar a las autoridades.

Cuando los uniformados acudieron a la zona, vieron que él estaba accediendo al ataúd de una mujer, donde enterraría unos misteriosos elementos que portaba consigo.

“Cavaba una tumba, al parecer, para enterrar objetos utilizados en brujería. Parecieran ser restos óseos envueltos en papel con diferentes amarres”, reportó la institución.

Al ser indagado por lo que estaba ocurriendo en ese momento, él afirmó que desconocía quién estaba dentro de la tumba ni tener claro quiénes eran sus parientes.

En medio de las indagaciones, las autoridades descubrieron que este hombre reside en el barrio María Paz de Bogotá y, supuestamente, se había trasladado hasta el cementerio para cumplir esa tarea.

“Se pudo conocer que habría viajado desde la capital del país, exclusivamente, para realizar esta actividad que las personas catalogan como hechos de brujería”, agregó la Policía Nacional.

El hombre fue detenido por el delito de irrespeto a cadáveres, y corre el riesgo de tener que asumir una multa por lo acontecido. Un juez de control de garantías le dio el visto bueno al procedimiento.

Descartan ‘mujeres datáfono’ en Ibagué: la verdad de la supuesta modalidad de robo que asusta a Colombia

Una grabación que advertía sobre una aterradora modalidad de robo causó revuelo en Colombia: mujeres estarían usando datáfonos para hacer millonarias transacciones sin que las víctimas se dieran cuenta. Tras una evaluación de la situación, las autoridades descartaron la veracidad del material.

Todo fue una puesta en escena de un generador de contenido del Eje Cafetero, quien diseñó un guion donde las supuestas ladronas se encargaban de llamar la atención de los hombres que cargaban una billetera en el bolsillo trasero de su pantalón para vaciarles sus cuentas bancarias en cuestión de segundos.

Mientras una de ella les pedía indicaciones para llegar a un punto de Ibagué, la otra cometía el falso delito: acercaba el datáfono al bolsillo para que el sensor reconociera una tarjeta y se efectuara una transacción. En un par de horas, habrían recogido tres millones de pesos que luego retiraron en efectivo en un cajero.

Todo esto fue expuesto en un video que terminó con un falso desenmascaramiento: el influenciador se les acercó, las enfrentó por la conducta que habrían tenido y les mostró las grabaciones que pondrían en evidencia su vida delincuencial. Él no aclaró que era una actuación, por lo que se viralizó con preocupación por todo el país.

Hubo cientos de comentarios en las redes sociales: “Eso debe estar pasando en otros lugares de Colombia. En todo caso, una alerta que se debe replicar”; “ese sistema de tarjetas de contacto son un peligro. Y sí, los hombres son las víctimas porque llevan la billetera en el bolsillo trasero”; “impresionante”.

La Alcaldía de Ibagué tomó acciones una vez conoció la grabación. En primer lugar, la Policía Nacional aclaró que no existen evidencias para sustentar este tipo de hecho delictivo, tampoco hay denuncias ni registros. En medio de las averiguaciones, se conoció que los actores habían advertido sobre lo que estaban haciendo.

“Se avanzó en la diligencia que estaba prevista que es una diligencia preparatoria mediante la cual está previsto que la defensa descubra sus elementos probatorios, elementos con los que va a defender en juicio y se adelantó hasta hacer un descubrimiento inicial por parte de esta defensa”, dijo el profesional del derecho.

De igual manera, indicó que para el próximo 10 y 11 de septiembre quedó fijada las nuevas diligencias en medio de todo este proceso que ha generado revuelo a nivel nacional e internacional.

“Ya estamos citados para una nueva sesión para culminar con el cometido de la diligencia preparatoria. En la próxima diligencia se culmina el descubrimiento de elementos materiales probatorios por parte de defensa y Fiscalía”, agregó.

“Congelado” quedó el abogado de Nicolás Petro cuando le preguntaron por los testigos que él mismo sumó a su defensa y para el juicio contra el hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/5EU5GkZ1ow

— Revista Semana (@RevistaSemana) August 5, 2024

Henao también se refirió a la solicitud que hicieron de pedir como testigos principales en su juicio a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, Santander Lopesierra, y Máximo Noriega, dirigente político en el Atlántico.

La lista de testigos la completa Germán Darío Londoño Montalvo, Germán Alberto Burgos Dueñas, Óscar Camacho Leal, Mónica López, Raymond Montaño; y Laura Ojeda Estupiñán, compañera sentimental de Petro Burgos.

Mientras que entre las pruebas documentales se destaca un informe pericial con el que la defensa de Petro Burgos reclama las irregularidades en la recolección de pruebas del celular de Day Vásquez, exesposa del procesado y la principal testigo en su contra.

“Esto que pasó hoy es un descubrimiento parcial que se da en el trámite de la diligencia”, finalizó Henao.

El abogado también presentó ante el juzgado una lista de 98 elementos materiales documentales y testimoniales que espera sean tenidos en cuenta en la etapa de juicio para demostrar su teoría del caso.

En el punto 92 se pidió tres dictámenes financieros y de contabilidad realizado sobre los movimientos bancarios de Nicolás Petro Burgos.

“Análisis forense con las deudas adquiridas por el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos con su respectiva línea de origen y trazabilidad de los recursos, así como la época de los desembolsos y su destinación”, explicó el jurista.

Con estas pruebas se busca controvertir la acusación de la Fiscalía General frente a un incremento injustificado del patrimonio. “Análisis financiero desde el punto de vista tributario y fiscal con relación al ciudadano Petro Burgos. Así como la información de pasivos y activos adquiridos desde su vinculación laboral hasta su renuncia como diputado por el departamento del Atlántico”.

“Tras realizar la respectiva verificación con el binomio canino y ubicar el lugar, el grupo de técnicos antiexplosivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, y adoptando todos los protocolos de seguridad dispuestos para esta clase de situaciones, hallaron en un recipiente plástico y bajo tierra 20 minas antipersonal”, indicaron las Fuerzas Militares.

Así mismo indicó la autoridad militar que: “en este mismo lugar también se hallaron aproximadamente 100 metros de cordón detonante y 10 metros de cable dúplex, con los cuales instalarían estos artefactos explosivos, al parecer, pertenecientes a la comisión Marco Aurelio Buendía, de la estructura Jorge Suárez Briceño”.

“Con la ubicación de este material, las Fuerzas Militares neutralizan el accionar criminal de esta estructura que atenta contra la vida, integridad y dignidad de la población; así mismo, se evita una afectación a la Fuerza Pública que se encuentra desplegada realizando labores de estabilidad en pro de la seguridad y el bienestar de esta región”, agregaron las Fuerzas Militares.

Es de anotar que Calarcá, el otro jefe de las disidencias de las Farc del Estado Mayor, protagonizó recientemente un escándalo al transportar en la caravana de protección que le asignaron a jefes de la disidencias de las Farc con orden de captura vigente.

El caso ocurrió en el departamento de Antioquia, en donde el Ejército se encontraba realizando control territorial en un reten militar. Los uniformados detuvieron la robusta caravana de camionetas de alta gama blindadas, en donde evidenciaron que además de Calarcá viajaban disidentes de las Farc que no podían ir en los vehículos por tener orden de captura vigente.

Para los hombres de Calarcá, el gobierno optó por renovar un cese al fuego durante tres meses. Según el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante, Francisco Cubides, en este tiempo se tomarán decisiones como agrupae en zonas determinadas a los integrantes de las disidencias en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander.

En medio de la renovación del cese al fuego con Calarcá, el gobierno tomó una decisión paralela y fue la de suspender el cese al fuego con Iván Mordisco y sus hombres al considerar que no tenían voluntad de paz y seguían delinquiendo en el país, en especial en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Dentro de esas acciones criminales se han hecho visibles los ataques de drones cargados con explosivos en contra de los militares y policías en el departamento del Cauca. Según el Ejército se han presentado más de 70 casos que han dejado nueve militares heridos.

Para combatir dichos ataques, el Ejército y la Policía se encuentran probando diferentes sistemas antidrones.

Este hombre es el cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete del Estado Mayor Central de las Farc que se mueve en el Caquetá. Según informes de inteligencia del Ejército, es uno de los delincuentes con mayor capacidad económica en la organización armada: solo en un mes, estaría recibiendo más de dos mil millones de pesos producto del cobro de extorsiones.

Precisamente, las autoridades conocieron este lunes que alias Urias Perdono, luego de esquivar la cárcel en Antioquia, reactivó las ‘vacunas’ en la zona de influencia. Con su supuesta autorización, sus hombres están citando a los pobladores a reuniones donde les han exigido altas sumas de dinero. Las víctimas han sido organizaciones sociales, campesinos y negociantes, entre otros miembros de la región.

“Urias es un jefe de extorsiones. Hoy, este personaje tiene extorsionada a Florencia y a toda la zona norte del Caquetá. Hace unos días, este tipo fue capturado en un retén del Ejército en el departamento de Antioquia. La verdad, muchos habitantes estuvimos alegres, pero no fue así, fue puesto en libertad y hoy traído en un avión, hoy está citando a la población, que está siendo extorsionada”, dijo el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz.

Aunque este sujeto está en libertad y tiene las órdenes de captura suspendidas, en la justicia ordinaria permanecen procesos por concierto para delinquir con fines extorsivos, homicidio agravado y terrorismo. Los investigadores lo acusan de atacar violentamente a los excombatientes de las Farc – EP que se han negado a volver a las filas y a cometer vejámenes contra la población civil.

Un informe del Ejército Nacional expone que él sería el responsable de, por lo menos, 450 hechos de extorsión cometidos contra comerciantes, ganaderos, campesinos, transportadores, contratistas de obras en municipios del Caquetá, empresarios y hasta juntas de acción comunal. Una parte de esas ganancias las distribuiría en fiestas, mujeres, rifas, drogas y licor, además de otras excentricidades.

Sus tentáculos estarían regados por varios puntos del territorio nacional. Las autoridades analizan posible lavado de activos y testaferrato en Huila, Meta, Córdoba, Eje Cafetero, Antioquia, Cali y la costa Atlántica: “Habría adquirido propiedades, como parqueaderos, haciendas, bodegas y apartamentos” con el dinero que le arrebata a la gente, más el tráfico de drogas y extracción de oro.

La última vez que estuvo frente a la vista de la opinión pública fue el pasado 23 de julio, cuando se movilizaba en camionetas de la Unidad Nacional de Protección por las carreteras de Antioquia junto a la cúpula de alias Calarcá. Ellos portaban armas de fuego y dinero en efectivo. Aunque fue capturado por hechos en flagrancia, la Fiscalía ordenó levantar sus órdenes de captura y ahora está en libertad.

Rafael Poveda, junto a su compañero Kevin Pinzón, logró conseguir en el año 2020 la última entrevista que dio con vida La Bestia, como también fue apodado el asesino, la cual se realizó en la cárcel La Tramacúa de la capital del Cesar. Además, el reconocido periodista reveló en SEMANA que fueron cerca de 20 horas hablando con el temido asesino serial.

“Nunca supimos por qué accedió a darle esa entrevista a él, no a los cientos de periodistas que también la buscaron. En enero de 2020, Kevin me llama y me dice: ‘Tenemos a Garavito’. Él trataba de confundirnos y sentíamos que buscaba limpiar su nombre con el tema de Dios y la Biblia. Era astuto en ese sentido”, precisó.

Tras nueve meses de su muerte, el periodista Kevin Pinzón rompió el silencio sobre la charla que tuvo con Garavito y habló en julio pasado en el pódcast Conducta delictiva, en el cual reveló que el violador le regaló su Biblia una vez finalizaron las extenuantes grabaciones.

“Ese muchacho me ha tratado como bien, por eso le voy a dar un regalo. Él quería que ese momento quedara grabado y me dijo que tenía dos Biblias, una con la que llevaba toda su condena y otra nueva que pidió debido a sus problemas de visión. Sacó la que llevaba toda su vida y me la entregó”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Había decidido no abrir esta Biblia por respeto al Dios en el que creo, pero me hicieron una reflexión sobre cuántas conclusiones se pueden sacar de lo que se encuentre en el interior de este libro, que perteneció tantos años a uno de los peores criminales de Colombia y el mundo”.

El comunicador, de igual manera, puntualizó que el libro tenía una serie de anotaciones que el mismo asesino serial escribió antes de fallecer. Tenía escritos algunos nombres de personas que conoció en el pasado sobre las cuales tenía opiniones negativas.

Asimismo, Pinzón manifestó en el espacio digital que halló varias frases bastante fuertes resaltadas, sobre todo las que tenían que ver con las tentaciones de carne que sufría el hombre. La Bestia también apuntó varias pistas y le dejó una pequeña dedicatoria al periodista.

“De la boca de niños”, dice uno de los pasajes que Luis Alfredo Garavito marcó en la Biblia, mientras que el mensaje que le dedicó al comunicador también incluida una contundente reflexión. “El mundo no ofrece sino un camino de muerte”, sentenció.

Hay que recordar que en abril del año pasado se difundieron algunas imágenes del violador desde el lugar de reclusión en el que pasó sus últimos días, En las postales se podía apreciar que el asesino lucía muy delgado y demacrado debido al cáncer que padeció.

El quindiano fue condenado oficialmente en 2001 a 1.853 años y nueve días de prisión después de un extenso juicio. Sin embargo, la pena en contra de este terminó siendo reducida ampliamente por considerarse inviable, quedando al final en 40 años.

Entre los vinculados a la investigación se encuentran el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, los sargentos segundo Cristian Gabriel Pérez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, los cabos primero Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos, y 17 soldados profesionales.

Las evidencias presentadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos destacaron que, por orden del comandante del Batallón contra el Narcotráfico n.° 3, se realizó una inspección para ubicar a alias Bruno, uno de los señalados cabecillas de la estructura disidente de las Farc autodenominada Comandos Defensores de Frontera.

Luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que Bruno no estaba en la zona, unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico, portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal.

De acuerdo con los análisis del Centro Estratégico de Valoración Probatoria (Cevap) de la Fiscalía, durante dos horas y media los uniformados realizaron cerca de 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación.

En ese momento, los militares reportaron que estaban en combate con un grupo armado organizado residual; mientras el teniente coronel Cadena Bautista dirigía la acción armada desde el complejo militar Santana, en Puerto Asís, Putumayo.

La #Fiscalía presentó ante una juez de control de garantías a 24 integrantes del Ejército Nacional, que estarían involucrados en la muerte de 11 civiles el 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo, #Putumayo. Fueron imputados por los… pic.twitter.com/5QONtY6Ai8

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 19, 2024

Producto de esa intervención murieron un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, un menor de edad y ocho personas más, que permanecían en estado de indefensión. Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embarazada que dormía en su vivienda.

En ese sentido, la Fiscalía les imputó a los 24 integrantes del Ejército Nacional los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida tentado. Tras la pregunta del juez de control de garantías, todos los militares rechazaron los cargos.

La Procuraduría General presentó recurso de apelación en contra de la decisión, argumentando que existieron fallas en el debido proceso.

Por su parte, los abogados de los militares aseguraron que el operativo táctico cumplió con todas las normas, señalando que respondieron ante un ataque.

El abogado Jorge Luis Villafañe le señaló a SEMANA que el juez no valoró todos los argumentos que se presentaron para definir la medida de aseguramiento.

“Es una victoria de los grupos armados en el escenario judicial”, advirtió el jurista, quien señaló que durante toda la audiencia existió “un sesgo evidente y carente de análisis. No escucharon nunca a la defensa”.

Uno de los primeros hallazgos que reveló la Procuraduría fue el daño patrimonial de casi 47.000 millones de pesos que dejó la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable en Uribia, La Guajira, pero que terminó con varias irregularidades que salpicaron al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, al exsubdirector, Sneyder Pinilla y a la empresa Impoamericana Roger S.A.S, a cargo de proveer las máquinas.

El otro contrato que está en la mira del ente de control tiene que ver con la compra de 40 carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integra - Yapurut. La compra de los carros para entregar a agua en donde se presentaran situaciones de desastre nacional, deja hasta el momento un detrimento de 29.000 millones de pesos y los automotores permanecen sin prestar el servicio, según la Contraloría.

El rompimiento del Jarillón Caregato en La Mojana sucreña ha dejado daños patrimoniales por casi 30 mil millones de pesos. El contralor Carlos Hernán Rodríguez contó detalles sobre la forma en que se va a recuperar las pérdidas millonarias. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ZFLsMU0mqn

— Revista Semana (@RevistaSemana) August 5, 2024

La Contraloría advirtió que por los dos contratos mencionados “también podrían ser responsables los actuales directores y subdirectores de la Unidad de Gestión del Riesgo, por la falta de funcionamiento de los objetos del contrato, lo que generaría un mayor detrimento”.

Otro de los contratos que sigue en la lupa de la Contraloría es el de 133 millones de pesos que se pagó a la empresa Recadel para atender la emergencia provocada por lluvias en Pelaya, César. Con dicha licitación, se iban a alquilar vehículos para suministrar agua al municipio, pero en el contrato existirían una serie de irregularidades.

El municipio de Los Santos, Santander, también habría sido testigo de las irregularidades que ocurrieron en la UNGRD con el contrato que también se firmó con Recadel, según la Contraloría, por un valor de “($558.000.000) para el suministro de agua por medio de carro tanques. A través de la subdirección para el manejo de Desastres y del director de la UNGRD, en su calidad de ordenador de gasto, se suscribió dicho contrato con el fin de la ocurrencia de temporada de sequía en el municipio de Los Santos y de acuerdo con la calamidad pública declarada mediante decreto 034 del 11 de julio de 2023. La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción investiga posibles sobre costos y también el cumplimiento en la ejecución de dicho contrato”.

Las obras en el jarillón del río Cauca, en la Mojana sucreña, también hicieron parte del informe que entregó la Contraloría sobre las irregularidades en la UNGRD, pues en varios contratos por casi 29 mil millones de pesos, se halló una serie de inconsistencias en los trabajos ejecutados, la atención a los afectados y las ayudas humanitarias.

Por la contratación de la UNGRD para la adecuación de jagüeyes en La Guajira, la Contraloría “adelanta investigación en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción con el fin de establecer la existencia de un daño al erario dentro el proceso de contratación, ejecución y desembolsos realizados, la utilización dada al anticipo en la construcción de 1600 jagüeyes adelantado por la UNDGR y los intervinientes en el mismo, indagación que se encuentra en etapa preliminar”.

Y es que hasta la ampliación del acueducto en Tumaco tiene investigaciones porque no se estaría cumpliendo con la fecha de entrega de los contratos que tienen un valor que superaría los 36 mil millones de pesos y ahora existe un gran riesgo de suministrar agua potable a las comunidades del pacífico nariñense por los enormes retrasos de la obra.

Grave alerta sobre el riesgo que corren los habitantes de Tumaco. La Contraloría advirtió que la ampliación del acueducto a través del plan ‘Todos Somos Pacífico’, se ha incumplido en su totalidad y hoy deja perdidas por casi 40 mil millones de pesos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/stJBMNu1bV

— Revista Semana (@RevistaSemana) August 5, 2024

En contratos para conseguir maquinaria amarilla por casi 8.000 millones de pesos, según la Contraloría, “se observa un posible sobrecosto y presuntas irregularidades en la ejecución del contrato. Cabe anotar, que estos fueron suscritos únicamente con Ingeniería y Alquileres MD S.A.S. con domicilio en Barrancabermeja”.

El programa Hambre Cero tampoco se salvó de las irregularidades en la UNGRD, pues de 8 contratos en La Guajira y Arauca para atender el fenómeno de La Niña, se hallaron que las licitaciones por más de 22 mil millones de pesos tuvo altos costos, inconsistencias en las primeras revisiones, contratistas sin los requisitos de ley y hasta empresas ficticias.

El exmandatario departamental deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos formales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

En junio de 2021, el entonces diputado por Santander, Ferley Sierra, denunció ante la Fiscalía General al exgobernador por la celebración de millonarios contratos en medio de la pandemía y que beneficiaron a “empresas fantasma”.

En la acción judicial se alertó sobre la contratación para la compra de tapabocas para adultos y niños para atender las recomendaciones gubernamentales para evitar la propagación del Covid-19.

Sin embargo, el valor por unidad presentaba un sobrecosto. El entonces diputado detalló que por la compra de 94.340 cajas de tapabocas se presentaron cifras injustificadas.

Cada caja tuvo un valor de 31.538 pesos, sin embargo, en el mercado general cada caja tenía un valor que no superaba los 14.000 pesos.

Haciendo un cálculo, revisando varias cotizaciones, el denunciante asegura que existió un sobrecosto de 1.725 millones de pesos, esto debido a que el valor del contrato, según los documentos oficiales, ascendió a los 2.975 millones de pesos.

En el caso de tapabocas para niños y adolescentes, la denuncia señala que se compraron 6 mil cajas. Cada una tuvo un costo de 63 mil pesos, por lo que el contrato final ascendió a 378 millones de pesos.

“Buscándolas en el mercado nos da que comprándolas al mayor nos da que sale la caja a 14 mil pesos, en total serían 84 millones de pesos. Sumándole el 40% de impuestos de la contratación pública, estaríamos hablando de 117 millones de pesos, aproximadamente. Es decir, una diferencia de 260 millones de pesos”, aseguró en su momento el diputado.

Denunciamos presuntos sobrecostos de aproximadamente 2 mil millones de pesos en contrato de la @GobdeSantander de @MAguilarHurtado para la compra de elementos de Bioseguridad que se necesitan para la alternancia educativa.

Ver video explicativo 👇https://t.co/stU8S8Q5Ut pic.twitter.com/FO86WIfcSn

— Profe Ferley (@ProfeFerley) May 31, 2021

La denuncia también implicaba a los contratistas beneficiados con la compra de los tapabocas, señalando que el contrato se hizo “a dedo” por parte de la Dirección Regional de Gestión del Riesgo con la Unión Temporal Bioseguridad y Protección, un consorcio que está conformado por dos empresas: Distribuciones Farmacéuticas del Oriente S.A.S, que tiene el 95% de la compañía; y Distribuciones y productos Life S.A.S., que tiene el 5% restante.

La irregularidad, según enfatizó el denunciante, estaría en que, según información de la Cámara de Comercio, la empresa mayoritaria se llamaba Makropharma hasta febrero, pero luego cambió de nombre. El diputado señala que pudo haber sido por denuncias que se hicieron el año pasado por otras presuntas irregularidades en el contrato que hasta ahora ha sido el más caro para atender la pandemia, celebrado entre la Gobernación y esa empresa.

Así mismo, la única dueña de la compañía sería Liliana Mateus Ortiz, quien es la esposa de Adriana Amaya, una exmilitante del Partido de Integración Nacional (PIN), el cual se desintegró, pero también se sabe que es cercana al exsenador Luis Alberto ‘El Tuerto’ Gil, condenado por parapolítica.

Con respecto a la empresa minoritaria, Distribuciones y productos Life S.A.S., asegura el diputado que está recién creada y que no reportó ningún movimiento financiero el año pasado. Denuncia que sería una “empresa de papel” en la que además uno de sus socios sería Iván Aguilar, un político de Santander del Centro Democrático y exdiputado del departamento.

Sobre toda la polémica, el diputado asegura que podría tratarse incluso de un caso de “presunto carrusel de contratación en la Gobernación de Mauricio Aguilar para beneficiar a estos contratistas”. Por eso, ya interpuso la denuncia penal en la Fiscalía, especialmente contra César Augusto García, director de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander, por la presunto punible peculado por apropiación en favor de terceros.

De acuerdo con el Gaula de la Policía, “tras la denuncia de al menos 12 personas que manifestaron haber sido afectados por esta estructura criminal, se desplegó un minucioso seguimiento a los movimientos sospechosos en una vivienda ubicada en el barrio Piamonte de Bogotá, donde funcionaba este sofisticado centro de llamadas operado por siete mujeres y dos hombres”.

Agregó la autoridad que: “durante el allanamiento se logró la incautación de 24 celulares, 100 tarjetas sim card, 02 computadores, 07 audífonos tipo diadema, 25 libretas, notas con información de las víctimas y 09 cédulas de ciudadanía para crear cuentas en billeteras digitales donde posiblemente los afectados depositarían el dinero de las extorsiones”.

Sobre las ganancias que obtenían los implicados en este call center, explicó la Policía que producto de sus actividades ilícitas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué, lograban recaudar entre 10 y 15 millones de pesos diarios.

La captura de los integrantes del call center se dio en medio de una operación a nivel nacional en contra de varios delitos que lideró el Gaula de la Policía y que dejó a más de 100 capturados.

Según la autoridad se desplegaron acciones dentro de la operación “Tritón” “contra organizaciones delincuenciales dedicadas al secuestro y la extorsión en Bogotá, Cali, Cartagena y los departamentos de Atlántico, Bolívar, Antioquia, Chocó, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander y Guajira”.

“Logramos afectar 9 grupos criminales entre los que se encuentran “Los telefonistas”, “Clan del Golfo”, “Los Costeños”, “Terraza”, “Renacer Erpac”, “Olimpo”, “Trocaderos”, “Frontera” y “Los RC”., indicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director Gaula.

Agregó que en “n Cartagena, fueron capturados 18 presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”, responsables de extorsionar a comerciantes en los barrios La Esperanza, Olaya Herrera, Nelson Mándela y Ciudadela 2.000 en la ciudad de Cartagena”.

Manifestó que: “el modus operandi de esta estructura consistía en llegar hasta los establecimientos de comercio para entregarles celulares a sus propietarios, en dichas llamadas los supuestos cabecillas de este grupo ilegal, amenazaban con atentar en su contra si se negaban a pagar las exigencias económicas”.

Así mismo indicó el oficial que: “entre los capturados se encuentra su cabecilla, conocido en el mundo criminal con el alias de “Julito”, responsable de ordenar las diferentes actividades delictivas en la ciudad, delegando como jefe de sicarios a “Tobison”, quien tenía bajo su mando a 10 personas encargadas de cometer los sicariatos en Cartagena”.

“Se investiga su presunta participación en por lo menos 12 homicidios selectivos, los cuales fueron ejecutados con el fin de tomar el control territorial para garantizar el expendio de estupefacientes y el tráfico de clorhidrato de cocaína hacia Centro América, República Dominicana y Puerto Rico”, agregó el Director del Gaula.

Seis meses de labores de inteligencia de los uniformados, permitieron desmantelar al grupo de delincuencia común organizado denominado ‘Los Telefonistas’, quienes en un inmueble ubicado en el barrio Piamonte, de la localidad de Bosa, adecuaron un call center clandestino, que se dedicaba a la extorsión en 11 localidades de Bogotá.

“Se hizo una operación y un allanamiento y se identificó la presencia de una estructura criminal que se dedicaba a la extorsión, un call center de la extorsión”, aseguró el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Gracias a la materialización de una diligencia de allanamiento y registro, se logró la captura de siete mujeres y dos hombres, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y prestación, acceso o uso ilegal de los servidores de telecomunicaciones. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Tenían un entramado criminal dedicado a extorsionar suplantando, utilizando inclusive el nombre de organizaciones criminales distintas, como por ejemplo, el Tren de Aragua o el Clan del Golfo”, reveló el mandatario distrital.

Es de resaltar que esta organización delincuencial era coordinada por una pareja de esposos que contrataba mujeres jóvenes para extorsionar, utilizaban cinco modus operandi, entre los cuales se encuentran, el sexting, el falso servicio, la suplantación de grupos al margen de la ley, la falsa encomienda y la devolución de bienes.

Durante el procedimiento se incautaron 24 dispositivos móviles, dos computadores, siete diademas para call center, 250 tarjetas Sim Card, 600 folios con bases de datos, que contenían información de más de dos mil víctimas, nueve cédulas de ciudadanía, con las cuales al parecer creaban cuentas de ahorros para recibir el dinero producto de la extorsión, 25 cuadernos con libretos extorsivos y cuentas escritas de sus finanzas criminales, las cuales superaban los 750 millones de pesos mensuales.

Con este golpe, ya son 208 las capturas en lo que va del año por extorsión y secuestro. Así mismo, se ha logrado revertir la tendencia al alza y disminuir este delito del 95 % al 88 %.

Al respecto, el alcalde Galán señaló: “las cifras nos indican que este año hemos tenido un aumento de la extorsión y por eso una de las prioridades que tenemos como administración, y en trabajo conjunto con la Fiscalía y con la Policía, es dar golpes contundentes contra la extorsión en Bogotá”.

Nicolás Petro cita como testigos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa y al exnarcotraficante, Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro en su juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/3sS2ysdpN0

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El abogado Diego Henao, quien lidera la defensa de Petro Burgos, presentó ante el juzgado segundo penal del circuito especializado de Barranquilla una lista de 98 elementos materiales documentales y testimoniales que espera sean tenidos en cuenta en la etapa de juicio para demostrar su teoría del caso.

Entre los testigos solicitados se encuentran el exgerente de la campaña Petro Presidente 2022 y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; así como el dirigente político, Máximo Noriega; y el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, más conocido con el alias de El Hombre Marlboro.

La lista de testigos la completa Germán Darío Londoño Montalvo, Germán Alberto Burgos Dueñas, Óscar Camacho Leal, Mónica López, Raymond Montaño; y Laura Ojeda Estupiñán, compañera sentimental de Petro Burgos.

Mientras que entre las pruebas documentales se destaca un informe pericial con el que la defensa de Petro Burgos reclama las irregularidades en la recolección de pruebas de la evidencia digital que estaba en el celular de Day Vásquez, exesposa del procesado y la principal testigo en su contra.

“Se establecerá de forma técnica y científica la afectación en la afectación en la integridad de la evidencia correspondiente a las comunicaciones cruzadas a través de la plataforma WhatsApp”, detalló el abogado.

En el punto 92 se pidió tres dictámenes financieros y de contabilidad realizado sobre los movimientos bancarios de Nicolás Petro Burgos.

“Análisis forense con las deudas adquiridas por el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos con su respectiva línea de origen y trazabilidad de los recursos, así como la época de los desembolsos y su destinación”, explicó el jurista.

Con estas pruebas se busca controvertir la acusación de la Fiscalía General frente a un incremento injustificado del patrimonio. “Análisis financiero desde el punto de vista tributario y fiscal con relación al ciudadano Petro Burgos. Así como la información exógena reportada junto a los pasivos y activos adquiridos desde su vinculación laboral hasta su renuncia como diputado por el departamento del Atlántico”.

La defensa pidió además tener en cuenta todos los registros de los informes enviados al Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego, así como los documentos contables de la primera y segunda vuelta.

La Fiscalía dice que “pruebas ilegibles” que la defensa de Nicolás Petro está pidiendo ya las tiene listas y se las entregará en los próximos días. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/JbIsRlNF2n

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El juez fijó para el próximo 10 de septiembre la reanudación de la audiencia. En dicha diligencia, manifestará que pruebas serán tenidas en cuenta para el desarrollo del juicio contra el exdiputado por el Atlántico.

La Fiscalía General señaló a Petro Burgos de haber recibido de manera irregular dinero por parte del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro; y del empresario cartagenero Gabriel Hilsaca Acosta.

Sin embargo, este dinero fue utilizado por el entonces diputado -según la declaración de Day Vásquez- en la compra de un lote en un exclusivo sector de Barranquilla donde tenía planeado construir una casa.

Igualmente, desvió el dinero para la compra de artículos de lujo, un vehículo y el pago de deudas.

Pese a que después de la audiencia de imputación de cargos celebrada en agosto de 2023 Petro Burgos anunció su interés de colaborar con la justicia entregando información, poco después dejó de asistir a las diligencias convocadas por el fiscal Mario Burgos, hecho por el cual se tomó la decisión de llamarlo a juicio.

La sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado declara “infundado” el recurso de anulación promovido por el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR ) y le da, en parte, la razón a la Uaesp al declarar “parcialmente fundado” el recurso de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Durante muchos años, el Distrito fue ajeno a la necesidad de optimizar la planta de lixiviados, pretendiendo dejar la responsabilidad de las inversiones sólo en cabeza del operador. Esta planta es la encargada de hacer el tratamiento al liquido que genera la basura cuando se descompone y fue un tema que generó polémica en la anterior administración.

En la actualidad procesa 27 litros por segundo, pero con este pronunciamiento, el Distrito deberá coordinar con el operador la realización de las obras pendientes que son complementarias a las millonarias inversiones que ha realizado el operador y de responsabilidad del Distrito para que la planta cumpla con las exigencias de la autoridad ambiental.

En cuanto a la cuantiosa suma de dinero que debía pagar la administración al concesionario, el Consejo de Estado determinó que los árbitros no eran competentes en la aplicación de las fórmulas para el pago de las tarifas y remitió el asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ”El tribunal es competente en virtud del numeral 4 del artículo 152 del CPACA que establece que dicha corporación conoce en primera instancia de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes (…) cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, dice el documento.

En este escenario, la disputa entre el concesionario y el Distrito se prolongará porque, según los expertos consultados, la decisión del máximo órgano judicial puede ser impugnada mediante la interposición de un recurso de tutela ya que con la decisión del Consejo de Estado el hecho de la insuficiencia en la remuneración permanece sin cambios, para ser definido por el tribunal administrativo y de esta manera las pretensiones del concesionario se mantienen vigentes.

“En los demás aspectos decididos el laudo queda en firme por no haber sido afectados con la declaración de nulidad”, dice el documento.

Los ítems anulados obligaban a la entidad distrital a pagar cerca de 53.000 millones de pesos porque, según los árbitros, las tarifas por el manejo y la disposición de los residuos sólidos y por el tratamiento de lixiviados eran insuficientes.

Con el fallo de nulidad se caen dos millonarios pagos por 22.889 millones y 30.000 millones de pesos por dichos conceptos que debía hacer la Uaesp.

Así las cosas, el Distrito solo tiene que cancelar al Centro de Gerenciamiento de Residuos alrededor de 12.000 millones de pesos, una cifra mucho menor a las billonarias pretensiones que tenía originalmente el consorcio contratista.

El turno para atender la diligencia que se llevará acabo el día de hoy es para la directora del Dapre, Laura Sarabia; el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Aunque la mayoría de citados a declarar por el alto tribunal asisten de manera presencial, tanto Sarabia como Benedetti y Jaramillo rendirán su versión a través de un cuestionario, según fuentes de la Corte Suprema de Justicia.

Forma en la que también podrá responder el presidente Gustavo Petro por la investigación que adelanta la Corte contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Volviendo al caso de las posibles irregularidades en la financiación de la campaña del Pacto Histórico, otro de los que será escuchado en esta diligencia será Gabriel Hilsaca, el hijo del Turco Hilsaca, quien, según Nicolás Petro, entregó dinero para financiar parte de la campaña Petro Presidente.

Los testimonios harán parte del expediente que adelanta el magistrado César Reyes, quien desde hace varios meses investiga a los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez, del Pacto Histórico, por posibles inconsistencias en la financiación de sus campañas para llegar a las curules que ocupan actualmente.

El propio magistrado Reyes viajó el pasado 29 de julio a Barranquilla, Atlántico, para recoger personalmente las versiones de Nicolás Petro; su expareja, Day Vásquez; el reconocido empresario Christian Daes y el aspirante a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega.

Los dos congresistas del Pacto Histórico son investigados después de que SEMANA revelara el interrogatorio que dio Nicolás Petro en la Fiscalía y que terminó salpicando a varios involucrados en la financiación de la campaña que dejó como presidente de Colombia a Gustavo Petro Urrego.

En dicha diligencia, Nicolás Petro aseguró: “Nosotros siempre hacíamos campaña a nombre de Gustavo Petro, en la consulta del Pacto Histórico y a favor de la lista del Pacto Histórico, ya sea en Senado o Cámara de Representantes. Por ejemplo, en la Cámara en el Atlántico, con Agmeth Escaf, estos recursos se utilizaron nuevamente, repito, para hacer eventos masivos, utilizarlos en publicidad, etcétera. De manera que benefició la lista del Pacto Histórico”.

Y es que hasta el propio Petro Burgos aseguró que María Antonia Pardo, expareja de Escaf, habría sido el puente para que Christian Daes, el empresario barranquillero, terminara aterrizando en la campaña del Pacto y, supuestamente, hasta apoyando a la primera dama, Verónica Alcocer.

“Pedro Flórez y yo nos quedamos en el Caribe para organizar la campaña presidencial y Euclides era el financista”, confesó Nicolás Petro. El congresista del Pacto Histórico se encargó de manejar los departamentos de La Guajira (163.000 votos), Cesar (250.000), Sucre (262.000), Bolívar (493.000) y Córdoba (437.000). Nicolás Petro andaba con él porque, a pesar de su inexperiencia política, era el intermediario para meterle plata a la campaña.

Con estos testimonios, el magistrado Reyes empezará a recopilar toda la información para tomar decisiones contra el representante a la Cámara Agmeth Escaf, y el senador Pedro Flórez, del partido de gobierno.

Acaba de llegar Nicolás Petro con Laura Ojeda al Centro de Servicios Judiciales en el Centro de Barranquilla. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qK2bcHJbxH

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Antes que llegara Petro a la sede judicial se registró un basto operativo con perros antiexplosivos y personal de apoyo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Cuando llegó el exdiputado por el Atlántico al juzgado saludó a todos los periodistas que se encontraban en el segundo piso del Centro de Servicios Judiciales esperando su llegada.

Mientras avanza la diligencia judicial se ven en los alrededores del lugar controles por parte de la Policía Metropolitana.

En la audiencia de este lunes la Fiscalía General y la defensa de Petro pondrán de presente ante el juez del caso para que sean tenidas en cuenta en la etapa de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Según se ha podido establecer, la bancada de la defensa de Petro, liderada por el abogado Diego Henao, pondrá de presente una decena de informes periciales y contables.

Con esto buscará demostrar que no existieron irregularidades en las finanzas del entonces diputado por el Atlántico.

Igualmente, convocará como testigos al gerente de la campaña Petro Presidente 2022, en la que Nicolás Petro Burgos tuvo una activa participación en la recta final.

Con esto, busca demostrar que la campaña presentó todos los informes contables y los soportes de los ingresos para la campaña presidencial de Gustavo Petro.

La Fiscalía dice que “pruebas ilegibles” que la defensa de Nicolás Petro está pidiendo ya las tiene listas y se las entregará en los próximos días. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/JbIsRlNF2n

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Además, se pedirá la declaración juramentada del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido con el alias de El Hombre Marlboro, quien según Day Vásquez, le entregó dinero en efectivo a Petro Burgos.

El abogado Diego Henao le dijo al juez que aún le faltaban más de 100 elementos probatorios de los casi dos millones de documentos que entregó la fiscalía por revisar, pues algunos estaban ilegibles y, por tanto, necesitaba más tiempo para completar ese análisis y pasar a exponer cuáles serían las pruebas de la defensa.

Juez pone en “tatequieto” a la defensa de Nicolás Petro, que pidió nuevamente aplazar la audiencia preparatoria al juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/oABx2TzZ1Y

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El juez le recordó al abogado que pasaron más de cuatro meses, un tiempo prudente que entregó la justicia para que la defensa revisara todos los elementos de prueba de la Fiscalía y presentar los reparos. Sin embargo, y de acuerdo a un informe que entregó el ente acusador, los abogados no advirtieron reparos a las pruebas radicadas.

“Ya se ha venido reiterando en distintas oportunidades aplazamientos tras aplazamiento, tres veces, inclusive, y mire, lo que dice la Corte Interamericana: la Fiscalía debe practicar el principio de la debida diligencia que consiste en que por un descubrimiento probatorio, incompletó los plazos transcurridos en estas mismas y los juicios orales se ven afectados por peticiones de prórrogas y aplazamientos”, señaló el juzgado.

El juez incluso advirtió que desde el despacho revisaron todos los elementos de prueba que presentó la Fiscalía y allí se advertía que estaba completo, con la evidencia en los correos electrónicos, por tanto, no observa, ni encuentra razón, para aceptar un nuevo aplazamiento como lo solicita la defensa de Nicolás Petro.

“La Fiscalía debe adoptar la debida diligencia reforzada, consistente en poner a disposición todos los elementos materiales probatorios para que el descubrimiento sea completo. El juzgado se dio a la tarea de revisar los correos electrónicos que envió la Fiscalía y demuestra con evidencia que el descubrimiento ha sido completo, se entregó toda la evidencia y demuestra con circunstancia de tiempo, modo y lugar, fase por fase, el descubrimiento de lo que sucedió”, señaló el juzgado.

Tras negar la solicitud de aplazamiento, el juzgado le dio paso a la defensa para que explicara cuáles eran los elementos de prueba que presentarían en el juicio contra Nicolás Petro. Allí se advierte que solicitaron la declaración de Ricardo Roa, el exgerente de la campaña Petro Presidente, hoy presidente de Ecopetrol.

No fueron muchos los elementos de prueba que advirtió la defensa Nicolás Petro estarían en el juicio para favorecer a su cliente y evitar una condena por los delitos imputados. El juez fijó para el próximo 10 y 11 de septiembre las audiencias donde se definirá cuáles serán las pruebas que estarán en el juicio y, de esta manera,entrar a la última etapa del proceso.

“Estamos ante el inminente colapso del sistema en Cali y Colombia si no se normaliza el flujo de recursos”. El mandatario instó al Gobierno nacional a tomar medidas urgentes para normalizar el giro corriente e implementar un plan de amortización de la cartera con acuerdos de pago por parte de las EPS concretos y vigilados milimétricamente por la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Así mismo, convocó para la siguiente semana un Consejo de Emergencia Territorial de Seguridad Social en Salud con las autoridades competentes.

En la carta, el mandatario distrital argumenta que: El sistema de salud afronta una profunda crisis financiera, la cual se ha agudizado en los últimos doce meses. En primera medida, persisten dudas razonables sobre la suficiencia de la UPC, provocada por el exceso de siniestralidad de la población en el periodo post-pandémico, el fenómeno inflacionario domestico e internacional, la incertidumbre sectorial por la enrevesada agenda reformista en el Congreso de la República, entre otros factores”.

Asimismo, la misiva plantea que existe amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la necesidad de financiar adecuadamente el sistema de salud, a través de una Unidad de Pago por Capitación (UPC) suficiente.

Además, explica que las recientes intervenciones de las EPS han ocasionado la centralización de todas las decisiones administrativas hacia Bogotá y traumatizado su operación y gestión del riesgo en salud de la población.

Además de lo anterior, se evidencia un giro sistemático a la red prestadora pública y privada (mes a mes) por un valor deficitario de lo facturado, lo que ha acrecentado la cartera dramáticamente en el último año, especialmente en esta vigencia.

La cartera de la red de prestación pública distrital asciende a $ 63.139.048.685 y la cartera de la red privada supera el billón de pesos. Por lo anterior, ya hay manifestaciones públicas de varios prestadores de salud públicos y privados de una posible quiebra debido a la cartera antigua y sobre todo al déficit corriente.

Subraya el alcalde que de no cambiar la situación, Cali está ante un inminente cierre de servicios sin la posibilidad de atender a cientos de miles de personas.

SEMANA conoció un informe judicial donde se detalla cómo ocurrieron los hechos. Allí se indicó que, en el momento en el que el adolescente estaría asesinando a las dos personas, la madre se encontraba en un restaurante de la ciudad. Cuando ella llegó a la casa, se encontró con la aterradora escena.

El posible victimario estaba inmóvil. A la mujer solo le dio la oportunidad de gritar. En ese instante, ella también fue atacada, pero logró salir de la residencia y pedir ayuda: “Mediante gritos de auxilio, alertaron a sus vecinos, quienes llamaron a los guardias de seguridad del conjunto. Estos acudieron al lugar y contactaron a la Policía”, se lee.

A los agentes de seguridad privada les tomó atravesar una ventana para poder ingresar al inmueble. El adolescente guardó silencio y no mostró señales de arrepentimiento. Cuando los uniformados acudieron al sitio, le vieron las manos limpias, pese a que dos habitaciones estaban inundadas de sangre.

El cuerpo del mayor estaba en el suelo, de lado, y con el centenar de heridas repartidas por las extremidades, el pecho y la espalda. La misma escena acompañaba a la niña, pero en el otro cuarto. En las versiones entregadas por los vecinos se relata que no oyeron gritos antes de la llegada de la madre.

El informe advierte que hubo una discusión previa entre el menor y sus padres, sin atreverse a asegurar que ese fue el detonante del ataque. Sin embargo, las declaraciones de los vecinos y del personal de seguridad en el conjunto residencial fueron suficientes para aprehenderlo y dejarlo a disposición de la Policía.

Los rastros en el lugar de los hechos advierten una escena confusa que, hasta el momento, no se puede confrontar con nada, pues el principal sospechoso y confeso asesino se negó a declarar, guardó silencio y así se mantuvo hasta que se limitó a reconocer su responsabilidad ante el juez de menores.

Este importante logro se suma a los avances del programa ‘Pumas’, liderado por el alcalde Víctor Ramos, en la lucha contra el crimen organizado.

Gracias a la articulación entre el personal del Nuevo Modelo de Servicio de Policía, la SIJIN Palmira, La Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad, se logró ubicar y capturar a este individuo, quien era miembro del grupo delincuencial común organizado (ya desarticulado) “La Comuna” dinamizadores de homicidios selectivos por el control territorial del micro tráfico y extorsión.

“Popeye” era considerado uno de los principales generadores de violencia en la comuna 7 de la ciudad, puntualmente en el barrio Las Delicias.

Alias Popeye fue puesto a disposición de autoridad competente y un juez de la república determino medida intramural en centro penitenciario y carcelario. El alcalde Víctor Ramos, destacó la importancia de esta captura y resaltó el compromiso de su administración con la seguridad de los palmiranos. “Nuestro objetivo es devolver la paz y la tranquilidad a nuestra ciudad. La captura de ‘Popeye’ es una muestra de que estamos avanzando en la dirección correcta”, afirmó el mandatario local.

El programa ‘Pumas’ ha sido fundamental en este logro, al implementar estrategias efectivas para la prevención y persecución del delito, combinando esfuerzos de inteligencia, tecnología y presencia policial en puntos críticos.

Esta acción coordinada no solo ha permitido la captura de peligrosos delincuentes, sino que también ha generado una mayor confianza y sensación de seguridad entre los ciudadanos. La comunidad de Palmira celebra este importante logro y espera que las autoridades continúen con estas acciones para garantizar un entorno seguro y libre de violencia. La captura de ‘Popeye’ representa un paso significativo en la misión de erradicar el crimen organizado y proteger a los habitantes de Palmira.

El programa ‘Pumas’ sigue siendo una pieza fundamental en la estrategia de seguridad de la administración local, demostrando que con liderazgo, colaboración, compromiso.

Frente al proceso, el gerente de Energía de Emcali, José Insuasti, explicó varios detalles sobre cómo se llevó a cabo y porqué se decidió cambiar la forma en cómo se venía operando este servicio.

De acuerdo con el manual de contratación de la empresa de servicios públicos caleña, el proceso se llevó a cabo a través de invitación pública. “Esto no está definiendo el modelo del alumbrado público en el largo plazo. Es un plan de choque que nos permitirá cambiar un modelo tradicional y obsoleto, analizar la manera cómo se debe operar el alumbrado en la ciudad, revisar en estos seis meses ese modelo de largo plazo que permita, no solo avanzar en la modernización, también revisar cómo integrarse en un modelo de ciudad inteligente”, explicó el funcionario.

“Para muchos, la solución era seguir trabajando con el mismo modelo, pero no tenían en cuenta que esta administración, con los retos encontrados, debía organizarse y ponerse a tope en la modernización y así definir un modelo a largo plazo”, agregó Insuasti, haciendo referencia a los más de 20 años que el sistema estuvo a cargo de un solo operador, tiempo en el que se modernizó menos del 40% de luminarias que tiene la ciudad. Mientras que el actual modelo busca cerrar el 2024 con 60.000 luces LED, es decir, lo que se hizo en ocho años, lograrlo en uno.

Operadores para el alumbrado público

‘Unión Temporal Cali Ciudad Luz 2024′ se encargará de modernizar la zona del centro y el sur de la ciudad, mientras que ‘Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicio S.A.S.’ se encargará del norte. Según resaltó Insuasti, estos operadores “van a mejorar la oportunidad en la respuesta frente a la prestación del servicio del alumbrado público al tener más grupos en la ciudad que revisen y verifiquen la operación y mantenimiento, y con ello, tener una ciudad más iluminada”.

Asimismo, se busca que los parques, vías principales e internas, zonas comerciales y turísticas, se vean más modernos a través de la luz blanca, que además permita mejorar la percepción de seguridad en las calles.

El proceso de contratación

Este proceso inició el pasado 24 de mayo, buscando distintos operadores que se encargaran de las tres zonas en las que se dividió la ciudad para una mayor efectividad en la modernización del alumbrado público.

De acuerdo con las cifras de Emcali, se presentaron 13 empresas a través de cinco proponentes. Tras los dos meses que duró el proceso, se respondieron más de 500 observaciones, se ampliaron las fases de observación y se dieron respuestas y claridades sobre las distintas etapas de esta invitación pública.

Acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación

Cabe recordar que la Procuraduría acompañó el proceso a través de distintos talleres que se llevaron a cabo en Bogotá. “El rol de la Procuraduría fue preventivo. Tener acercamientos en el marco de las recomendaciones dadas permitió hacer algunos ajustes, claridades y publicar algunas particularidades que no eran parte del proceso. El ente de control recomendó ampliar la difusión del proceso, salir a medios de comunicación para difundir este tipo de decisiones administrativas para que la ciudadanía conociera las intenciones, no solo de la Alcaldía, sino de Emcali”, comentó José Insuasti, quien aseguró que se acogieron a todas las recomendaciones hechas por la entidad pública.

Inicio de la instalación de luminarias LED

Las empresas tendrán cierto tiempo de alistamiento, mientras se firma el contrato, legalización de pólizas e inicio de ejecución contractual, pero la idea inmediata desde Empresas Municipales de Cali es que avance en la instalación. “En agosto, mientras se instalan estos elementos en stock, deberán traer sus propias luminarias contratadas y, con base en ello, poder cumplir el cronograma de ejecución”.

Sobre las marcas de las luminarias LED que serán instaladas a lo largo de la ciudad, desde Emcali detallaron que “son buenas, no solamente porque el proceso de contratación así lo establecía, sino porque se exigió la norma técnica más alta para que se pudiera cumplir con este proceso. Estas luminarias no solo cumplirán, también serán integradas a esa visión de ciudad inteligente”.

“Precisamente, al dividir la ciudad en tres zonas, lo que buscamos es que grupos operativos estén presentes en cada una de las zonas. La adjudicación se realizó para que se garantice presencia de personal independiente e individualmente en cada zona, lo que significa que en cada una de ellas habrá cerca de 15 a 20 cuadrillas asegurando la operación y mantenimiento, pero también cumpliendo con los procesos de modernización y expansión del alumbrado público”, puntualizó Insuasti.

La receta de impunidad le está saliendo muy bien a Nicolás Petro, el mismo que al inicio de este proceso, reconoció, riendo, que era responsable de los delitos imputados por la Fiscalía, que pedía perdón y que hacía promesas por su hijo, que ni siquiera había nacido. Este lunes se retoman las audiencias preparatorias al juicio.

El juez de la ciudad de Barranquilla, que se encargará de juzgar al hijo del presidente de la República, le dio varios meses a la defensa para estudiar los más de dos millones de documentos que presentó la Fiscalía y que serán el soporte de la acusación en contra de Nicolás Petro, justamente con lo que busca su condena.

“Por parte de la Fiscalía General de la Nación no vamos a revelar esta información de carácter reservado, adicionalmente, esta fuente no formal no se va a utilizar en ningún momento en el desarrollo del juicio oral para construir su teoría del caso, la misma solo fue utilizada para los intereses de los actos investigativos del ente persecutor”, dijo el fiscal Mario Burgos.

Recientemente, la Fiscalía tomó la decisión de cambiar el fiscal del caso, argumentando una recusación que presentó el mismo Nicolás Pedro, es decir, el imputado y acusado señalando al fiscal que lo investiga de una supuesta enemistad y de un pliego de cargos que formuló la Comisión de Disciplina Judicial. El suceso cambió el ritmo del caso, claramente a favor de Nicolás Petro.

“La delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro”, señaló.

Como si fuera poco, al cambiar quitar del camino al fiscal Mario Burgos, la fiscal Luz Adriana Camargo también le arrebató todos los procesos que se acercaran al presidente de la República, Gustavo Petro, y también eliminó el Grupo de Tareas Especiales que se creó justamente para adelantar los procesos que estuvieran relacionados con el hijo del primer mandatario.

“Como consecuencia de la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de formular pliego de cargos al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación declaró fundada la recusación presentada por el procesado Nicolás Petro contra el funcionario”, advirtió el ente acusador.

El proceso fue sometido a un reparto aleatorio, dijo la Fiscalía, para escoger el nuevo fiscal que se encargará de adelantar la acusación y de lograr una condena contra Nicolás Petro. Una fiscal de la dirección contra lavado de activos será la responsable de atender la acusación que previamente hizo Mario Burgos y que prácticamente dejó en las puertas de un juicio.

“Por reparto automático y aleatorio a través del sistema de información SPOA, y en presencia de la agente especial de la Procuraduría General de la Nación para este caso, la Fiscalía asignó a la fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde Betancourt, el conocimiento de las actuaciones penales contra Nicolás Fernando Petro Burgos, quien enfrenta un juicio oral e indagaciones por presuntas conductas de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales”, señaló la Fiscalía.

Sin embargo, como hasta ahora recibió el proceso, lo más seguro es que ella misma sea la encargada de pedir un aplazamiento al juez de la ciudad de Barranquilla, para conocer a profundidad, el proceso y poder tomar las decisiones que corresponda lo que de manera indirecta advierte un triunfo para el hijo del presidente.

El primer homicidio ocurrió en plena vía pública del barrio República de Israel. Un adolescente de 16 años fue impactado con una pistola, alcanzó a llegar a un centro asistencial, pero las heridas fueron mortales.

En el barrio Refugio se presentó un doble homicidio de hombres, lesionados con proyectiles: uno tendría entre 20 a 25 años y el otro 20 años. De momento, sus identidades no han podido ser esclarecidas por las autoridades.

El tercer episodio en la calle 2 con carrera 99, en el sector conocido como Canchas Panamericanas. La Policía halló a un sujeto de 38 años con una herida por arma de fuego. “Móviles y agresores, en investigación”, dijo la institución.

En la zona de Desepaz apareció el cuerpo de una persona de 24 años que, igualmente, fue atacada a bala. Él fue trasladado a un servicio de urgencias de la ciudad, donde confirmaron su fallecimiento.

La misma suerte llevó una persona sin identificar de 29 años, aproximadamente, en el barrio Poblado II. “Presenta heridas por arma de fuego, trasladado al centro asistencia, donde fallece”, detalló la Policía Metropolitana este lunes.

Por último, en la carrera 37 con calle 56, en el sector de El Vallado, un joven de 18 años fue interceptado y atacado a disparos. También llegó a un hospital de Cali, pero los especialistas no le pudieron salvar la vida.

Las autoridades se reunirán en la mañana de este lunes para evaluar la situación y diseñar la estrategia que los lleve a esclarecer cada uno de estos crímenes, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Durante el domingo se presentaron algunas capturas en Cali por hurto calificado, falsedad en documento, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Se recuperó un carro, dos armas de fuego, 33 cartuchos y drogas ilícitas.

Estos hechos de inseguridad se dan a pocas semanas de dar inicio al Festival Petronio Álvarez, el Mundial Femenino Sub. 20 y la COP 16. Las autoridades saben que tienen un gran reto por delante y se están preparando para ello.

Más de 400 uniformados, en 33 puntos estratégicos de la capital vallecaucana, se están capacitando para enfrentar cualquier tipo de amenaza en el marco de estos eventos. Si se presenta una alteración de importancia, habrá un plan candado.

“Todas las capacidades operativas, de control y preventivas, además de un componente tecnológico especializado, hacen parte de la estrategia para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos”, indicó la institución en un comunicado.

La cantante y compositora argentina, reconocida ampliamente en el mundo por su imponente voz y sentidas interpretaciones en la música romántica, aseguró que nunca había pasado por un episodio parecido en su vida profesional.

“En el aeropuerto de Medellín, Colombia, me robaron mi maleta. Ojo. Qué mal estamos, por Dios. En 45 años de carrera, jamás me había sucedido algo así. Horrible acto”, mencionó la mujer en X.

En el aeropuerto de Medellín Colombia me robaron mi maleta , ojo 👁️ 👁️ que mal estamos por Dios , en 45 años de carrera jamás me había sucedido algo así 😏horrible acto ‼️✈️@Aeromexico … @Migración Colombia 🇨🇴 @Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/9tekQbgapM

— Amanda Miguel (@amandamiguels) August 4, 2024

Ella estuvo participando en la inauguración de la Feria de las Flores en la capital de Antioquia este viernes 2 de agosto, en el ‘Plancha Fest’ en el centro de eventos La Macarena.

Airplan, la compañía que administra los aeropuertos en esta región de Colombia, informó a SEMANA que se encuentra verificando el episodio que vivió la artista argentina.

Según las estadísticas de la Policía Nacional, en lo que va corrido del año, 165 mil personas han sido víctimas de los ladrones en el país. Solo en este departamento, han ocurrido 18 mil.

En los hechos violentos, los delincuentes han usado elementos cortopunzantes, armas de fuego, escopolamina y objetos contundentes para debilitar e intimidar a las víctimas.

Así lo pueden robar en Medellín

El primer lugar es ocupado por el atraco: cuando el ladrón amenaza violentamente para que sean entregados los elementos de valor. Este fenómeno ha quedado en evidencia en cientos de videos divulgados en las redes sociales y ocurre, principalmente, en la vía pública, parques, establecimientos comerciales, buses, entre otros escenarios.

Luego está el descuido de las víctimas; el cosquilleo -los intrusos toman los objetos sin que la persona se dé cuenta; el raponazo -los delincuentes arrebatan las cosas y se dan a la fuga-; el engaño; el rompimiento de cerradura; el rompimiento de ventana; el halado; y el suministro de sustancias químicas para debilitar a la víctima, en este caso, escopolamina.

Los sectores de la capital de Antioquia donde se reporta este delito con insistencia son La Candelaria, El Poblado, Laureles, Belén, Aranjuez y Castilla. El común denominador es que son las zonas del Valle de Aburrá donde más habitantes viven y son atractivas por la oferta económica, gastronómica, cultural y turísticas, lo que también llama la atención de ladrones.

Además, un estudio del ITM reveló cuáles son los sitios turísticos donde se presentan con mayor frecuencia. El informe tuvo como base las denuncias. Allí se identificaron los 93 puntos que son de alto interés para los viajeros y los atracadores. En esos mismos sectores, la Policía ha reforzado a sus hombres.

El tipo de atractivo turístico en el que tienen lugar los hechos se encuentran esculturas (14.9 %), sector urbano de interés (14.2 %), iglesias (10.4 %), basílicas (8.2 %) y parques urbanos (6.9 %). Los más frecuentes son la Basílica Menor Nuestra Señora de la Candelaria (1.333 casos), escultura de la Gorda de Botero (1.333 casos), museo al aire libre, Acueducto Siglo XIX (1.232 casos), conjunto de esculturas de Botero (1.066 casos) y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe (815 casos).

Los deportistas estaban corriendo detrás de la pelota cuando, de un momento a otro, llegó un grupo de sicarios que, sin mediar palabra, los agredió con armas de fuego y luego se dio a la fuga.

Tres personas resultaron heridas, identificadas como Kevin Andrés Rodríguez López, Gustavo Adolfo Giraldo Guerrero y Edwin Vargas Bocanegro. Uno de ellos tiene antecedentes por hurto y tráfico de drogas.

Las víctimas fueron trasladadas a la Clínica Magdalena y, de inmediato, iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Los estudios ya tienen importantes avances.

Así lo reveló el coronel Jorge Enrique Mariño Sánchez, subcomandante de la Policía del Magdalena Medio, quien aseguró que los principales sospechosos ya fueron identificados.

“Se logra la identificación de los autores materiales del hecho, investigación en proceso donde está la recolección de elementos materiales probatorios, los cuales arrojarán las órdenes de captura”, dijo el alto mando.

Una de las hipótesis es que el ataque armado tendría relación con la disputa territorial que tienen las organizaciones delincuenciales por el control de las rentas criminales.

La misma sospecha se tiene en un tiroteo que ocurrió en la comuna tres del mismo municipio de Santander, donde resultaron afectadas dos mujeres de 36 y 14 años, mamá e hija.

Ellas se encontraban en su residencia cuando fueron abordadas por desconocidos. Milagrosamente, pudieron esquivar la muerta y ahora se encuentran internadas en el Hospital Regional.

Al parecer, este episodio de violencia estaría comprometido un ajuste de cuentas por la comercialización de estupefacientes. La Fiscalía está investigando lo sucedido en conjunto con la Policía.

“No descansaremos hasta dar con los responsables de estos hechos criminales. Su Policía estará 24 horas, los siete días a la semana, pendientes de su seguridad”, agregó el coronel Jorge Enrique Mariño Sánchez.

Según las cuentas de la misma institución, en lo que va corrido de este año, cerca de 77 personas han perdido la vida de manera violenta en las calles del municipio de Barrancabermeja.

Los crímenes se han cometido con armas blancas, pistolas y objetos contundentes. Sin embargo, la modalidad de sicariato es la que más se repite en esta zona de Colombia.

Por eso, desde la sociedad civil, y cansados de la inoperancia de las autoridades, se ha decidido saltar a las calles, y apelando al derecho a la protesta, se está convocando a una manifestación masiva, para exigir acciones concretas por parte de las autoridades locales y distritales.

La convocatoria se fijó para este lunes 5 de agosto de 2024, a partir de las 5:00 p.m., partiendo desde el parque de la revolución francesa Calle 40A con carrera 28, y se tiene planeado recorrer todo el pulmón verde de la localidad, en un ejercicio de apropiación, en el que los ciudadanos de la zona rechazarán el surgimiento de actividades que van en detrimento del bienestar de la comunidad.

Desde la organización de la movilización se expondrán las quejas de la comunidad y se buscará, más allá de la interlocución con las autoridades, el establecimiento de compromisos que sumen en el esfuerzo de recuperar el histórico sector, y garanticen un entorno seguro y saludable para todos.

Microtráfico en la zona

Además de la inseguridad, otra de las problemáticas en el sector es el microtráfico. Esta situación tiene azotados a algunos sectores de la ciudad, como la localidad de Teusaquillo, en el barrio La Soledad. Los vecinos de la zona manifiestan que desde hace mucho tiempo vienen interponiendo denuncias de la alta inseguridad que se está presentando en el corredor ecológico conocido como Parkway. De acuerdo con los testimonios de los residentes, la situación de seguridad se ha deteriorado con la presencia de problemáticas delictivas como el microtráfico.

Tan solo en septiembre del año pasado, gracias a una investigación de la Policía Metropolitana se dio la captura de alias ‘Millos’ el cabecilla de una banda delincuencial que operaba en el sector reclutando jóvenes para ser jíbaros y ofrecer marihuana. Sin embargo, los vecinos aseguran que la situación no ha mejorado pues nuevos criminales están al acecho de los vendedores ambulantes, a quienes presionan para ser cómplices de su red delictiva.

Una comunidad azotada

En respuesta la comunidad ha creado el colectivo Somos Parkway, un movimiento que tiene como objetivo recuperar el espacio y proteger el corredor ecológico. Según Pedro Moreno, edil de la localidad y líder del colectivo, “Los habitantes del sector están cansados de no sentirse seguros al caminar por los alrededores. Desde la institucionalidad hemos agotado todos los recursos para que la administración distrital centre sus esfuerzos en resolver esta situación, pero no hemos obtenido una respuesta contundente”

Adicionalmente la importancia del Parkway como punto ambiental también está siendo afectada por la venta informal y el uso del área vegetal como espacio de comercio. Moreno advierte que, para 2020, ya se había perdido el 75 % de las zonas verdes en la zona.

Mauricio Jiménez víctima de la situación afirma que “si bien desde las autoridades se ha avanzado en recuperar la cobertura vegetal del Parkway, es una lástima que las obras, en las que invierten la plata de los bogotanos, puedan quedar en jaque por el rápido regreso del comercio ilegal, el consumo de sustancias indebidas, y la apropiación de espacio público por parte de particulares.”

“Los residentes merecen vivir tranquilos en sus hogares y no verse obligados a vender sus inmuebles y mudarse con sus familias. La situación es crítica, desde 2005, mientras la población de la localidad ha aumentado en 2.887 personas, este sector ha experimentado una disminución del 7% en su población,” afirma el edil.

Dávila le respondió de inmediato: “Mi única misión en la vida, hoy, es no dejar que le pase a Colombia lo que le está pasando a Venezuela. Tenemos que aprender a escucharnos, a unirnos”.

En el mismo mensaje, agregó: “Estamos a tiempo. Hay que ser prácticos. Empecemos por el NO al fast track y el NO a la constituyente de Petro. Pondremos en evidencia, denunciaremos a todos los congresistas corruptos que se vendan para que aquí se instale la tiranía”.

Mi única misión en la vida, hoy, es no dejar que le pase a Colombia lo que le está pasando a Venezuela. Tenemos que aprender a escucharnos, a unirnos. Estamos a tiempo.

Hay que ser prácticos. Empecemos por el NO al Fast Track, y el NO a la Constituyente de Petro.

Pondremos en… pic.twitter.com/ydiScu7Qzd

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 4, 2024

Diosdado Cabello, quien tiene orden captura por narcotráfico en Estados Unidos, atacó a la periodista, leyó uno de sus trinos y le hizo falsos señalamientos: “Vicky, esta es la colombiana, vinculada al narco”. Luego, tachó y rayó con rabia el trino de Dávila que tenía impreso en un papel y en un tablero. “El mundo está sin freno”, exclamó el hombre relacionado con el Cartel de los Soles.

La directora de SEMANA lo enfrentó: “Diosdado Cabello, el que tiene una orden de captura de Estados Unidos por crímenes de narcotráfico con el Cartel de los Soles y las Farc es usted. Sus payasadas son una demostración de miedo. Le garantizo que acá en Colombia no nos vamos a dejar. Y le garantizo que usted termina preso. Usted ya tuvo una oportunidad, no hay dos en la vida. Por ahora, usted esta escondido en su guarida”.

Diosdado Cabello, el que tiene una orden de captura de Estados Unidos por crímenes de narcotráfico con el Cartel de los Soles y las FARC, es usted.

Sus payasadas son una demostración de miedo. Le garantizo que acá en Colombia no nos vamos a dejar. Y le garantizo que usted… https://t.co/bKmKFDEsar pic.twitter.com/sl5LCxgKDC

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 4, 2024

Además, le dijo: “Diosdado Cabello, usted no me asusta ni me intimida. Este es un juego largo. La democracia volverá a Venezuela y usted terminará preso pagando por todos sus crímenes. América Latina volverá a brillar. Con seguridad antes de 2026″.

Diosdado Cabello, usted no me asusta ni me intimida. Este es un juego largo. La democracia volverá a Venezuela, y usted terminará preso pagando por todos sus crímenes.

América Latina volverá a brillar. Con seguridad antes del 2026.@dcabellor pic.twitter.com/RuJTCGrxTv

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 4, 2024

Diosdado Cabello es un temido alfil de la dictadura y quien, según las investigaciones, maneja todo el negocio del narcotráfico del que se nutre la dictadura. También ha estado directamente relacionado con las Farc, las disidencias y el ELN, además de otros grupos terroristas. Cabello es el cerebro del mal en el régimen de Nicolás Maduro.

Desde la Secretaría de Movilidad informaron que, en cumplimiento del contrato IDU-1826-2021, se autorizó el cierre de un carril en sentido occidente-oriente sobre el puente de Av. Calle 134. Estas actividades se realizarán a partir del 6 de agosto de 2024 y por un periodo aproximado de dos meses con horario de cierre de 24 horas.

#Atención 🚧Se realiza cierre vial en la Av. Calle 134 con autopista Norte, por actividades de reforzamiento estructural del puente vehicular.

🗓️Este cierre se realizará a partir del 6 de agosto y durante aproximadamente dos meses.

Más detalles aquí:⬇️ https://t.co/0uNluyzcWd pic.twitter.com/PRALpjXsSd

— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 4, 2024

Para permitir la ejecución de estas obras y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la Secretaría de Movilidad autorizó el siguiente plan de manejo de tránsito:

Los vehículos particulares y de transporte público que circulen en sentido occidente–oriente por la Av. Calle 134 podrán seguir usando el carril que quedará habilitado sobre el puente.

El tránsito peatonal y de ciclistas no tendrá afectaciones, pues los andenes y la infraestructura existente para esos usuarios viales no sufrirán ningún tipo de afectación.

Así mismo, la Secretaría de Movilidad hace las siguientes recomendaciones:

• A los ciclistas y a los peatones se les aconseja transitar por las zonas habilitadas para ellos, así como realizar los cruces por las intersecciones y por los sitios destinados para tal fin.
• A todos los usuarios del sector, que tengan en cuenta la información contenida en el plan de manejo de tránsito y que circulen con precaución, atendiendo las señales viales para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
• A los conductores que transiten con precaución y acaten la señalización dispuesta en el área.

Retrasos y avances en las obras

De otro lado, recientemente se conoció que la construcción del viaducto de la primera línea de Metro de Bogotá tiene un alarmante retraso de más de 40 %. Así quedó expuesto por la propia Empresa Metro en la Subcomisión de Seguimiento a las obras del Metro en el Concejo Distrital.

En la segunda sesión de la subcomisión, fueron citados representantes de la Empresa Metro de Bogotá, la Secretaría de Movilidad, el IDU, la Secretaría de Planeación, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y en medio de la discusión, se reveló un retraso del 40,9 % en las obras del viaducto del Metro, alertó la concejal Donka Atanassova, del Pacto Histórico - Polo Democrático.

Paralelamente, desde el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informaron que para el último trimestre de 2024 se espera finalizar la etapa de obra de la extensión Caracas Sur, un proyecto clave para mejorar la movilidad y la infraestructura vial y de transporte público del suroriente de la ciudad.

Esta obra tiene una longitud de 4,2 kilómetros y una inversión total que supera los 288.052 millones de pesos, incluyendo la interventoría. Además, es considerada un proyecto vital para el desarrollo urbano y la movilidad sostenible de Bogotá.

Recientemente, la Alcaldía también entregó el carril vehicular y las aceras del costado oriental de la extensión de la avenida Boyacá desde la calle 170 a la calle 183, con conexión hacia el norte y oriente.

Se trata de un proyecto que tenía tres años de retraso y que surgió de un acuerdo de valorización de 2013. Fue contratado en 2021, inició su construcción en 2022 y ya quedaron habilitados los 4 carriles del sentido oriental. Quedan pendientes la ciclorruta y los 4 carriles del costado occidental. El compromiso de la Alcaldía es entregarlos en diciembre.

Con esta medida se busca regular el tránsito vehicular y mejorar la movilidad urbana, por lo que se aplica tanto para vehículos particulares, como para motos y taxis.

Además de aliviar la congestión vehicular, con esta restricción se espera contribuir con la reducción de los niveles de contaminación en la ciudad, fomentar el uso de medios alternativos como bicicletas, patines y transporte público, y facilitar la continuidad de varias obras de infraestructura en la ciudad.

Teniendo en cuenta esto, es indispensable estar informado sobre los cambios que se presentan en cuanto a la movilidad en Bucaramanga, con el objetivo de evitar sanciones.

Pico y placa en Bucaramanga para el lunes 5 de agosto de 2024

Durante esta jornada la medida estará vigente de 6 a. m. a 8 p. m., abarcando así las horas de mayor flujo vehicular.

Del mismo modo, la restricción se aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminan en los dígitos 3 y 4. La medida de pico y placa también aplica a las motos, con placas que finalizan en los mismos números 3 y 4.

Excepciones

Según explica la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, las restricciones afectan a todos los vehículos de servicio particular y público, a excepción de los taxis, así como a vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de importación temporal y/o matrícula extranjera.

Por otro lado, a diferencia de otras ciudades en Colombia, en Bucaramanga la medida no solamente está vigente de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., sino que se extiende hasta los sábados en una franja que va desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

No obstante, de acuerdo a la resolución emitida por las autoridades, hay vehículos que están exentos de la medida y algunos de ellos son:

• Los destinados a carrozas fúnebres y que prestan servicios funerarios.
• Los utilizados por miembros del gabinete municipal de Bucaramanga y del departamento de Santander.
• Los que cuenten con motores eléctricos debidamente matriculados.

• Los que se desempeñan en el transporte público de pasajeros.
• Los adscritos a caravanas presidenciales, vehículos oficiales, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, recolectores de basura. Estos deben estar debidamente identificados.

• Los que forman parte de las Fuerzas Militares y de Policía.
• Los afiliados a empresas de servicios públicos y mantenimiento de redes.
• Los que son de propiedad de los medios de comunicación.

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Bucaramanga?

Según el Código Nacional de Tránsito, quienes incumplan la medida del pico y placa en Bucaramanga deberán pagar una multa equivalente a $650.000 pesos.

Así las cosas, la gran novedad para esta nueva temporada del año, en comparación con el primer semestre del calendario, es que se redujo una hora de la medida, que irá de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., tomando como referencia el último dígito de la placa.

Del mismo modo, la entidad señaló que la medida aplica para los vehículos que ingresan y/o salen del perímetro urbano del Distrito de Santiago de Cali, desde y hacia el resto del país.

Por esta razón, es importante estar informado sobre los detalles y horarios de esta medida para evitar sanciones y contribuir al flujo adecuado del tránsito, así como al cuidado del medioambiente en la ciudad.

Pico y placa en Cali para el lunes 5 de agosto de 2024

Este lunes, 5 de agosto, los vehículos particulares con placas terminadas en 7 y 8 en la ciudad de Cali estarán sujetos a las restricciones del pico y placa.

La restricción se aplicará de acuerdo con el horario establecido por la Alcaldía de Santiago de Cali, comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., una hora menos que el semestre pasado.

Es importante recordar que esta restricción no aplica para motos ni para taxis en Cali, por lo que estos vehículos podrán circular sin ningún tipo de limitación durante toda la jornada del lunes 5 de agosto de 2024.

Rotación del pico y placa por días del segundo semestre del año en Cali

De acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali, estos son los cambios que hay para el segundo semestre del 2024:

• Lunes: matrículas que terminan en 7 y 8.
• Martes: matrículas que finalizan en 9 y 0.
• Miércoles: matrículas que terminan en 1 y 2.
• Jueves: matrículas que finalizan en 3 y 4.
• Viernes: matrículas que terminan en 5 y 6.

¿Qué vehículos no aplican para esta medida?

De acuerdo con las autoridades de Cali, además de las motos y taxis que no se ven afectados con la medida, hay otros vehículos que no están sujetos a esta restricción, los cuales son:

• Vehículos con placas oficiales, híbridos y eléctricos parametrizados por tipo de combustible eléctrico, gasolina/eléctrico o diésel/eléctrico.
• Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
• Vehículos cuyos propietarios paguen la tasa por congestión o contaminación, establecida mediante el Acuerdo Municipal No. 0563 de 2023, o la norma que la modifique.
• Las motocicletas.

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¿Cuánto cuesta una multa por incumplir el ‘pico y placa’?

Desde el 8 de julio de 2024, comenzaron a aplicarse las sanciones correspondientes para quienes incumplan la medida del pico y placa. La sanción corresponde a 15 salarios mínimos diarios vigentes (S.M.D.V.), equivalentes a 650.000 pesos.

No obstante, los sancionados tienen la alternativa de realizar un curso de infractores en los primeros cinco días, contados a partir de la fecha de elaboración del comparendo por un agente de tránsito. En este caso, pueden acceder al 50 % de descuento.

Para evitar multas, conozca cuáles son las restricciones específicas durante la jornada para vehículos particulares, así como los horarios que los conductores deberán tener en cuenta para cumplir la normativa establecida.

Prográmese para evitar sanciones

Así opera el pico y placa para vehículos particulares el día lunes, 5 de agosto de 2024.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá señala que los días impares pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, y los días pares los que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0.

Así las cosas, el día lunes, 5 de agosto, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Vale recordar que la medida de pico y placa no aplica para las motocicletas, por lo que los conductores de motos podrán circular libremente por la ciudad.

Restricción para taxis

En el caso de los taxis, la normativa del pico y placa también estará en vigor desde las 5:30 a. m. a 9:00 p. m., teniendo en cuenta el último número de placa.

El lunes 5 de agosto de 2024, estos vehículos de transporte con placas terminadas en 5 y 6 deberán cumplir la medida, es decir, pueden circular los taxis cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

De esta manera, se espera mejorar el servicio de transporte público y garantizar la disponibilidad de taxis en diferentes zonas de la ciudad sin causar congestión.

📢¿Sabías que la Secretaria de Movilidad está ofreciendo un alivio del 80% en los intereses de las multas de tránsito que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2022?

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— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) July 31, 2024

Excepciones a la medida de pico y placa

Cabe recordar que hay ciertas excepciones a la normativa de pico y placa en Bogotá, de la que forman parte los vehículos de emergencia y aquellos que prestan servicios esenciales, como ambulancias y carros de bomberos. Estos vehículos no están sujetos a esta restricción.

Frente a esta medida de pico y placa en la capital colombiana, la Alcaldía de Bogotá explica que su propósito es promover el uso de opciones de transporte más sostenibles como la bicicleta.

Además, también anima a los ciudadanos a utilizar el transporte público o a elegir métodos alternativos de movilidad como caminar, especialmente cuando se deben recorrer distancias cortas.

Multa por incumplimiento

El incumplimiento de la norma será sancionado y las multas por no respetar la medida, que son impuestas por las ‘cámaras salvavidas’ o policías de tránsito, ascienden a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo, según indica el Código Nacional de Tránsito.

La seccional de investigación criminal, Sijín, explicó que los “hechos, que al parecer dieron inicio a la misma, se presentaron el pasado 13 de junio cuando una mujer llegó a un centro hospitalario en delicado estado de salud y perdió la vida minutos más tarde. Al parecer, la víctima había sido objeto de graves lesiones al interior de las instalaciones de la fundación, ubicada en el sector conocido como Las Palmas del barrio Terrón Colorado”.

Así mismo, indicó la Policía que en el caso investigado había “aparentes señales de asfixia mecánica que encendieron las alertas de los organismos de salud, que tomaron contacto con las autoridades. La acción de las patrullas de vigilancia permitió salvaguardar la vida de las personas que se encontraban al interior y suspender la actividad económica de la fundación”.

Tras las señales que indicaban que se estaría presentando un aterrador caso dentro de la fundación de rehabilitación, la investigación permitió demostrar “las repudiables prácticas a las que eran sometidos los pacientes, evidencias que el hoy capturado intentó ocultar para evadir la acción de la Policía. El capturado registra antecedentes por lesiones personales, daño en bien ajeno e inasistencia alimentaria”, dijo la Policía.

Luego de ser capturado, indicó la Policía que el director de la fundación quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser presentado ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de definir si situación judicial.

Capturado alias Tura

En otro caso, la Policía de Cali confirmó la captura de alias Tura, presunto responsable de coordinar el ataque contra las instalaciones del cantón militar Pichincha.

Según la autoridad en la capital del Valle del Cauca, en el municipio de Santander de Quilichao, fue capturado a Armando Riascos Ángulo, presunto responsable de la coordinación del ataque terrorista perpetrado el pasado 4 de abril contra las instalaciones del Cantón Militar Pichincha en Cali, además de acciones ofensivas contra la fuerza pública y reclutamiento ilegal de jóvenes en Cali.

“El hombre es conocido en el mundo delincuencial como alias Tura, segundo cabecilla de la estructura urbana autodenominada Manuel Cepeda Vargas, dependiente del grupo armado organizado residual Jaime Martínez, a la que habría llegado hace nueve años”, indicó la Policía de Cali.

Agregó la autoridad: “Se pudo establecer que el hoy capturado, además de planear actividades terroristas, también se encargaba de coordinar la difusión propagandística alusiva a las estructuras y estaba al frente del reclutamiento de jóvenes como nuevos integrantes de estos grupos criminales al margen de la ley”.

Así mismo, la Policía informó: “En el operativo, en el que se llevaron a cabo tres allanamientos, también fue capturada en flagrancia alias Camila, encargada de establecer componentes estratégicos, metodológicos y lenguaje de milicia que al parecer estaban siendo difundidos en entornos universitarios para escenarios de afluencia masiva con tendencia violenta”.

Así les pasó a los familiares de Libia Peruzzini, quienes salieron de Venezuela y llegaron a la isla de San Andrés, en Colombia, para embarcarse en el incierto camino de la migración para llegar a los Estados Unidos, con el fin de buscar un mejor futuro.

Según Peruzzini, hace nueve meses su hija, su nieta de ocho años, su yerno y un primo salieron de Venezuela y en San Andrés desaparecieron. A la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta ni noticia de ellos. Al parecer, se trataría de un caso de naufragio, drama en el que mueren cientos de personas tratando de llegar a su destino último.

“El drama que estamos viviendo los familiares es que ya hace nueve meses que nuestras familias desaparecieron en la isla de San Andrés, el 21 de octubre de 2023, y hasta el momento no los hemos encontrado. No hay nadie, las autoridades de Colombia están trabajando, sabemos que ellos están trabajando, pero no tenemos respuesta alguna”, le dijo Libia a SEMANA.

Agregó: “Mi familia está desaparecida, mi hija, mi nietica de ocho años, mi yerno y mi primo y junto con ellos hay una cantidad de venezolanos, son 38 venezolanos”.

Así mismo, indicó: “Ellos se fueron para buscar un mejor futuro, ellos se fueron para trabajar en Estados Unidos, a ellos les habían hecho una oferta de trabajo y por eso ellos se fueron a buscar un mejor futuro para su familia”.

Peruzzini reconstruyó la ruta que tomaron sus familiares antes de la desaparición. “Arrancaron desde Venezuela, llegaron a Cúcuta, de Cúcuta tomaron un vuelo a Bogotá, de Bogotá a San Andrés, de allí salieron hasta Nicaragua y desaparecieron en el mar. En la isla de San Andrés nos hacen creer que están muertos, ellos no están muertos, nosotros sabemos que ellos no están muertos”.

Peruzzini, es uno de los miles de residentes venezolanas que están en Bogotá reclamando por la salida del poder de Nicolás Maduro. Aseguró que la dictadura lo único que le ha causado a su país es pobreza, miedo, desarraigo y desplazamiento.

Con banderas de Venezuela, Libia fue una más de los que llegó a la Plaza de Bolívar de Bogotá el pasado sábado 3 de agosto, con el propósito de rechazar el fraude electoral que se dio en las pasadas elecciones presidenciales y que dejó nuevamente Nicolás Maduro en el poder.

La comunidad internacional ha reclamado al vecino país que entregue las actas de los comicios tras las serias dudas que hay en la reelección de Maduro y que ha generado múltiples movilizaciones en Venezuela, que ha dejado muertos, heridos y detenidos, de los cuales sus familiares han denunciado abusos de poder por parte de las autoridades venezolanas.

El episodio ocurrió en la ciudad de Florencia y, al parecer, el protagonista se robó a una perrita y la ingresó a su propiedad. Estando allí, él se desnudó, la maltrató y cometió los vejámenes. Todo fue registrado en imágenes.

La persona que captó el hecho es la dueña del animal. Mientras filmaba el doloroso caso, ella le gritaba: “Ey, ey, ey. Es mi perra. Acá está. Véalo, véalo, véalo”. Los vecinos del sitio se encargaron de llamar a las autoridades para que lo vieran.

Así lo reportó la institución por medio de un comunicado: “Gracias a una llamada de alerta de un ciudadano que informó sobre un caso de maltrato animal, la patrulla se desplazó y, a su llegada, encontró a una persona en flagrancia”.

Él fue detenido por el delito de maltrato animal y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que iniciara todos los procedimientos legales para hacer justicia por esta aberrante conducta.

Sin embargo, una juez tomó la decisión de dejar al hombre en libertad y declarar la detención como irregular, dado que tiene una discapacidad auditiva. Aunque así está estipulado en la norma, la determinación es cuestionada en internet.

“Lo dejaron libre. La juez declaró ilegal el proceso de captura. Un tipo que ahora está andando por ahí como si nada. Necesitamos que hagan algo, es un peligro para la sociedad, niños, ancianas, jóvenes, otros animales”, dijo un usuario en Instagram.

“Me siento indignada y con el corazón roto al enterarme de la brutal violación de la indefensa perrita. El dolor y el sufrimiento que esta criatura tuvo que soportar es inimaginable”, agregó otra persona en la misma red social.

¿Dónde denunciar un caso de maltrato animal?

Según el Ministerio de Justicia, las personas que conozcan un caso de maltrato animal pueden acudir a las siguientes autoridades:

• Fiscalía. “Cuando el maltrato ponga en grave peligro la vida, salud o integridad física del animal, usted puede presentar denuncia de manera verbal o escrita, en donde narre de forma breve cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos”.
• Alcaldía o Inspección de Policía Municipal o Distrital. “Cuando se cometan actos dañinos o crueles en contra de los animales (maltrato, desnutrición, encerramiento) que no pongan en peligro inminente su vida, usted puede presentar denuncia de manera verbal o escrita, describiendo las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.

De igual manera, “podrá informar a la Policía Nacional para que lleve al animal de forma inmediata a las entidades de protección, sin que medie orden judicial y con la finalidad de prevenir que continúen los actos de maltrato”.

Por el momento se conoce que el fuego está consumiendo parte de una montaña, lo que ha dejado más de 20 hectáreas de reserva forestal afectadas, señaló Caracol Radio.

Aunque por ahora la entidad no ha emitido mayor información sobre lo ocurrido, sí adelantó que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Gestión del Riesgo Municipal ya se encuentran en el lugar de los hechos cubriendo la emergencia.

Del mismo modo, hizo un llamado de solidaridad a la ciudadanía, con el objetivo de poder obtener refrigerios y bebidas hidratantes para el equipo que está trabajando en mitigar la conflagración que se presenta en la zona.

🚨#ATENCIÓN incendio en el sector el Roble de nuestro municipio, necesitamos de tu solidaridad con refrigerios y bebidas para el equipo.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Gestión del Riesgo Municipal hacen presencia en el lugar @UNGRD @GobBoyaca pic.twitter.com/zKStYvWxJf

— AlcaldíaVilladeLeyva 2024-2027 (@alcaldiavdleyva) August 4, 2024

Mientras tanto, varios usuarios en redes sociales han compartido imágenes y videos de la situación que se reporta este domingo en el municipio, dejando en evidencia el fuerte incendio.

Como consecuencia, se observa una enorme y espesa nube de humo que proviene de la zona montañosa afectada.

A esta hora incendio en la zona de amortiguación de Iguaque, en Villa de Leyva. Ojo @villadeleyva @bomberosvilladeleyva @villadeleyva @NoticiasCaracol pic.twitter.com/IK0cm6YWwW

— Echando Rulo con Alina (@RuloconAlina) August 4, 2024

Al parecer, el incendio se originó por una chispa de unos cables de energía, según explicó el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, en el medio citado anteriormente.

“Por unas chispas que se generaron entre unos árboles y unas cuerdas de la red eléctrica, no se pudo controlar y como tenemos una época de muchos vientos, ha venido consumiendo los bosques de los cerros orientales de Villa de Leyva”, detalló el funcionario público.

@UNGRD @FuerzaAereaCol @BomberosCOL @petrogustavo
Fuerte incendio, en Villa de Leyva, Boyacá
Se necesita con urgencia apoyo de helicópteros pic.twitter.com/2fcSS25yrh

— Juan González (@jos62439064) August 4, 2024

A raíz de esta emergencia, también mencionó que se ha activado el Comité de Gestión del Riesgo Municipal.

“Tenemos la dificultad de que son montañas de difícil acceso, por lo que estamos pidiendo a los gobiernos nacional y departamental el apoyo con helicópteros para hacer descargas de agua, en los sitios donde se encuentran los mayores puntos calientes del incendio”, solicitó el alcalde Gamboa.

A esta hora se registra un fuerte incendio forestal en los cerros de Villa de Leyva. pic.twitter.com/WYgGRTUvaq

— Boyacá 95.6 FM (@Boyaca95_6FM) August 4, 2024

Según la información militar, uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón y la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional “neutralizaron 14 artefactos explosivos improvisados (AEI), pertenecientes al parecer al (disidencias) GAO-r Estructura 10″.

Para el Ejército, “estos artefactos representaban un riesgo y amenaza inminente para la población que habita en Tame, Arauca, así como para los soldados que cumplen su misión. Con el objetivo de garantizar la protección de la población civil y mantener la estabilidad en la región, las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 30 lograron ubicar y destruir de manera controlada un depósito ilegal en donde se escondían 12 municiones de fabricación improvisada, y dos medios de lanzamiento”.

De acuerdo con el Ejército, los explosivos se encontraban escondidos “en un área boscosa de la vereda Las Canoas, en Tame, Arauca, y habrían sido instalados por la compañía Uriel Londoño, de la Estructura Guadalupe Salcedo”.

“Dichos dispositivos estaban listos para ser activados por medio de sistema eléctrico por cable de mando, lo que generaba un riesgo inminente para la seguridad de quienes transitan y habitan esa región, así como para la Fuerza Pública. Por tanto, usando las capacidades del equipo experto en explosivos EXDE, se destruyen controladamente estos artefactos explosivos”, señaló el Ejército.

Agregó la institución castrense: “Estos medios y métodos ilícitos empleados por los grupos armados organizados constituyen una clara y flagrante infracción del derecho internacional humanitario, que prohíbe el uso indiscriminado de artefactos explosivos improvisados. Este es un ejemplo más del compromiso institucional del Ejército Nacional de brindar seguridad a la población civil y proteger la vida de los araucanos, demostrando así el importante trabajo que realizan los soldados en la región”.

Hay que mencionar que el gobierno nacional optó por no renovar el cese al fuego que había con las disidencias de Iván Mordisco, al señalar que este y sus hombres no habían mostrado voluntad de paz y siguieron cometiendo delitos y actos terroristas en contra de la población civil y los militares en varias regiones del país como Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Tolima.

Una de las estrategias criminales que usaron las disidencias fue el ataque con drones con explosivos contra la fuerza pública, hechos que se han visto en su mayoría en el departamento de Cauca, en donde han sido más de 70 las acciones criminales que han dejado al menos nueve militares heridos.

El gobierno además indicó que Mordisco y sus hombres habían usado el cese al fuego para fortalecerse militarmente, como indicó el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien señaló que otras de las organizaciones que habían hecho lo mismo con la tregua militar eran el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.

La medida restrictiva iniciará a las 5:00 a. m. y terminará a las 8:00 p. m. para camperos, motocarros, cuatrimotos, motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, como se implementó en el primer semestre del año.

Los carros tendrán como base el último número de la placa, mientras que las motocicletas se guiarán por el primero. Este lunes, no podrán salir los 0 y 2. El resto de la semana será así: martes (6 – 9), miércoles (3 – 7), jueves (4 – 8) y viernes (1 – 5).

En cuanto a los taxis, se hará de manera quincenal con la misma secuencia que trae desde el 2016. Según la programación de la Secretaría de Movilidad, este 5 de agosto corresponde a los que terminen en el dígito 5.

Hasta el 9 de agosto, el pico y placa será pedagógico. Es decir, los conductores no tendrán que asumir una multa. Desde el lunes 12 de agosto, sí correrán el riesgo de tener una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización.

Los ciudadanos deben saber que también hay una serie de vías donde no se aplicará la restricción a la movilidad, cuyo objetivo es mejorar el tránsito de las personas que han uso de las conexiones regionales y nacionales, así:

En el sistema vial del río (autopista sur, avenida regional y avenida paralela), avenida Las Palmas, avenida 33 (desde el río hasta su conexión con Las Palmas), calle 10 (desde el río hasta la terminal del Sur y su conexión con el aeropuerto local).

La suspensión también estará en los laterales de la quebrada Iguaná (entre las carreras 63 y 80), la calzada norte (sentido oriente–occidente) del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer su retorno hacia el sur.

Finalmente, algunos automotores estarán exentos del pico y placa: los carros eléctricos, híbridos y a gas natural. Los que cuenten con licencia actualizada no tendrán que solicitar de nuevo autorización escrita para recibir el beneficio.

El congresista le pide al organismo que aplique su influencia y plataforma internacional con el fin de exigirle al gobierno de Gustavo Petro que cumpla con su deber de proteger la vida y seguridad de los ciudadanos.

“En los últimos meses hemos sido testigos de un deterioro significativo en la seguridad, manifestando en un asunto de la violencia, el crimen organizado y las violaciones a todos los derechos humanos”, señala la carta firmada por el congresista.

En otro de los apartes de la misiva enviada ante Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch División Américas, se advierte el aumento considerable de ataques contra la población civil y los agentes de la fuerza pública.

“Solicito respetuosamente que la organización que usted dirige utilice su influencia y plataforma internacional para exigir al Gobierno nacional de Colombia que cumpla con garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos”.

Para el senador Luna, desde el Estado se está desconociendo la gravedad de los hechos en materia de orden público en varias regiones de Colombia.

“La población civil, especialmente en las regiones más vulnerables, está siendo gravemente afectada por la falta de respuesta efectiva y la complacencia por parte de las autoridades competentes”.

Así como la poca respuesta del Estado que no ha atendido los llamados de los mandatarios locales ante estos continuos ataques y el crecimiento de organizaciones criminales en varias regiones que tienen una lucha por el territorio para continuar con el tráfico de droga y seguir realizando todo tipo de actividades delictivas.

“Durante el último año se han registrado múltiples masacres en diversas regiones del país. Solo en 2024 se han reportado al menos 39 masacres, con un saldo de 128 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños inocentes. Estas cifras son alarmantes y reflejan una situación de violencia descontrolada”, asevera el congresista.

En otro de los apartados de la carta se pone de presente el aumento del reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales, así como la falta de acciones para resolver esta problemática.

“El secuestro también ha resurgido como una práctica común entre los grupos armados. Durante el último año se han reportado más de 60 víctimas de este delito e, incluso, 15 personas fueron secuestradas en un solo día en el departamento de Arauca”.

Citando las cifras del VII Reporte Humanitario, en el primer semestre de este 2024 se registraron 605 incidentes violentos relacionados con el conflicto armado. De esta cifra, 328 constituyen una violación a los acuerdos del cese al fuego que emitió el Gobierno Petro.

“Es imperativo que el Gobierno nacional adopte un plan de acción urgente y efectivo para garantizar la seguridad y protección de la población civil. Sin embargo, la complacencia del presidente con los grupos al margen de la ley ha imposibilitado que se cumpla este objetivo”, indica el senador.

Para el ex jefe de Estado, mientras el papa Francisco pide un diálogo, muchos cardenales y obispos en Venezuela son víctimas de persecuciones por parte del régimen.

“¿Dónde queda la sinodalidad?”, le preguntó Pastrana al sumo pontífice. “Ante el robo electoral, la represión y el golpe de Estado de Nicolás Maduro en Venezuela pide diálogo evitando el partidismo”.

Para Pastrana, se están desconociendo por completo los reclamos de los cardenales venezolanos ante las retenciones de dirigentes de oposición y torturas a la población civil.

“Cardenales venezolanos demandan respeto a la soberanía popular confiscada, denuncian amenazas a los obispos como en Nicaragua, la represión al pueblo y acompañan la resistencia pacífica”, aseguró el expresidente (1998-2002).

Durante esta semana, el exmandatario ha hecho varias publicaciones advirtiendo que efectivamente existió un fraude electoral.

“¡En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un golpe de Estado al desconocer la voluntad popular!”, reclamó el expresidente.

Igualmente, Pastrana no ha dudado en calificar a Maduro como un “narcodictador” que ha ocultado los verdaderos resultados de las elecciones.

Este domingo, SEMANA publicó la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que se pide investigar al presidente Nicolás Maduro por las retenciones, torturas y desapariciones de opositores políticos y de varios manifestantes.

El mensaje del papa Francisco

El papa Francisco se pronunció este domingo, 4 de agosto, sobre la difícil situación que vive Venezuela tras las elecciones presidenciales realizadas el pasado 28 de julio, y llamó a buscar soluciones negociadas entre las partes y “buscar la verdad”.

“Hago un sentido llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad, actúen con moderación, eviten cualquier tipo de violencia, resuelvan las controversias mediante el diálogo y tengan en el corazón el verdadero bien de la población y no los intereses partidistas”, dijo el papa.

El sumo pontífice confió el país a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, muy venerada en Venezuela, y la oración del beato José Gregorio Hernández, que une a todos los venezolanos en medio de la multitud reunida en la Plaza San Pedro del Vaticano.

Cabe recordar que tras las elecciones del pasado 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela otorgó un tercer mandato a Maduro, una decisión rechazada por la oposición del candidato Edmundo González Urrutia, que denuncia un fraude y exige publicar los registros de votación.

Varios países, incluidos Estados Unidos, Argentina, México, Brasil y Colombia cuestionaron los resultados y pidieron la divulgación de las actas electorales.

Las protestas en Venezuela que estallaron el lunes en contra del resultado oficial dejaron al menos once muertos, según varias organizaciones de derechos humanos.

Según el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el suceso ocurrió en la noche de este sábado en la Loma de los Bernal, cuando el protagonista de la historia se movilizaba en su carro particular.

Al parecer, fue interceptado por una banda de delincuentes que se transportaban en motocicletas y golpearon la parte trasera de su automotor, fingiendo un accidente y buscando que detuviera la marcha.

El ganadero descendió y lo amenazaron violentamente para que se desprendiera de sus pertenencias. Así lo narraron los uniformados que atendieron el hecho: “Lo intimidaron con arma de fuego para intentar cometer hurto”.

Pero este no se quedó quieto, sacó una pistola y la accionó en repetidas oportunidades contra los supuestos ladrones, impactando a tres de los maleantes, cuya edad ronda los 25 años.

“Uno de ellos queda en el sitio. Esta persona es atendida por unidades de la Policía, los cuales proceden a la legalización de la captura de los heridos y la custodia de los mismos”, dijo el coronel Pedro Isaza.

#Medellín/ TRES LESIONADOS POR ARMA DE FUEGO EN LEGITIMA DEFENSA Y CAPTURADOS POR TENTATIVA DE HURTO.

Belén, Cl. 15A & Cr. 79, B/La Loma de los Bernal.

*Fecha*: 03/08/2024
Hora*: 18:34

*Lesionado*: # 1 de 25 años, presenta 01 herida por arma de fuego, en la región parietal,… pic.twitter.com/XLa8lVy5g4

— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 4, 2024

Otro recibió un disparo en la región parietal y un tercero tiene dos heridas en el abdomen y una fractura en la mano izquierda, mientras que el cuarto reporta una lesión en el pómulo izquierdo con afectación al sistema ocular.

A ellos les incautaron un arma traumática tipo revólver y tres cartuchos, lo que habrían utilizado para amedrentar al ciudadano que se movilizaba por la Loma de los Bernal.

La información preliminar es que el ganadero, que iba para San Pedro de los Milagros, tiene permiso vigente para portar el arma de fuego y, de momento, el hecho fue categorizado como un acto de legítima defensa.

Lo que ocurrió este sábado pone en evidencia la nueva estrategia de los delincuentes para cometer delitos en el Valle de Aburrá: fingen un accidente de tránsito en zonas alejadas para alcanzar su objetivo criminal.

SEMANA conoció que, en medio del agresivo cáncer de colon que padece, tuvo una complicación después de una cirugía a la que se sometió. Su esposa, Socorro Oliveros, detalló que “se le reventó una vena”.

El centro médico del municipio de Piedecuesta, Santander, afirmó que el ingeniero permanece hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo, donde se está recuperando.

“Su evolución es favorable y se encuentra en condiciones generales aceptables. Hernández continúa en proceso de compensación de su función hepática posquirúrgica”, comentó la institución.

Se agregó que él está bajo supervisión constante y con el cuidado del equipo médico especializado del Hospital Internacional de Colombia.

En la edición impresa de SEMANA, Oliveros habló sobre el estado de salud del excandidato presidencial, quien se encuentra enfrentando el cáncer en etapa terminal.

“Sí, lleva varios días en la UCI luchando por su vida. El riesgo fue porque tuvo una complicación en la recuperación de la operación, se le reventó una vena y le complicó todo. Ahora estamos a la espera de que siga reaccionando bien. Este proceso es lento y no se lo deseamos a nadie”, manifestó la esposa del ingeniero para este medio.

Y aseguró que ha sido un desafío para la familia: “Hemos entendido que es un proceso lento, él ha sido muy fuerte. Esto también nos ha sensibilizado demasiado en los temas de salud, hay mucha gente pasando malos ratos en los hospitales”.

También confesó que lo más duro para ella es “verlo físicamente golpeado”, dado que “siempre fue un hombre corpulento y verlo pasando por esta enfermedad es difícil”.

Las afectaciones se reportan en 21 barrios de la capital de Antioquia:

Alfonso López, Córdoba, Altamira, López de Mesa, Bosques de San Pablo, Cementerio Universal, Robledo, Palenque, Facultad de Minas, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Fuente Clara, San German, Calasanz, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica, Villa Flora.

En los siguientes perímetros:

De la calle 50 hasta la calle 54, entre carreras 80 y 86; de la calle 54 A hasta la calle 59 A, entre carreras 80 y 85 D; de la calle 58 B hasta la calle 58 D, entre carreras 85 D y 92 C; de la calle 61 hasta la calle 76, entre carreras 80 y 88 A; de la calle 76 hasta la calle 76 H, entre carreras 81 C y 86; de la calle 77 AC hasta la calle 78, entre carreras 79 A y 84; de la calle 75 hasta la calle 77 AC, entre carreras 73 y 79 A; de la calle 78 B hasta la calle 84, entre carreras 72 A y 80; de la calle 80 hasta la calle 85, entre carreras 71 y 72.

“Mientras se realizan los trabajos de reparación, EPM suministrará agua potable a través de carrotanques, a los 22.132 usuarios que se encuentran sin el servicio de acueducto”, reportó la empresa de servicios públicos.

Las personas que tengan el interés en ampliar la información pueden acudir a la línea de atención al cliente (604) 4444 115 o a las redes sociales de EPM.

Este lunes cambia el pico y placa Medellín: nueva rotación, sanciones y vías exentas

Medellín y el Valle de Aburrá tendrán un nuevo pico y placa a partir de este lunes 5 de agosto: la restricción de automotores arrancará a las 5:00 a. m. y terminará a las 8:00 p. m., tal como se implementó en el primer semestre de 2024.

La política cobija a camperos, motocarros y cuatrimotos con base en el último dígito de la placa. Mientras que, para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, aplicará con el primer número.

Para esta vigencia, la rotación se fijó de la siguiente manera: lunes (0 – 2), martes (6 – 9), miércoles (3 – 7), jueves (4 – 8) y viernes (1 – 5). En cuanto a los taxis, se hará de manera quincenal con la misma secuencia que trae desde el 2016.

Hasta el 9 de agosto, el pico y placa será pedagógico. Es decir, los conductores no tendrán que asumir una multa. Desde el lunes 12 de agosto, sí correrán el riesgo de tener una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización.

Los ciudadanos deben saber que también hay una serie de vías donde no se aplicará la restricción a la movilidad, cuyo objetivo es mejorar el tránsito de las personas que han uso de las conexiones regionales y nacionales, así:

En el sistema vial del río (autopista sur, avenida regional y avenida paralela), avenida Las Palmas, avenida 33 (desde el río hasta su conexión con Las Palmas), calle 10 (desde el río hasta la terminal del Sur y su conexión con el aeropuerto local).

La suspensión también estará en los laterales de la quebrada Iguaná (entre las carreras 63 y 80), la calzada norte (sentido oriente – occidente) del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer su retorno hacia el sur.

La liberación se logró en medio de una operación que adelantaron los soldados en la zona rural del municipio de Riosucio, una zona donde hace fuerte presencia la subestructura Pablo José Montalvo de las AGC.

“La menor se encontraba en un estado de vulnerabilidad y riesgo, por lo que las tropas actuaron de acuerdo con los protocolos para ser entregada a la Policía de Infancia y Adolescencia”, dijo la institución en un comunicado.

La residencia donde se encontraba la niña era usada como un depósito ilegal de explosivos. Allí descubrieron dos cilindros y uno de ellos estaba instalado debajo del inmueble, listo para ser convertido en una poderosa arma letal.

Los uniformados también tomaron posesión de 34 minas antipersona que tendrían como objetivo atentar contra de la población civil y la fuerza pública, configurándose como una infracción al derecho internacional humanitario.

Junto a la menor edad, se presentaron voluntariamente cuatro sujetos, quienes se presentaron como integrantes de esta subestructura que aterroriza a los habitantes del Chocó en su deseo de expansión y control territorial.

“Al ver la presencia de las Fuerzas Militares, expresaron su deseo de someterse a la justicia y formar parte del programa del grupo de atención humanitaria al desmovilizado”, dijo el general Wilson Londoño Martínez.

Esta región del país vive momentos críticos de seguridad. Allí hay una confrontación permanente entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Mientras los primeros tratan de impulsar sus economías ilícitas y adueñarse de las rutas del narcotráfico, los segundos se aferran al poder que tienen y los enfrentan a sangre y fuego.

Las autoridades han denunciado en la zona secuestros extorsivos, reclutamiento de menores de edad, homicidios selectivos, desplazamientos masivos y confinamientos.

La advertencia de las Fuerzas Militares es que continuarán con su presencia para hacerle contrapeso a todas las amenazas y alteraciones del orden público de estos actores armados.

“Las Fuerzas Militares reafirman su compromiso con la seguridad de todos los colombianos, continuando con el despliegue de tropas para afectar contundentemente a los grupos armados organizados que quieren desestabilizar el desarrollo de la nación”, reportó la institución.

Según la Dirección de Investigación Criminal, Dijin, se “logró en la ciudad de Cúcuta y en el municipio de los Patios, Norte de Santander, materializar dos diligencias de allanamiento y registro y la captura de dos mujeres por orden judicial, quienes deberán responder por tres delitos, entre estos, utilización de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, pornografía infantil con menores de 18 años de edad y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años”.

La investigación de la Policía reveló que la mamá de la menor, una ciudadana venezolana, en complicidad con su amiga, una joven colombiana, grababan los videos con contenido sexual y recibía el pago de los extranjeros que los obtenían.

“Quinientas horas de análisis de información permitieron establecer que las cibercriminales se beneficiaban económicamente por la venta de estos contenidos”, dijo la Dijin.

Agregó la Policía que: “en el marco de la operación “Depredadoras Online”, investigadores del Centro Cibernético Policial de la Dijín, conocieron una denuncia mediante el servicio 24/7 del CAI virtual, en la cual un ciudadano remite fotografías y cuentas para el pago al acceso de servicios sexuales online con niños, niñas y adolescentes”

Así mismo indicó la Dijin que: “es así, que mediante un análisis exhaustivo de información se identificaron dos mujeres, una de nacionalidad colombiana y otra venezolana quienes mediante una plataforma de mensajería instantánea, ofrecían el material de abuso sexual infantil a ciudadanos extranjeros de Italia, Francia y Estados Unidos, a cambio de dádivas en el momento que estos ciudadanos accedían al servicio criminal a través de videollamadas”.

El director de la Dijin, el coronel Edwin Urrego, indicó que: “se tiene conocimiento que este material era consumido por ciudadanos italianos, franceses y norteamericanos, fue por ello que dimos aviso a las autoridades europeas y norteamericanas para que continúen con las investigaciones y logren la captura de estos pedófilos. Estas mujeres han sido puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de pornografía infantil con menor de 18 años”.

Añadieron las autoridades que: “labores de policía judicial adelantadas también permitieron identificar dos perfiles de una red social por los cuales se ubica a la víctima y a las cibercriminales, las características morfológicas obtenidas indicarían que la menor de edad estaría siendo abusada por su madre”.

“Ante este hecho, la menor de edad fue rescatada de estos tentáculos criminales y de igual forma, se logró el restablecimiento de sus derechos en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, agregó la Policía.

Así lo reveló un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción en medio de la imputación de cargos contra Claudia Marcela Castaño Morales, una de las principales integrantes del grupo delictivo organizado por el congresista liberal.

Castaño Morales, quien deberá responder ahora por el delito de peculado por apropiación, puesto que fue pieza fundamental en la administración de los recursos de una empresa beneficiada de contratación direccionada en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, fortín político del entonces congresista.

Los hechos, materia de investigación, y que se añaden al expediente contra Castaño Morales, tiene relación con la apropiación de recursos “en favor del fallecido senador Castaño Pérez”. Este dinero, según señaló la Fiscalía General en la imputación de cargos, hacía parte de un bloque de “recursos púbicos del anticipo, que fue desembolsado para la ejecución del Contrato de obra No. 9677-PPAL001-292-2021 celebrado entre la UNGRD y un Consorcio por valor de $16.424.941.694″.

Tras la pregunta del juez de control de garantías de Bogotá, la procesada aceptó su participación en estos hechos de corrupción.

La hoy imputada Castaño Morales, al parecer, cumplió un rol de administradora de recursos de una empresa beneficiada de contratación direccionada en los departamentos de #Caldas, #Risaralda y #Quindío. pic.twitter.com/a1xm491VuW

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 4, 2024

En la imputación hecha en marzo de 2023 por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía se reveló que la organización de ‘Las Marionetas’, conformada y gestionada por Mario Castaño, realizó una feria de celebración de contratos.

Uno de los más destacables tuvo que ver con la firma de convenios en el Aguardiente de Chocó por un valor de 14.492 millones de pesos; obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por 10.000 millones de pesos; la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por 1.250 millones de pesos; la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por 16.424 millones de pesos; y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por 1.000 millones de pesos.

Igualmente, para demostrar su poderío, manejaban las contrataciones en gobernaciones, alcaldías, ministerios y entidades gubernamentales. A todos los interesados les cobraban una parte del salario para entregarles un contrato de prestación de servicios.

De esta forma, se obtuvieron 17 nombramientos de personas recomendadas en entidades estatales, gobernaciones y alcaldías municipales.

Claudia Marcela Castaño Morales ya había aceptado su participación en los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

Como si se tratara de una película de ficción, la organización delincuencial tiene unos códigos secretos con los que hace la transición del dinero desde el ‘mercado negro’ hasta el ‘mercado nacional’. Esto se ha probado en los negocios que tienen los herederos de alias Otoniel con un grupo de empresarios asiáticos.

Una vez los productos ilícitos tocan suelo internacional y se cumple el pacto entre ambas partes, el pago se devuelve al país en mercancías que transportan en contenedores. Por lo general, en electrodomésticos, juguetes y ropa que se comercializan masivamente en las grandes plazas de Bogotá y Medellín.

Según los hallazgos de la Policía, la persona que tiene a cargo la distribución de estos materiales tiene un código oculto que debe coincidir con el del receptor. “Puede ser hasta la mitad de un billete que, al encontrarse los dos, tiene que formarse por completo”, dijo uno de los nueve investigadores entrevistados para este informe.

Se trataría de una serie de rompecabezas que les da la certeza de ir por el camino correcto. Aunque todo es una secuencia: desde que la embarcación zarpa de Asia con destino a Colombia, pasando por los controles de la fuerza pública, cuando llega a las manos de los puertos y arranca su movilización.

Vale la pena aclarar que este no es el único movimiento que tienen identificado las autoridades. El Clan del Golfo también recibe dinero en efectivo y material de guerra por los servicios que le presta al mundo. Ellos tienen alianzas con organizaciones delincuenciales de alta peligrosidad de América, Europa y Asia.

Otra de las líneas de estudio pone en evidencia que este grupo tiene sus ganancias en cuentas bancarias y monedas digitales en Colombia y paraísos fiscales. Para que el volumen de la fortuna pase desapercibido, se infiltran en prósperos negocios y buscan a personas adineradas que puedan justificar los millones. Una mafia.

El lavado de activos siempre ha existido en Colombia y, cada vez más, reta la capacidad del Estado para detectarlo. Los uniformados tienen el escenario claro: “El testaferrato ha evolucionado en la manera en la que se ha transformado la economía”, agregó un integrante del Ejército que les sigue la pista.

Hoy no se tiene claro de cuánto es la fortuna del Clan del Golfo, pero sí se tiene la certeza de que es la más poderosa si se compara con los otros grupos ilegales que aterrorizan al país. El oro es la que más ganancias les está dejando y cada vez más se llenan los bolsillos de millones, mientras piden pista al Gobierno para lograr la paz.

El llamado de atención se hizo en el marco del anuncio de una evaluación preliminar contra funcionarios por determinar por omitir plenamente el cumplimiento de la directiva 01 del 4 de marzo de 2022 que fija medidas para la protección integral de niños, niñas y adolescentes con el objeto de prevenir y combatir cualquier tipo de violencia sexual en los entornos escolares.

El organismo de control disciplinario busca esclarecer la forma en que las instituciones han brindado atención preventiva ante estos posibles casos; por lo que, también conocer los hechos que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de las pruebas necesarias para conocer las acciones llevadas a cabo.

Recientemente, la Corte Constitucional hizo un fuerte pronunciamiento a las directivas del Colegio Oxford, en Bogotá, por no aplicar los protocolos para evitar la discriminación a una estudiante que quería modificar su identidad sexo.

Por las decisiones que tomaron las directivas, y que estuvieron enmarcadas en un total desconocimiento de los derechos fundamentales, la joven estudiante intentó atentar contra su integridad física.

Esto debido a que las directivas dieron órdenes explícitas para que los profesores y estudiantes desconocieran la nueva identidad de la joven y se refieran con su nombre masculino y no con el femenino que la estudiante quería.

La rectora rechazó su identidad y hasta utilizaba su nombre de hombre para llamarle la atención por la forma en que se vestía. Con esa situación, la mamá de Catalina informó que “había sido diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo. Esta información no fue acogida de forma positiva por la rectora y por el coordinador del colegio, quienes cuestionaban la veracidad de tal diagnóstico”.

Debido a la gravedad de los hechos, la Corte Constitucional le ordenó al Colegio Oxford en un plazo de dos meses “implementar el “Protocolo de Atención para Situaciones de Hostigamiento, y Discriminación por Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas”, adoptado por la Secretaría de Educación Distrital, para la identificación de señales e indicios de discriminación en razón a la orientación sexual, identidades y expresiones de género diversas, y las rutas de atención interinstitucionales para su prevención y sanción”.

Igualmente, el alto tribunal le ordenó a la Secretaria de Educación de Bogotá hacer seguimiento y vigilancia a las instituciones educativas públicas y privadas, sobre la implementación de los protocolos y rutas de atención sobre situaciones de discriminación y hostigamiento.

No es la primera vez que el alto tribunal tiene que hacer este tipo de pronunciamientos a las instituciones educativas, recordando la forma en cómo deben atender este tipo de situaciones, siempre realizando un acompañamiento profesional a los estudiantes.

Para esto, se deben contar con psicólogos y servicio social capacitado.

Esto, al considerarse que nunca se pudo justificar la emisión del millonario giro, el cual fue firmado por Sneyder Pinilla, en su momento subdirector de riesgos de la UNGRD y actualmente uno de los principales testigos por el desfalco a la entidad.

Este giro, hacía parte de la celebración de millonarios contratos que tenía la UNGRD con el municipio santandereano, el cual se había visto beneficiado gracias a la cercanía y amistad que tenían sus dirigentes políticos con la cúpula de la entidad y con Carlos Ramón González, quien hace dos semanas renunció al cargo de director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Girón, según reveló el medio digital Metropolitano de Bucaramanga, obtuvo tres contratos por 350 mil millones de pesos para la ejecución de tres obras públicas para mitigar el riesgo en el municipio por las fuertes lluvias y un eventual desbordamiento del río de Oro.

Como si fuera poco, estos contratos habrían terminado en manos de empresas que tienen varias conexiones con Emilio Tapia y el llamado grupo Nule, dos de los principales protagonistas del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.

En la investigación periodística se señala que para dos contratos, avalados en 233 mil millones de pesos, se aprovechó el decreto de calamidad pública que se firmó para Girón por parte del Comité Municipal de Gestión de Riesgo el 13 de septiembre de 2023.

Por orden del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, se le dio celeridad al proceso de cotización y licitación. En este punto, y en tiempo récord, aparecieron varias empresas interesadas para el contrato con sus respectivas protestas.

Tan solo pocos días después, la UNGRD descartó varias de las propuestas y señaló que solamente un oferente cumplía con los requisitos exigidos: la unión temporal Conexión Carrizal.

Los integrantes de la firma Ingeniería Universal Aplicada S.A.S., una de las empresas que hacían parte de la unión temporal, según reveló el medio Metropolitano, tienen una relación directa con Emilio Tapia –quien actualmente se encuentra en la cárcel por el caso de Centros Poblados- y el Grupo Nule.

“Los cuestionados contratistas han recurrido en una frecuente, pero eficaz estrategia: la tercerización empresarial”, señala la investigación periodística. De esta forma, según se encontró en la investigación, los condenados contratistas “camuflan sus empresas con otras firmas, socios o amigos cercanos, lo cual les permite evadir el foco de las autoridades y la opinión pública, y así, lograr quedarse con jugosos contratos”.

Tapia ya había utilizado esta estrategia en 2019 cuando, con la unión temporal Centros Poblados, se quedó con el billonario contrato que tenía como objetivo llevar conexión de internet a escuelas de los municipios más recónditos del país.

La #UNGRD recuperó 💰 $180 mil millones que habían sido asignados, de manera irregular, al municipio de #Girón, #Santander.#Transparencia https://t.co/jrlz1eSKMq

— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) July 9, 2024

En la celebración de este contrato, el MinTIC les otorgó un anticipo de 70 mil millones de pesos para la compra de equipos. Sin embargo, Tapia junto a sus socios utilizó este dinero para gastos personales, el pago de deudas y, como si fuera poco, la compra de obras de arte para su oficina y apartamentos.

En la conformación de esta empresa aparecen los nombres de varios contratistas cartageneros que, en un pasado no muy lejano, tuvieron nexos con los emporios empresariales tanto de los Nule como de Tapia.

“Antes de pasar a manos de los hermanos Castillo Baute, Obras Maquinarias y Equipos Tres A tuvo como socio a Juan Carlos Aldana, primo de Emilio Tapia”, señala la investigación. Otro de los socios de esta empresa también apareció en el consorcio de Centros Poblados.

La hipótesis central es que Jefferson Torres Moreno llegó hasta un taller mecánico del barrio Guayabal y robó el cabezote de un camión. Estando a bordo de él, emprendió la fuga por las calles del sur de la capital de Antioquia.

En medio de la persecución, perdió el control del automotor y lo descargó sobre los automotores que circulaban por la carrera 52. Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento: el vehículo se fue con toda sobre 14 carros y dos motos.

Según el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, cuatro ciudadanos resultaron heridos y dos más fallecieron, identificados como Santiago Herrera Restrepo y Daniela Suárez Sánchez.

El sospechoso de este incidente fue detenido en el mismo lugar por las patrullas de vigilancia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Se le acusa de homicidio culposo en concurso con hurto calificado, más lesiones personales.

En medio de las investigaciones, se conoció que el verdadero dueño del camión lo llevó hasta el taller con el propósito de realizarle un mantenimiento. En confusos hechos, Torres Moreno se apropió de él y aconteció lo conocido.

En el expediente judicial, conocido por SEMANA, se reseñó la siguiente declaración: “Llega otra persona desconocida y se hurta el tractocamión. Al parecer, estaba en estado de embriaguez y efectos de estupefacientes”. Esto es investigado.

Supuestamente, el detenido aprovechó el instante en el que el conductor se descendió del camión para registrar el ingreso al taller. Estando prendido el motor, él tomó el volante y comenzó su recorrido hasta que chocó.

La Secretaría de Movilidad se mostró dispuesta a apoyar a los afectados en el proceso legal: “Las familias de las personas fallecidas serán acompañadas por el centro de atención de víctimas de la Secretaría de Movilidad para brindarles acompañamiento psicológico y jurídico en esta situación”, afirmó el encargado de esa dependencia, Mateo González.

Según las estadísticas de la Alcaldía de Medellín, en lo que va corrido de 2024, 168 personas han fallecido en las calles producto de siniestros viales, 133 eran hombres y 35 mujeres. En su mayoría, las víctimas se movilizaban en motos (55 %) o eran peatones (36 %).

Otros oficiales, por el contrario, que tienen manejo de tropa, aseguraron a SEMANA que tras el vencimiento del cese al fuego hay que acatar lo que dice la ley y es actuar en contra de la guerrilla con todas las capacidades militares porque de lo contrario se estaría omitiendo lo que demanda la Constitución, y es combatir a los grupos criminales.

La posible renovación del cese al fuego con el ELN ha estado lleno de polémicas por la condición que impuso esa guerrilla al Gobierno al manifestarle que accedía a pactar una nueva tregua solamente si eran sacados de la lista de grupos armados organizados, que según expertos en conflicto armado, esto generaría que la fuerza pública tendría que relajar aún más su estrategia para combatirlos.

A través de un comunicado el ELN indicó que, “aprovechando que su delegación de diálogos ha manifestado que ‘existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde’, entonces haga efectivo [el] decreto presidencial retirando al ELN de la lista de los GAOr”.

Agregó el grupo guerrillero que: “el Gobierno dice que en el ELN no tenemos voluntad de paz y que solo pretendemos fortalecernos militarmente. En la realidad, los incumplimientos del Gobierno sí han afectado la seguridad e integridad de nuestra fuerza y territorios. La alianza de las Fuerzas Militares y de Policía del Estado con los paramilitares y todo tipo de bandas venidas de las ex-Farc ha sido el camino más expedito para incumplir y violar el cese el fuego pactado y mejorar sus posiciones en el territorio, a la vez que extiende el control de los grupos paramilitares y bandas afines con su proyecto de control con base en la minería extractivista”.

Tras el polémico condicionamiento, José Félix Lafaurie, quien representa al gobierno en la mesa de negociaciones, le pidió al presidente Gustavo Petro que congele las negociaciones con el grupo guerrillero y que no acceda a su pretensión y dijo que se trata de una petición extorsiva.

“Absolutamente inadmisible pretender a última hora que el Gobierno le dé un estatus de legitimidad a un grupo calificado como terrorista. No solamente es violar la Ley 1908 de 2018, sino incumplir otra ley del año 94 que aprueba el protocolo adicional a los convenios de Ginebra”, indicó Lafaurie.

Agregó el jefe del equipo de gobierno en la mesa de negociaciones que: “en consecuencia, me parece que lo que están pidiendo a última hora, casi que de una manera extorsiva, no tiene sentido. No creo que el Gobierno pueda acceder a eso, entre otras cosas, porque tendría que modificar una Ley de la República y no dependerá de la voluntad que pueda o no tener en este caso, sino el cumplimiento de una norma de carácter superior”.

La política cobija a camperos, motocarros y cuatrimotos con base en el último dígito de la placa. Mientras que, para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, aplicará con el primer número.

Para esta vigencia, la rotación se fijó de la siguiente manera: lunes (0 – 2), martes (6 – 9), miércoles (3 – 7), jueves (4 – 8) y viernes (1 – 5). En cuanto a los taxis, se hará de manera quincenal con la misma secuencia que trae desde el 2016.

Hasta el 9 de agosto, el pico y placa será pedagógico. Es decir, los conductores no tendrán que asumir una multa. Desde el lunes 12 de agosto, sí correrán el riesgo de tener una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización.

Los ciudadanos deben saber que también hay una serie de vías donde no se aplicará la restricción a la movilidad, cuyo objetivo es mejorar el tránsito de las personas que han uso de las conexiones regionales y nacionales, así:

En el sistema vial del río (autopista sur, avenida regional y avenida paralela), avenida Las Palmas, avenida 33 (desde el río hasta su conexión con Las Palmas), calle 10 (desde el río hasta la terminal del Sur y su conexión con el aeropuerto local).

La suspensión también estará en los laterales de la quebrada Iguaná (entre las carreras 63 y 80), la calzada norte (sentido oriente – occidente) del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer su retorno hacia el sur.

Finalmente, algunos automotores estarán exentos del pico y placa: los carros eléctricos, híbridos y a gas natural. Los que cuenten con licencia actualizada no tendrán que solicitar de nuevo autorización escrita para recibir el beneficio.

Para adoptar todo esto, tal y como se hizo en el primer semestre, se construyó un método técnico y estadístico en el que no se repiten los dígitos y se tienen en cuenta los días de restricción por placa de los últimos dos años.

“Continuar con la rotación de carácter técnico que se estableció en el primer semestre de 2024, la cual contempla una serie de criterios, el primero de ellos es que el número del último semestre no repite día. Segundo, hacer una rotación basada en proporcionalidad para que genere equidad, revisando los últimos cuatro semestres del año. Tercero, en caso de que pudiese haber un empate por parte de los números, se hace una rotación en el orden numérico ascendente”, expresó el secretario de Movilidad, Mateo González Benítez.

Precisamente, SEMANA conoció los secretos de la organización a través de los cuales se está financiando y entre los cuales se encuentra la comercialización de electrodomésticos, juguetes y ropa manchada con el sello del narcotráfico, además de los delitos de trata de personas y minería ilegal.

“Muchas organizaciones soñarían con tener la poderosa estructura de las AGC”, reconoció uno de los nueve investigadores judiciales consultados por este medio, al hacer mención sobre la fortuna, la cual sería superior a cualquier grupo ilegal en el país.

¿De dónde ha salido esta fortuna? Es claro que, según las investigaciones, el grupo armado funciona como una especie de multinacional que expande su franquicia desde el Urabá antioqueño a muchos rincones del mundo e intoxicando las calles con drogas, arrancando el oro de las montañas, aprovechando del drama de los migrantes y cobrando extorsiones.

Ahora también quieren reclutar a millonarios empresarios, para darles apariencia de legalidad a sus finanzas. “Lo que buscan es la fórmula para legalizar todas las ganancias que tienen y pasar desapercibidos ante las autoridades”, afirmó otro de los uniformados consultados.

Una vez el Clan del Golfo cumple con sus tareas, recibe el pago de múltiples maneras: dinero en efectivo, armamento, transferencias bancarias y activos digitales, como criptomonedas. De esto, una cantidad considerable llega a Colombia, pero otra permanece en paraísos fiscales.

“Ellos están rastreando a personas con una capacidad económica importante que, al inyectarles lo ilícito, no llamen la atención de nosotros”, señaló un detective de investigación criminal. Los candidatos a testaferros son buscados en exclusivas fiestas de Bogotá y Medellín.

“Buscan a familiares, amantes y socios para lavar los activos”, comentó otro oficial del Ejército. La orden, según las investigaciones, es que inviertan en empresas de papel, sean accionistas de compañías de transporte, sumen billetes a proyectos inmobiliarios y negocien con el oro para justificar la riqueza.

Una de las alertas que se han encendido entre las autoridades es una campaña para infiltrar negocios legales, a través de los cuales rastrean a personas con una capacidad económica importante que, al inyectarles lo ilícito, no llamen la atención.

Según explicó un detective de investigación criminal, los candidatos a testaferros son buscados en exclusivas fiestas de Bogotá y Medellín.

El hallazgo más reciente de Agamenón, la operación policial que busca desmantelar al Clan del Golfo, es que los delincuentes están aceptando los pagos a través de mercancías que llegan de países asiáticos. Es decir, se están comercializando electrodomésticos, juguetes y ropa manchada con el narcotráfico, trata de personas y minería ilegal.

Uno de los uniformados explicó que, de manera milimétrica y tratando de buscar la legalización, los articuladores envían toneladas de productos a Colombia para las arcas del grupo delincuencial. Como si se tratara de una película de ficción, el repartidor porta un código oculto que debe coincidir con el del receptor. “Puede ser hasta la mitad de un billete”, dijo.

A Robayo Ortiz y Restrepo Ramírez se les ve caminando tomados del brazo, situación que ha despertado las alertas en el ministerio, en medio de las dificultades que enfrenta por una huelga de sus trabajadores y la reciente renuncia del viceministro Edwin Palma.

La nuera de la ministra es una joven líder de la Unión Patriótica, trabajó varios años en el Tolima como contratista en la Alcaldía y en el Concejo de Ibagué. Hizo campaña por el presidente Gustavo Petro y apoyó a la representante tolimense Martha Alfonso en su candidatura a la Cámara de Representantes.

Luego, Robayo saltó a trabajar para el congresista David Racero, del Pacto Histórico, durante su presidencia en la Cámara de Representantes. Por poco más de cuatro meses recibió 20 millones de pesos, que equivalen a cerca de 5 millones de pesos mensuales. En la presidencia de la Cámara se le renovó el contrato, esta vez por 33 millones de pesos con una duración de cinco meses.

Apenas este último terminó, el 17 de julio de 2023 firmó un contrato con el Ministerio del Trabajo por cerca de 30 millones de pesos con el fin de que por cinco meses prestara servicios profesionales al despacho de la ministra Gloria Inés Ramírez. “Para desarrollar actividades relacionadas con el trámite y monitoreo legislativo de iniciativas presentadas al Congreso de la República por el Ministerio del Trabajo”, se lee en el objeto del contrato, que implicaba un sueldo mensual cercano a los 6 millones de pesos.

Pero Robayo comenzó a ganar mejor desde febrero de 2024 cuando suscribió un contrato por diez meses para “prestar servicios profesionales brindando acompañamiento al desarrollo de actividades tendientes a mejorar los procesos de archivo sindical en el marco de la modernización de la inspección, vigilancia y control del trabajo y la seguridad social”. Esta vez recibe 63.250.000 pesos, que equivalen a un sueldo mensual de aproximadamente 6,3 millones de pesos.

En abril de 2024 firmó otro, pero esta vez con el Ministerio de Ciencia, entidad en la que trabaja el hijo de la ministra Gloria Inés Ramírez como jefe jurídico. Simultáneamente, logró un contrato por 66 millones de pesos, con una duración de seis meses y un sueldo mensual de 11 millones de pesos. Robayo fue a trabajar al despacho de la ministra Yesenia Olaya Requene “en la gestión de los asuntos de carácter legislativo, control político y rama ejecutiva que sean competencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

En un territorio en el que nunca ha trabajado, y extrañamente por su necesidad de estar en Bogotá para cumplir con sus obligaciones en los ministerios del Trabajo y Ciencia, la joven politóloga de la Universidad del Tolima suscribió un contrato con la Alcaldía de Albania, La Guajira: “Servicios profesionales de apoyo a la Secretaría de Planeación en los trámites técnicos relacionados con la formulación del Plan de Desarrollo (2024-2027) del municipio de Albania, La Guajira”. El contrato, firmado el 17 de mayo de 2024 y finalizado el pasado 17 de junio, fue por 40 millones de pesos.

SEMANA intentó comunicarse con Luisa Robayo, quien contestó una de las llamadas de este medio, pero al escuchar el motivo de la consulta, colgó de forma inesperada.

Se le preguntó a través de WhatsApp, pero la funcionaria del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Ciencia no quiso pronunciarse sobre el tema.

Igualmente, se consultó a la ministra Gloria Inés Ramírez, así como a Álvaro Restrepo, hermano de Diego Alejandro, sobre la situación en la cartera, pero ninguno respondió a las llamadas telefónicas de SEMANA.

Las autoridades tienen la plena certeza de que el autor de este crimen fue el hijo del oficial del Ejército, quien actualmente se encuentra con medida de aseguramiento especial por ser menor de edad. Los informes se recolectan de los primeros agentes que llegaron a la escena del crimen y que recopilaron las evidencias.

En uno de los apartes del informe de Policía Judicial, que demuestra la sevicia del autor del crimen, se narra lo que se encontraron cuando llegaron a la vivienda tras el angustioso llamado de la madre y esposa de las víctimas.

El adolescente, quien ya había intentado atacarla, se encontraba inmóvil, dispuesto para ser capturado. No pronunció palabra, ni dio señal alguna de arrepentimiento; sus manos estaban limpias, pese a que el cuarto de su papá y su hermana estaba bañado en sangre.

En la escena, los investigadores encontraron cuatro cuchillos. El informe advierte que hubo una discusión previa entre el menor y sus padres, sin atreverse a asegurar que ese fue el detonante del ataque. Sin embargo, las declaraciones de los vecinos y del personal de seguridad en el conjunto residencial fueron suficientes para aprehenderlo y dejarlo a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia.

En audiencias preliminares, el adolescente aceptó su responsabilidad, reconoció ser el autor del doble homicidio en su propia casa y contra su propia familia. No dijo nada más, ni le tembló la voz para admitir el crimen, simplemente le preguntaron y él respondió. “Con absoluta frialdad y convencido de su aceptación, lo dijo en dos palabras y nuevamente quedó en silencio”, señalaron fuentes del proceso.

Sin embargo, hay un gran vacío en la investigación y se recolectan las pruebas para armas el rompecabezas. En el informe se anticipa que el proceso continúa y los hallazgos en la escena del crimen son dudas por resolver, seguramente con los análisis forenses posteriores. Pero resulta difícil creer que el hijo del mayor actuó solo o que el plan desde el inicio fue lanzarse con sevicia contra su familia.

Los investigadores recuperaron rastros de sangre en la casa que fueron enviados a Medicina Legal con los análisis biológicos a los cuerpos de las víctimas y que permitirán establecer si hubo sustancias alucinógenas o médicas que dejaron en estado de vulnerabilidad al oficial y a su hija, o que habrían facilitado el asesinato y la ausencia de respuesta del mayor, un hombre grande, de contextura gruesa y con más fuerza que su hijo, el homicida.

El cuerpo del mayor estaba en el suelo, de lado, y con el centenar de heridas repartidas por las extremidades, el pecho y la espalda. La misma escena acompañaba a la niña, pero en el otro cuarto. En las versiones entregadas por los vecinos se advierte que no oyeron gritos antes de la llegada de la madre, lo que abre nuevas dudas sobre las circunstancias en que ocurrió el doble asesinato. ¿Quién murió primero? ¿Cuál fue la primera víctima?

En el memorial, firmado por Janneth Patricia Velásquez Cuervo, procuradora 24 Judicial II de Bogotá, se solicita información precisa sobre el estado actual del expediente contra la influenciadora. En los registros de la Rama Judicial se encuentra que desde el 9 de noviembre de 2021 se hizo el respectivo reparto del caso, teniendo como única novedad que el 13 de enero de 2022 se cambió el magistrado ponente.

Frente a esta situación, la delegada del Ministerio Público busca establecer si se han presentado avances en el estudio del caso.

Epa Colombia fue sentenciada por vandalizar y destruir la estación de TransMilenio de Molinos, en medio de las manifestaciones del paro nacional el 21 de noviembre de 2019.

En esa oportunidad, la influenciadora se grabó destruyendo la caja registradora, la taquilla de la estación y las puertas de vidrio. En la grabación, que generó indignación, Epa Colombia justificaba su actuar.

“Mientras algunos estaban saqueando los negocios que pueden ser de su mamá, de su papá o de algún familiar, yo estaba destruyendo lo que era del Estado; sé que tampoco está bien hecho, pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido”, aseguró la influenciadora en un video con poca edición y en la que además se le veía pintando grafitis en contra del Gobierno.

Por estos hechos, fue sentenciada por el Tribunal Superior por los delitos de perturbación en servicio transporte público, instigación a delinquir con fines terrorismo y daño bien ajeno.

En el fallo de segunda instancia se determinó que por la gravedad de sus conductas y los daños a la comunidad, la creadora de contenido debería pagar su condena en un centro carcelario, por lo que expidió una orden de captura.

Pese a que firmó un preacuerdo, en el que reconocía su responsabilidad, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tuvo en cuenta el hecho de que la influenciadora, de manera injustificada, convocó a sus seguidores, que se cuentan por millones, para que ejecutaran actos vandálicos y destruyeran más estaciones de TransMilenio y fachadas de establecimientos comerciales.

Sin embargo, esta detención y aprehensión quedaron suspendidas hasta que no quede ejecutoriado el fallo. Es decir, hasta que la Corte Suprema de Justicia no tome una decisión de fondo.

Epa Colombia, quien pidió perdón por haber destruido la estación, ya pagó la multa de 400 millones de pesos que le impuso la administración de justicia.

La sentencia contra Epa Colombia generó, en su momento, un fuerte debate debido al monto. Varios analistas compararon su proceso con los fallos que se han emitido por casos enigmáticos como el carrusel de la contratación de Bogotá, Odebrecht, Reficar y Odebrecht.

En la acción judicial, de siete páginas, se citan diversos registros de prensa y publicaciones en redes sociales que señalan que en medio de las protestas que se han registrado en las principales ciudades de Venezuela para que se investigue el fraude electoral, las fuerzas del orden de Venezuela han retenido a representantes de la oposición y manifestantes.

“Por evidencias que se aprecian en redes sociales y en los medios de comunicación, presuntamente, se están perpetrando actos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, político opositor al régimen que regenta el poder actualmente en Venezuela”, señala la denuncia.

En este sentido se reseñan los casos de varios detenidos en medio de las manifestaciones, así como las capturas de dirigentes de grupos opositores. “Las redes sociales también han informado de la comisión de ‘presuntas’ desapariciones, y ‘probablemente’ ejecuciones extrajudiciales de agentes del Estado y de los colectivos encapuchados que ejercen la fuerza al margen de la institucionalidad y de la Ley”.

Debido a toda la evidencia que existe en contra de Maduro por orquestar estas acciones, en la denuncia se le pide al organismo internacional aplicar todas las medidas para investigar al presidente de Venezuela, quien tiene un expediente activo desde 2021.

“Se perpetran ‘presuntamente’, homicidios, lesiones graves a la integridad física y mental de los miembros de ese grupo opositor y de sus familias, encarcelaciones y privaciones graves de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, torturas, desapariciones forzadas, etc.”, agrega el documento.

Calderón España manifiesta claramente que la Corte Penal Internacional cuenta con toda las competencias para investigar a Nicolás Maduro por estas acciones contra la población civil y los grupos políticos de oposición.

Para el denunciante, con las órdenes que se han visto en el trascurso de esta semana, el presidente de Venezuela lo único que busca es destruir a aquellos grupos que le hacen oposición y que convocan las protestas en su contra.

Por estos graves hechos, que atentan contra los derechos fundamentales, el abogado manifiesta la necesidad que se ratifiquen los tratados internacionales para frenar estos “graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”.

Finalmente, se pone de presente que la situación en Venezuela merece una mirada especial, puesto que después de las elecciones del pasado 28 de julio el régimen venezolano tomó acciones que afectan la diplomacia y los tratados internacionales.

Esto, como represalia por los países que reconocieron el triunfo de Edmundo González como Presidente. “Se constata el rompimiento de relaciones internacionales con varios Estados, la expulsión de sus diplomáticos, la persecución permanente y sistemática a la sociedad civil, a la población inerme y a los actores opositores principales de las elecciones como maría Corina Machado y Edmundo González. Pero lo más grave es el balance de las personas muertas durante las protestas”.

Este fin de semana se registraron multitudinarias protestas en Venezuela, varios países de América Latina y Europa en los que se reclama por el fraude electoral que le dio el triunfo a Nicolás Maduro.

Pese a que no ha emitido un comunicado oficial, el deceso del temible criminal también fue confirmado en las últimas horas por la dirección de la prisión La Tramacúa, donde el abusador quindiano estuvo recluido durante los últimos 20 años.

La información que se tiene, hasta el momento, es que Garavito venía presentando diferentes quebrantos de salud desde hace varios meses, producto de un cáncer de ojo que padecía. Asimismo, se conoció que había sido hospitalizado en repetidas oportunidades.

Cabe recordar que en abril pasado se difundieron algunas imágenes del violador desde su lugar de reclusión, donde lucía cada vez más delgado y demacrado debido a la grave enfermedad.

Rafael Poveda, junto a su compañero Kevin Pinzón, lograron conseguir en el año 2020 una entrevista exclusiva con Garavito en el centro penitenciario de Valledupar. Igualmente, el reconocido periodista reveló que fueron cerca de 20 horas hablando con el temido asesino serial.

El presentador aseguró hace unos meses en SEMANA que apenas supo que iba a hablar con ‘La bestia’, sintió que debía hacer un libro con el material que saliera de ese diálogo, que, indicó, fue bastante duro. Las postales solo se revelaron hasta este 2023, puesto que Poveda presentó recientemente de manera oficial los dos libros que salieron de esa entrevista.

“Nunca supimos por qué Garavito accedió a darle esa entrevista a él, y no a los cientos de periodistas que también la buscaron. En enero de 2020, Kevin me llama y me dice: ‘Tenemos a Garavito’. Sentí que ese material podía convertirse en un libro”, manifestó en aquel momento.

En las imágenes, capturadas por el equipo de trabajo Testigo Directo, se puede apreciar la cantidad de peso que perdió Garavito debido a la grave enfermedad que sufría, mientras que su ojo izquierdo estaba prácticamente cerrado.

“Yo entrevisté a un hombre centrado, de ninguna manera enfermo. Es una persona clara, enfocada y coherente. Hablaba con elocuencia, tan normal que a veces se ponía furioso por las preguntas que le hacíamos. Yo le decía que no estábamos allí de relacionistas públicos”, concluyó el periodista.

¿Quién fue ‘La bestia’?

Luis Alfredo Garavito es considerado como uno de los peores asesinos seriales que ha existido en Colombia. ‘La bestia’, como también fue conocido popularmente, fue acusado por la violación, tortura y homicidio de un centenar de niños en todo el país durante los años noventa.

El quindiano fue condenado oficialmente en 2001 a 1853 años y nueve días de prisión después de un extenso juicio. Sin embargo, la pena en contra de este terminó siendo reducida ampliamente por considerarse inviable, quedando al final en 40 años.

“Mi hijo fue violado, asesinado y maltratado. Mi hijo fue encontrado en las afueras de Morelia, junto con más niños, ya los cadáveres. Yo le nombro a ese tipo, el psicópata de Garavito. Ese tipo no merece salir de la cárcel, tiene que pagar su castigo fuerte”, indicó Nelly Cuéllar Méndez, madre de una de las víctimas, hace unos años.